Participación de la juventud en la democracia

Foto: Ana – Flickr bajo licencia CC

Por Gerardo Noto

Celebramos el Día Internacional de la Democracia bajo el lema: «Participación de la juventud en la democracia». De alta relevancia en todo el mundo, en la región de América Latina y el Caribe vemos como la participación de las y los jóvenes constituye un desafío estratégico para nuestros países. Nuestra región sigue siendo predominante joven, con un 26% de su población entre 15 y 29 años[1]. Este importante sector de nuestra ciudadanía enfrenta especiales desafíos para hacer escuchar su voz, para ampliar su participación en las instituciones públicas y para su cabal inclusión en los beneficios del desarrollo humano.

Cuando auscultamos el estado de la democracia hoy, vemos que la ciudadanía latinoamericana presenta niveles positivos de satisfacción con la democracia, así como porcentajes relativamente estables de participación electoral. Esta constatación parece indicar una consolidación extendida de la democracia en términos electorales. Sin embargo, estos elementos positivos conviven con persistentes niveles de desconfianza en las instituciones públicas junto con una alta percepción de injusticia social. La percepción crítica de los ciudadanos se da en el marco de procesos de profundización democrática y expansión de la ciudadanía política.

Una ciudadanía empoderada – y de modo particular los jóvenes- demanda una más justa distribución de los beneficios de un crecimiento que debe ser sustentable e incluyente, acceso a un empleo decente, mejor calidad de los servicios públicos – particularmente educación y salud-, adecuados niveles de seguridad ciudadana, un Estado más transparente y responsable ante sus ciudadanos y una mayor participación política.

En un reciente estudio elaborado por el PNUD, Ciudadanía política: voz y participación ciudadana en América Latina, parte de una serie de análisis sobre la Democracia de Ciudadanía de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe, se constata con preocupación que los jóvenes manifiestan una creciente desafección con las vías formalizadas de participación. Como puede comprobarse en la gráfica, en la totalidad de los países de la región, los jóvenes consultados muestran una propensión negativa a votar.

Los jóvenes expresan mayores niveles de anomia y desconfianza hacia las instituciones políticas. Según un Informe de Desarrollo Humano sobre Juventud del PNUD,  los jóvenes perciben pocas oportunidades de participación, siendo quienes ocupan los estratos económicos más bajos los que perciben una menor posibilidad de participar en la toma de decisiones.

Estos resultados negativos estarían mostrando el descontento de este sector de la población respecto de las elecciones como mecanismo para generar agencia política. Los jóvenes parecen ser los más desconfiados de las instituciones políticas.  Para la población joven es mucho más factible percibir como el funcionamiento de ciertas instituciones públicas no dan respuesta adecuada a las demandas de la ciudadanía, ya que viven una realidad que se ha vuelto mucho más dinámica gracias a la prosperidad tecnológica en el seno de la cual crecieron y que manejan a la perfección –“tecnosociabilidad-“, generándose también una mayor distancia en términos de códigos y valores respecto del resto de la comunidad.

Por otra parte, los jóvenes tampoco son un grupo homogéneo: las desigualdades sociales –de ingreso, nivel educativo, genero, étnico-culturales, urbano-rural-,  impregna a este sector de la sociedad planteando desafíos adicionales para su participación e inclusión. Se sabe también que no es que los jóvenes no participen sino que lo hacen de manera distinta, con un rol protagónico en las manifestaciones y protestas ciudadanas como a través de las redes sociales y otras vías como organizaciones sociales y el voluntariado. Esa complejidad demanda que las democracias que busquen ser inclusivas deben poder estar atentas a esos modos alternativos de dar voz, reconociéndolos y legitimándolos.

Esta desafección se relaciona también con que los jóvenes encuentran dificultades en participar efectivamente en los partidos políticos y en ampliar sus niveles de representación. Cuando se analiza la participación de los jóvenes en las instituciones legislativas, se detecta que menos del 2% de los parlamentarios en América Latina y el Caribe son menores de 30 años, mientras solo un 15% tienen menos de 40 años, de los cuales solo un tercio son mujeres.

Si bien se han producido avances en los últimos años –aunque muy heterogéneamente distribuidos entre los distintos países- se verifican persistentes niveles de subrepresentacion en función del género, la edad y la identificación étnica. Por ello, se imponen nuevas acciones positivas –a nivel nacional y subnacional- para impulsar el acceso y fortalecer la representación de estos sectores en las instituciones públicas.

Para contrarrestar la desafección de las capas jóvenes en los procesos electorales y canalizar su participación en las acciones colectivas directas, se requieren políticas activas de generación de agencia política de las juventudes y de su articulación con mecanismos participativos en las instituciones públicas.

Se reafirma entonces la necesidad de fortalecer sistemas de gobernabilidad democrática participativa e incluyente que respondan mejor a las demandas ciudadanas, especialmente de quienes encuentran mayores dificultades para hacer escuchar su voz y alcanzar una representación adecuada en las instituciones de la democracia. Hoy llamamos la atención de modo particular sobre los jóvenes, subrayando que se debe dar respuesta también a su diversidad de género y étnica –pueblos indígenas y afrodescendientes-, como también a quienes encuentran mayores dificultades por carencias económicas o educativas o marginación como los jóvenes LGTBI.

La participación de las y los jóvenes constituye así un camino fundamental para avanzar en una democracia de ciudadanía, para lo cual se requiere un compromiso firme del conjunto de los actores de la sociedad para promover liderazgos emergentes que contribuyan al avance de los derechos de todas y todos, la participación y el empoderamiento ciudadano para una mejor calidad de nuestras democracias.

[1] Aproximadamente 156 millones sobre un total de unos 600 millones de personas.

Fuente: Humanum

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