Presentan campaña por la despenalización del aborto terapéutico

ONGs por el derecho a decidir

La plataforma de ONGs ACCION y La Morada, con la adhesión de 9 organizaciones de mujeres y/o que trabajan por los derechos sexuales de las mujeres, presentaron hoy  la campaña “Tengo derecho a decidir” que busca sensibilizar y apoyar la despenalización del aborto terapéutico. La iniciativa forma parte de la campaña Ciudadanía Bicentenario, que llevó adelante ACCION durante 2010 y que buscó destacar los protagonismos sociales durante el siglo 20 .
La campaña  tiene una convocatoria conjunta entre organizaciones sociales de mujeres y mixtas.  Su formulación se basa en la experiencia del movimiento de las mujeres y conjuga estas demandas con las agendas de la sociedad civil.
Haciendo un uso social de las TICs, la campaña se “viralizara” a través de las redes sociales y se emitirá en  radios y canales de televisión  comunitarios.
Los sopts radiales y de audio están disponibles para descarga  en www.accionag.cl o en
Utilizando el mensaje audiovisual, directo y corto, la campaña apela al espectador a ponerse en el lugar del otro, se presentarán 4 testimonios representados por los actores Mario Horton, Amparo Noguera, Alejandro Goic y Claudia Celedón que referirán una experiencia compleja que puede afrontar una madre o padre debido a la ausencia de una ley de aborto para casos acotados.
La campaña se centrará en tres situaciones que aparecen posibles de ser aprobadas o al menos discutidas en el Congreso: Inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la madre y violación.
Martín Pascual, Presidente de ACCION plantea que esta campaña surge “para sensibilizar a la sociedad y hacer un llamado de atención para que parlamento y el gobierno repongan este derecho conculcado por la dictadura, a las mujeres y familias  chilenas” . Pascual asegura que es esta ha sido una reivindicación histórica de las organizaciones feministas, “sin embargo a través de la campaña buscamos transversalizar el tema y poner por ejemplo a un hombre en el lugar de una mujer, reivindicamos así los de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir”.
Historia
Efectivamente, el aborto terapéutico estuvo vigente en el país desde el año 1931 hasta 1989, cuando fue derogado por el régimen de Pinochet, en directa connivencia con la jerarquía de la iglesia católica. De regreso a la democracia, ningún gobierno se ha comprometido a saldar esta deuda histórica con los derechos humanos de las mujeres.
Contexto de la Campaña “Tengo derecho a decidir”
A partir del testimonio de una periodista afectada por un embarazo con feto inviable, quien se vio imposibilitada de abortar y  el proyecto de reposición del aborto terapéutico en casos acotados presentado por la ex senadora y actual ministra del Trabajo Evelyn Matthei (UDI) y Fulvio Rossi (PS), se ha instalado con fuerza en las últimas semanas un amplio debate sobre la reposición del aborto terapéutico.
A raíz de ello se han presentado dos proyectos de ley sobre aborto terapéutico que se suman a propuestas anteriores; y que avanzan en el sentido de reponer un derecho que fue cercenado por la dictadura militar. El gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, ya ha anunciado que no respaldará ninguna legislación en este sentido.
Cifras y discriminación
Chile es uno de los países con mayores tasas de aborto en la región, anualmente, entre 120.000 y 160.000 mujeres de distintas edades y condición social se realizan abortos clandestinos en el país, la mayoría de ellos insalubres, a manos de personas no capacitadas, corriendo el riesgo de ser denunciadas, encarceladas, maltratadas, e incluso de morir a causa de estos procedimientos riesgosos, o quedar con secuelas irreversibles, como la infertilidad.
Por el contrario, las mujeres con recursos suficientes acceden a abortos seguros, aunque clandestinos, en clínicas con buena calidad de atención, y no son condenadas penal ni socialmente por su decisión, lo que hace visible la existencia de un vergonzoso doble estándar social.
Derechos de la mujer
La penalización total del aborto en Chile constituye un grave problema de salud pública, pero también de derechos humanos y de justicia social, pues son las mujeres pobres quienes se ven gravemente afectadas por esta legislación punitiva, la que constituye una forma explícita de discriminación, inequidad, violencia y tortura que la institucionalidad del Estado impone sobre ellas, con el apoyo activo de entidades como la Iglesia Católica y otras. Esto contraviene el espíritu de diversos tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que lo obligan a cautelar y proteger una serie de derechos humanos de las mujeres. Ante ello, diversos Comités de la ONU han solicitado reiteradamente al Estado chileno reparar esta situación, sin obtener respuestas satisfactorias.
Consecuencias
La ausencia de ley se traduce en que si una mujer corre riesgo de vida y de salud por la gestación, si esta es producto de violación, o si el feto presenta gravísimas malformaciones, se verá impedida de solicitar una interrupción segura y legal del embarazo, y si decide no continuarlo, deberá acudir al mercado ilícito del aborto clandestino.
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