Organizaciones de la sociedad civil consideran nulos los avances en democracia y participación ciudadana

Más de 50 ONGs reunidas en ACCION evaluaron los compromisos realizados el 21 de mayo pasado por el Presidente Piñera, particularmente en materia de fortalecimiento de la democracia, participación y derechos humanos; y le puso nota roja a su cumplimiento y a la forma en que ha enfrentado la movilización ciudadana.

Del total de los compromisos asumidos el 21 de mayo pasado, un 45% de ellos se han transformado en proyectos de ley y el 55% no se han presentado al Congreso.

Del total de proyectos que sí han sido presentados al Congreso, un 14% se han transformado en ley y el 86% restante está en trámite legislativo. Hoy sólo 21 de 149 proyectos anunciados son leyes de la república

El séptimo eje de Piñera

En el eje referido al “perfeccionamiento de la democracia” esencial en la ampliación de espacios de participación ciudadana, anunciado hace un año, ACCION considera que sus avances han sido tímidos. El número de iniciativas de este eje eran 18 y sólo 7 han sido ingresadas al Congreso y están en trámite legislativo, las otras 11 están pendientes y sin proyecto. Hasta ahora no hay ninguna ley aprobada.

Proyectos de Ley ausentes

La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y de mecanismos que faciliten y amplíen la convivencia democrática, han sido detonantes del descontento social y una de las causas es la carencia de iniciativas del gobierno para asumir entre otras: la ley que establece medidas contra la discriminación; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; la ley de paridad entre hombres y mujeres; mecanismos de regulación de los conflictos de interés de las autoridades públicas; promoción y fortalecimiento de la sindicalización y la aprobación del Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación que afecta a quienes conviven, sin importar su orientación sexual.

Reconstrucción con las empresas y sin los ciudadanos

Por otra parte a constatamos en terreno que a más de un año de ocurrido el terremoto en la zona centro sur, no se han instalado espacios para la participación de la ciudadanía de las localidades afectadas ni se han acogido sus demandas en los planes de reconstrucción. El gobierno ha privilegiado las alianzas con el sector privado y no con las organizaciones de la sociedad civil que han llevado adelante procesos de elaboración de propuestas y consulta en las regiones. Los avances han sido lentos, las condiciones de vida en las llamadas aldeas son precarias y no se ha informado sobre el uso de los recursos públicos en las distintas áreas de reconstrucción.

Criminalización de la protesta social

En los últimos meses, la tendencia a una mayor criminalización de la protesta social se ha acentuado a través de la vía penal y de la represión.

El respaldo irrestricto del gobierno a la actuación policial, la sobrevaloración del orden público por sobre el derecho a expresarse y el endurecimiento de la política de seguridad pública, se ha constituido en una verdadera incitación a la represión y en un aval de impunidad a los excesos ocurridos en las últimas manifestaciones.

Esta persecución y criminalización de los movimientos sociales se ve facilitada porque sigue vigente la Ley Antiterrorista y la tipificación como delito de la amenaza a la autoridad.

Pueblos Indígenas

En materia de derechos de pueblos indígenas, no obstante la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT, sigue sin lograrse el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, y sin reformarse la legislación sectorial que resulta contradictoria con las disposiciones de este convenio internacional.

Una nueva Constitución

Se mantienen las deficiencias de la institucionalidad vigente, sustentada en la Constitución de 1980, para permitir la plena vigencia de los derechos humanos en Chile. A pesar de la reforma constitucional de 2005, nuestra carta fundamental sigue manteniendo un núcleo de derechos constitucionales de marcado sesgo liberal, que enfatiza el resguardo a la propiedad privada, apenas consagra el derecho al trabajo, privilegia la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación, y limita fuertemente la actividad empresarial del Estado, entre otras cosas.

Se hace urgente en este sentido que los distintos poderes del Estado, los partidos políticos y la ciudadanía desarrollen un debate conjunto sobre la relación existente entre los déficit de nuestro país en materia de derechos humanos con el marco institucional vigente, en particular la Constitución Política de 1980, que a nuestro juicio consideramos urgente sustituir por una nueva Constitución emanada del ejercicio efectivo de la soberanía.

Asociación Chilena de ONGs- ACCIÓN

ACCIÓN es parte del Foro Internacional de Plataformas de ONGs que reúne a organizaciones de más de 60 países y de la MESA de Articulación de Asociaciones y Redes Nacionales de América Latina y el Caribe.

Contacto: Ignacio Iriarte
Cel: 09 8452036
Mail: comunicaciones@accionag.cl
www.accionag.cl

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