Por ley que criminaliza las protestas sociales: ONGs pedirán a presidenta Bachelet que ejerza su derecho a veto

fuente: ACCION AG

Recolectarán firmas entre la ciudadanía y se reunirán con parlamentarios para lograr que se vete el artículo 4 del proyecto de ley que responsabiliza a los convocantes de actos públicos por los eventuales daños.

9 de agosto de 2009.- La Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, frente a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas, anunció que solicitará a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que ejerza su derecho a veto sobre el Artículo 4º. Para ello, señalaron, iniciarán una recolección pública de firmas de la ciudadanía en respaldo a esta solicitud de aplicar el veto.

El artículo en cuestión señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”. El proyecto, que impone fuertes sanciones a los organizadores y convocantes de manifestaciones o protestas públicas. debe pasar ahora a tercer trámite constitucional en el Senado.

ACCIÓN había denunciado este martes a los parlamentarios concertacionistas que votaron a favor de la misma, a la vez que anunció que demandará a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el contenido de esta ley, y que incluso recurrirá a instancias internacionales ya que consideran que contraviene las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y exigirán pronunciamientos a los candidatos presidenciales.

La Diputada Isabel Allende (PS) señaló haberse equivocado al momento de la votación y afirmó no compartir el artículo aprobado por la Cámara, que responsabiliza a los organizadores de manifestaciones por eventuales desmanes. Afirmó que no “comparte el espíritu” de Artículo 4 del proyecto que modifica algunos aspectos en materia de orden público. Reiteró que “no puede culparse a la organización de cualquier tipo de manifestación por la llegada de elementos externos o encapuchados”.

En opinión de las ONG, la ley aprobada en la Cámara no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público.

Además, estiman que su carácter coercitivo y represivo limita la libertad de reunión y el derecho de todos los ciudadanos a usar los espacios públicos.

ACCIÓN está compuesta por 60 organismos no gubernamentales que trabajan en diversos ámbitos como infancia, medio ambiente, género, y desarrollo entre otros, y que promueven la participación ciudadana en los asuntos públicos.

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