Paraguay: ¿deben cerrarse las radios comunitarias sin licencia? (Podcast)

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 Radio Nederland

Las emisoras comunitarias sin licencia en Paraguay insisten en el riesgo que corren de ser cerradas luego de la destitución del Presidente Lugo. Otras radios defienden la necesidad de respetar la legalidad.

Numerosas radios comunitarias continúan en peligro de ser cerradas, según denuncia Reporteros sin Fronteras. La organización teme por las consecuencias que esto podría tener en la libertad de expresión y en el pluralismo en Paraguay. La realidad, sin embargo, es bien compleja y no todos creen que se trata de una presión política como consecuencia de lo que algunos califican como “golpe parlamentario” a Fernando Lugo tras su destitución el pasado 22 de junio.

El temor de los medios populares se origina en una ley que fue aprobada en el Parlamento. Esta ley establece la imputación a los directivos de medios que no tengan autorización del ente regulador CONATEL y el cierre de los mismos.

Legalidad vs libertad de expresión 
No obstante, hay quienes tienen otra opinión frente a la supuesta persecución del actual gobierno del presidente, Federico Franco, contra las radios comunitarias. Alejandro Érico Díaz, administrador de la emisora MDQ cree que las radios que cuentan con autorización de CONATEL, el ente regulador de espacio radioeléctrico en el Paraguay, no corren ningún riesgo. “Se trata de una decisión técnica y legal. Muchas de esas radios usan frecuencias que interfieren incluso otros canales de televisión”. La MDQ, es una popular emisora multimedia que opera en el municipio de Eusebio Ayala, ubicado a unos 72 km de la capital.

Reporteros sin Fronteras en su comentario sobre la situación de amenaza de cierre en la que se encuentran las radios comunitarias sin licencia en el Paraguay, afirma que se está intentando ocultar la realidad: “No se engaña a nadie con el barniz legal y administrativo del que se vale el representante de las principales emisoras de radio privadas y comerciales del país; casi todas ellas apoyaron el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo. Este cabildeo sirve directamente a los intereses de un gobierno de dudosa legitimidad. La mayoría de las radios comunitarias forma parte de los movimientos sociales. Al mismo tiempo, apoyan la movilización ciudadana que se está desarrollando tras la destitución del presidente, el 22 de junio”.

RSF afirma por ejemplo, que “el 13 de agosto pasado, en una entrevista con el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, el presidente de la Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP), Javier Correa, pidió ayuda para “combatir a más de 1.200 radios piratas existentes en el país”. Acusó a las emisoras comunitarias de muchas veces “incitar al delito” y solicitó ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, la cancelación de las licencias de todas las estaciones de radio implicadas en “actos de ilegalidad”, aunque no precisó cuáles. Javier Correa aseguró haber obtenido una respuesta favorable de las autoridades.

Reporteros sin Fronteras alerta que si el gobierno de Paraguay cede a presiones económicas y políticas de este orden, rompería definitivamente con la base constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Se abre así, un debate entre si la legalidad jurídica y comercial está por encima del derecho universal de libertad de expresión o si la una no puede existir sin la otra.

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