Prevención: el compromiso contra la violencia de género que debería tomar el próximo gobierno

Por Colectivo Jóvenes por la Igualdad de GéneroObservatorio de Género y Equidad

La violencia de género opera como mecanismo de control especialmente en parejas jóvenes, lo cual es un problema tratado escasamente en nuestro país, tanto a nivel investigativo como de las intervenciones dirigidas a su prevención temprana.

Nuestro Colectivo inicia su actividad ciudadana en el año 2010. En aquel entonces, un año sin elecciones, en el cual poco se escuchaba la voz de jóvenes y adolescentes, dimos inicio a nuestro trabajo en temáticas de violencia contra las mujeres y en el pololeo (o todas las relaciones no consideradas por la Ley de Violencia Intrafamiliar, VIF). Nuestro estandarte era (y es) la Convención Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), instrumento que en nuestro país fue ratificado en el año 1994 y con el cual, el Estado chileno mantiene una deuda pendiente.

Esta Convención, en su art. 3 señala que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” Sin embargo, nuestra Ley VIF, promulgada con bombos y platillos en el año 2005, sólo protege a las mujeres en sus relaciones privadas y desde una perspectiva familio-centrista.

Según la VI Encuesta Nacional del INJUV, las y los jóvenes corresponden al 25% de la población, y además es la población más permeable a los cambios culturales destinados a superar las barreras de profundas inequidades entre mujeres y hombres heredadas de generaciones pasadas.

Sin embargo, la violencia de género opera como mecanismo de control especialmente en parejas jóvenes, lo cual es un problema tratado escasamente en nuestro país, tanto a nivel investigativo como de las intervenciones dirigidas a su prevención temprana. Ya que las leyes de Violencia Intrafamiliar y de Femicidio abordan la violencia en el mundo privado —cónyuges, convivientes o parejas con hijos en común—, ambas excluyen la violencia en relaciones amorosas “no estables” como el pololeo/noviazgo, “andantes” y “amigos con ventajas”, dejando en la desprotección a las y los jóvenes que viven estas relaciones.

Por lo tanto, nuestras propuestas se enfocan principalmente en la atención a l@s jóvenes protagonistas de este problema, en el cual la prevención toma un rol fundamental.

Desde nuestra perspectiva, una política pública orientada a la prevención —un Plan Nacional Intersectorial de Prevención de la Violencia basada en el género—, debería incluir, como mínimo:

Un Plan de Acción en Medios de Comunicación, el cual debe considerar campañas permanentes de bien público en alianza con organizaciones de la sociedad civil y agencias de publicidad; creación de un “Premio País” en publicidad no sexista; capacitar a periodistas y editores de medios; incorporar en guiones de teleseries el abordaje de la violencia en relaciones sentimentales en parejas jóvenes y el rol de l@s terceros y nuevos modelos de ser hombres y mujeres; incluir en el diseño de campañas nacionales a jóvenes de distintos sectores;

Provisión de servicios, tanto para las jóvenes víctimas de violencia como para quienes la ejercen, pues l@s jóvenes no se sienten convocad@s por los lugares institucionalmente establecidos. Actualmente existen centros de atención y ayuda para mujeres víctimas de violencia, pero estos no están enfocados ni preparados para la atención y contención de las jóvenes que vivan situaciones de violencia en sus relaciones no formales; y

Es de primordial importancia generar estudios y registros estadísticos que aborden este problema, para con esos datos generar políticas públicas que aborden ésta problemática.

Por cierto, este “Plan mínimo” debiera ser una base para la realización de políticas de intervención más profundas, en el marco del reconocimiento legal de la violencia de género —pública o privada— como un atentado contra los derechos más básicos de las personas.

Estos derechos que como jóvenes buscamos reivindicar, forman parte del reconocimiento, garantía y protección de derechos individuales y colectivos que la sociedad civil ha salido a exigir y que quienes pretendan dirigir el país tendrían que considerar en sus programas de Gobierno.

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