Piden procesamiento de 4 ex empleados de CMPC por secuestro de 19 víctimas de Laja-San Rosendo

agrupacion laja sanEl procesamiento de cuatro civiles en calidad de cómplices o encubridores del delito consumado y reiterado de secuestro y homicidio calificado cometido en la persona de 19 víctimas detenidas y ejecutadas entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, en las comunas de Laja y San Rosendo, solicitó este jueves el abogado querellante, Mauricio Araneda Medina al ministro para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
En el escrito de 22 páginas se detallan los antecedentes que, a juicio de los querellantes, fundamentan la petición en contra de Rodolfo Román Román, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Pedro Jarpa Foerster, quienes a septiembre de 1973 eran empleados de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC planta Laja.

Algunos de los inculpados –se precisa en el documento- ocupaban cargo ejecutivos o gerenciales en dicha empresa, como es el caso de Lionel Aguilera Covarrubias, que era Administrador de la Planta y Carlos Ferrer Gómez, que ocupaba el puesto de Superintendente Administrativo de la misma Planta, es decir, tercera jerarquía de la misma,

Los otros inculpados, si bien se desempeñaban en labores de menor jerarquía en relación a los anteriores, , como el caso de Pedro Jarpa Foerster , que era Jefe de Vigilancia de la Planta y Rodolfo Román Román, que se desempeñaba como chofer o conductor, “ por sus funciones, mantenían un vínculo muy directo con los primeros, es decir, con las jefaturas de la papelera, vínculos que aparecen evidenciados o relevados ante la situación o condiciones en las que se mantenía la Papelera en el contexto del país previo al Golpe Militar del año 1973 y que, alcanzan mayor relevancia o notoriedad con motivo de dicha intervención militar a partir del 11 de septiembre del mismo año”, se relata en la presentación.

Un hecho de gran relevancia que se encuentra acreditado en el proceso es que en el contexto que vivía el país con anterioridad al Golpe de Estado de septiembre de 1973, “con anterioridad a esa fecha, permaneció en dicha planta, una patrulla militar ,procedente del Regimiento de Los Ángeles, y cuya misión habría sido el resguardar sus instalaciones frente a posibles actos de sabotaje o terrorismo que pudieran intentar algunos trabajadores partidarios del régimen de la Unidad Popular, patrulla que habría estado a cargo de un Teniente”.

Asimismo, se encuentra comprobado el vínculo de amistad y cercanía que había entre los civiles Ferrer, Román y Jarpa con carabineros.

En el marco de las declaraciones prestadas por algunos carabineros, también aparecen antecedentes importantes que reafirman estos nexos. Así, Samuel Francisco Vidal Riquelme, carabinero que trabajaba en Laja declara que “Las listas de los detenidos las mantenía el Teniente Fernández Mitchell y, al parecer, era entregada por funcionarios de la Papelera de Laja, CMPC”.

Asimismo, Antonio Bucarey Torres, que el 71 era Jefe de Relaciones Industriales de la Planta Laja señala en su declaración policial: “fui testigo cuando llegó el Teniente de Carabineros de apellido Fernández, en compañía de otros Carabineros, hasta mí oficina, exigiendo el ingreso a la fábrica con el objeto, me imagino, para detener gente; que ante esto y debido a lo grave de la situación, fue que decidí llamar a la Gerencia con el objeto de que me apoyaran en mi negativa del ingreso del personal policial; que cuando comenzaron a salir los trabajadores finalizada la jornada matinal (07.30 a 12.00 hrs.) observé cuando el personal policial antes indicado comienza a seleccionar a la gente, parapetándolos en la muralla, y fue en ese momento que veo al Jefe de los Vigilantes de nombre Pedro Jarpa, corroborar los antecedentes de las personas, mientras eran sacados de la fila, daba la impresión que él entregaba información; que debido a esta situación Jarpa debió salir de la fábrica, ya que fue sabido por todos que él cooperó en sacar la gente de la fábrica por parte de Carabineros, de los cuales alguno de los trabajadores o dirigentes nunca más volvieron; quiero hacer presente que luego de ocurridos estos sucesos en la cual se involucraban detenciones y otros actos, se comentó en la fábrica que Carlos Ferrer había facilitado la movilización para el traslado de los detenidos. Por otra parte, era sabido que Jarpa y Ferrer junto a otros funcionarios, eran simpatizantes de Patria y Libertad…”

En el escrito del abogado Araneda se indica también que es un hecho probado que de las 19 víctimas, “al menos nueve de ellas eran trabajadores dependientes de la misma CMPC y/o de empresas contratistas de ésta y que, en la mayoría de los casos, las detenciones de las mismas se produjeron en circunstancias que terminado el turno laboral hacían abandono de la empresa por su acceso principal, lugar donde se encontraban apostados Carabineros de Laja que, con la colaboración de empleados de CMPC (caso de los inculpados Jarpa Foerster, Ferrer Gómez y Román Román)) procedían a su detención y traslado en vehículos de la misma empresa a la entonces Tenencia de Laja. El hecho de estas detenciones fue de conocimiento público, al menos para quienes laboraban en dicha empresa en ese momento y días. Al mismo tiempo, se puede dar por establecido que, la circunstancia de la ejecución de las víctimas, tampoco pudo ser desconocida para la empresa, especialmente para los inculpados de quienes se pide su procesamiento”.

Luego de exponer otra serie de antecedentes –todos establecidos en el mismo proceso- el abogado concluye que: “Que habida consideración de lo anterior, no podrán soslayarse los antecedentes que permiten presumir fundadamente y conforme a derecho, la participación de los inculpados ya nombrados, pues estos, con conocimiento de la ilicitud del actuar de los efectivos policiales actualmente procesados, desplegaron conductas anteriores, coetáneas o posteriores al delito de secuestro y homicidio de las víctimas, sea porque favorecieron la detención de las mismas, especialmente de aquellos que laboraban en la CMPC , como dependientes de esta o de algunas de sus empresas contratistas, sea porque facilitaron medios a través de los cuales pudo realizarse el designio criminal de los uniformados procesados, incluso, proporcionado medios que habrían de permitir el ocultamiento del cuerpo de las víctimas a través del suministro de cal aplicada a los cadáveres de las mismas”.

escrito por TBB

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