Nuevo debate sobre el aborto

Por: Sebastián Jans Pérez *

De tanto en tanto, la agenda mediática se abre en Chile a un soslayado debate sobre el aborto, no porque no haya interés social en abordar el tema de una vez por todas, sino porque siguen habiendo sectores que se encargan de diluir el debate, en los partidos políticos y en los medios de prensa más gravitantes, dominados por sectores conservadores con claro determinismo confesional.

Cuando el tema se pone en tabla en el parlamento, de manera también soslayada, con el burdo apellido de “terapéutico”, no faltan los lobbies subordinados a esas visiones conservadoras, que actúan para neutralizar el debate democrático.

Los demonios que son despertados por furibundas posiciones, paralogizan a gran parte de nuestra clase política, donde dejan de representar a sus electores (a quienes nunca le consultan sobre esos tópicos), para convertirse en subordinados de las presiones fácticas, desoyendo su responsabilidad de actores de un Estado que se supone laico, equidistante de todo determinismo religioso.

Las organizaciones femeninas en Chile, por años han tratado de que el aborto sea despenalizado en el país. Hay cifras que estiman más de 100.000 abortos ilegales al año, con periodos en que pueden llegar sobre los 150.000, en su gran mayoría producidos en hogares pobres, lo cual indica claramente que su recurrencia está relacionada con problemas socio-económicos, como una expresión más de la inequidad característica de nuestro país.

En Chile, no hay estudios profundos en torno a la práctica del aborto, ya que las investigaciones requieren un financiamiento que no es fácil de conseguir para algo que se relacione con esa materia, y no hay voluntad de parte de aquellas instituciones que podrían abordarlo técnicamente, debido al poco interés que presentan las organizaciones gubernamentales que requieren la información. Ello ocurrió en los gobiernos de la Concertación y también bajo el actual gobierno.

Las fuentes y los datos concretos son esporádicas. Una referencia es la investigación realizada hace ¡18 años! por la organización internacional Alan Guttmacher Institute, dedicada a promover investigaciones y análisis de políticas de salud reproductiva y los derechos reproductivos, la que constató que sobre una cifra de 451.800 embarazos producidos en el país en el periodo estudiado, un 35% terminó en aborto inducido. La investigación comprobaría que, en ese momento, Chile era el país que poseía una de las tasas de interrupción de embarazo más altas de América Latina.

De modo oficial, sin embargo, se reconoce una cifra de alrededor de 40.000 aborto anuales, sobre la base de la información que se desprende de los casos que son registrados por detenciones policiales, por morbilidad tras un aborto clandestino, o por los registros de mujeres que acuden a los servicios de salud, producto de una complicación, luego de practicarse el aborto en condiciones precarias.

De este modo, las cifras indicadas no solo reflejan un grave problema de salud pública, ya que son realizados fuera del sistema de salud, muchas veces por personas no calificadas y en lugares clandestinos, sino también expresan que hay una dimensión económica importante, ya que el sistema de salud pública debe desembolsar más de US$ 15 millones anuales, para tratar mujeres con complicaciones de abortos mal realizados. La tasa de mortalidad bordearía el 10%.

¿Quiénes son las personas que recurren al aborto y cuáles son sus motivos? En su gran mayoría son mujeres pobres, debido a embarazos no deseados por causas emocionales o económicas, o por consecuencias derivadas de violación o relaciones incestuosas forzadas o aceptadas. Las cifras revelan que en su mayoría se trata de mujeres jóvenes, con baja escolaridad, que han tenido hijos con anterioridad.

El Código Penal chileno, establece la penalización del aborto en la categoría “crímenes y delitos contra el orden familiar y la moralidad”, sancionando con penas entre 3 y 5 años, a quienes se realizan el aborto, y de 541 días a 3 años, a quienes lo ejecutan o proveen. Es una de las legislaciones más duras del mundo, siendo Chile miembro de un oscuro club de países (El Salvador, El Vaticano, Nicaragua y Malta), que no tienen contemplada ninguna posibilidad de práctica de aborto en su legislación.

Organizaciones femeninas han denunciado que, frente a las consecuencias de esa legislación, un importante porcentaje de mujeres no recibe defensa legal alguna (aproximadamente un 60%), cuando son imputadas por prácticas abortivas, y un porcentaje mayor sufre tratos ofensivos de parte de quienes les atienden, cuando concurren a la Corporación de Asistencia Judicial o a la Defensoría Pública, ambas instituciones financiadas por el Estado. De esta manera, el Estado chileno está permitiendo acciones de discriminación, violando derechos civiles desde el punto de vista de los Derechos Humanos.

Esto, a pesar de que Chile suscribió en1989, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuya sigla en inglés es CEDAW. El Estado Chileno, como todos los demás países suscriptores, debe informar al menos cada 4 años ante el CEDAW sobre la situación de los derechos de la mujer. Esos informes gubernamentales han sido cuestionados por las organizaciones que promueven los derechos femeninos las que han generado informes alternativos, para denunciar los factores que influyen en el no reconocimiento de los derechos de la mujer.

Hoy se abre una nueva posibilidad de debatir en torno a un rebuscado concepto de aborto terapéutico, cuando en realidad lo que corresponde es despenalizar la práctica abortiva, por tratarse de un articulado decimonónico, agravado por una finalidad esencialmente sexista. El articulado del Código Penal tiene indudablemente un destinatario de género y con un segmento socio-económico específico violentando el principio de igualdad ante la ley.

Sin duda, lo que corresponde hoy, en el siglo 21, es adecuar las leyes a las realidades que impone el avance de las convenciones internacionales, y de los principios que fundan las seguridades humanas. En ese contexto, hoy se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de las mujeres, en todos los planos de las actividades humanas. La Conferencia Mundial sobre la Mujer, efectuada en 1995, ratificó la directa relación entre los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. En ese contexto, penalizar a una mujer por el ejercicio del aborto es una grave violación de esos derechos, como lo es utilizar las atenciones médicas en los servicios de salud como medios de prueba para encausar y penalizar a una mujer pobre por una práctica abortiva.

Si lo que se trata es proteger la vida y al que está por nacer, en lo que todos los seres humanos estamos de acuerdo, ello no puede darse sobre la base de un castigo decimonónico contra las mujeres pobres, sino sobre la base de una buena educación sexual, de la promoción de políticas de salud adecuadas a nuestros tiempos, y de un efectivo estímulo de la maternidad.

En Chile, hay un sector que se negó a la educación sexual en los colegios (JOCAS), se negó a campañas de difusión de los preservativos, se negó a políticas públicas sustentadas en la píldora del día después (a pesar de que los pudientes las compran libremente en las farmacias), y que también se niega recalcitrantemente a cualquier modificación al estatus legal que penaliza el aborto. En su tiempo se negó a la distribución de la píldora anticonceptiva y a cualquier método de control de la natalidad. En su comprensión valórica siguen pensando que la mujer es una simple referencia corporal, destinada a cumplir determinados roles reproductivos. Así lo expresaba hace unos días una senadora de la República de pensamiento conservador.

No podemos, como país, seguir aceptando su estridencia y su ejercicio fáctico del poder, que siempre termina conculcando los derechos de la mujer y la igualdad ante la ley. Como país integrante de la exclusiva OCDE, tampoco podemos seguir perteneciendo a ese  oscuro club de países que mencionamos, donde impera el apartheid de la sexualidad. La persistencia de la legislación que penaliza brutalmente a las mujeres pobres de nuestro país, es un baldón contra todo propósito de desarrollo y de reconocimiento entre las naciones éticamente más avanzadas.

*Historiador y Escritor

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