Nueva ley de borde costero: Despojo de acuerdo a la ley

José Luis Vargas / Marejada

Hasta ahora la administración del borde costero había recaído en el ministerio de Defensa, no pudiéndose vender a privados que siempre han mirado con codicia los terrenos fiscales de la costa, para fines industriales (sean portuarios, minería, ductos de descarga, etc) y turísticos.

Sin embargo, este gobierno ha gestionado un inédito cambio que predeciblemente favorece a los empresarios: La administración de los terrenos fiscales está pasando a manos del ministerio de Bienes Nacionales , con lo cual, estas tierras “de todos”, donde abundan las reservas y parques nacionales podrán ser privatizadas. Ahora sí.

Para empezar están licitándose, de norte a sur, 48.869 hectáreas al mejor postor.

Un anticipo dramático es el caso de Isla Traiguén (Aysén) y la comunidad Nahuelquín Delgado.

Es para preocuparse pues los elementos de esta historia pueden repetirse en cualquier punto de este país.

La isla Traiguén dista 8 horas por mar desde Puerto Aysén. Se ubica  entre los canales Costa y Errázuriz. Allí habita la comunidad Nahuelquín Delgado, compuesta por 40 familias. El trabajo de los pescadores está centrado en la extracción de jaibas, centollas, congrio, merluza y robalos. La comunidad también recolecta lapas, erizos y luche.

“Es para la subsistencia y también un apoyo en la parte económica. Todavía realizamos el trueque de recursos. El luche, mariscos, centollas y jaibas lo vamos cambiando por víveres que están haciendo falta dentro de la comunidad”, cuenta Marcia Nahuelquín, presidenta de la organización territorial.

La dirigenta nos cuenta que, hace más de 50 años, llegó por primera vez su abuelo con su padre, para trabajar en las faenas madereras de isla Traiguén.

La habitual vida isleña se interrumpió, hace 2 años, cuando la comunidad se enteró que un coronel de ejército, llamado Diego Jiménez, había adquirido la isla en el año 2008 y luego la vendió en su totalidad a la empresa turística CIFCO, es decir, sus 44.600 hectáreas.

Al poco tiempo, CIFCO, ya  propietaria de isla Traiguén, “descubrió” la existencia de las numerosas familias instaladas allí, quienes habían presentado un proyecto al Fondo de Protección Ambiental (FPA) para la construcción  e instalación de una turbina para la generación de energía eléctrica.

La comunidad Nahuelquín no se explica cómo un militar pudo haber adquirido tanta cantidad de tierras y luego no tuvo ningún inconveniente para vendérselas a una empresa particular.

“Todo fue muy fraudulento. La isla Traiguén pertenece a la  región de Aysén y la venta la hizo un señor del ejército en Santiago, inscribiéndola en Puerto Cisnes. Hemos pedido a senadores que nos colaboren en el tema. No creo que el ejército chileno tenga competencia como para vender un terreno fiscal”, señala Mónica Nahuelquín, secretaria de la comunidad.

A quién recurrir

El panorama es adverso. La comunidad señala que no harán abandono de los terrenos a pesar que, en la actualidad, la empresa CIFCO tiene demandada a las familias para que hagan abandono de la isla. Lo que los habitantes están pidiendo al Estado es la entrega de 3000 hectáreas del tamaño total de la isla.

Marcia Nahuelquín nos cuenta que, en la búsqueda de soluciones, han conversado con todo tipo de autoridades que no han cumplido con los compromisos que han contraído con la comunidad:

“La ex ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, se comprometió a entregar la totalidad del borde costero de la isla Traiguén a la comunidad. Se suponía que eso iba a realizarse el año que pasó pero, hasta el día de hoy, no hemos tenido respuesta y no hay nada concreto. Para desarrollarnos necesitamos un documento que acredite la propiedad  que tenemos sobre el borde costero”.

También realizaron una solicitud de Espacio Costero Marino (ECMPO), bajo la ley 20.249. Fue presentada en 2008; fue timbrado y recibido pero jamás se hizo el trámite dentro del servicio. La misma solicitud se efectuó en el mes de abril del 2012. “En esta región no se consideran las normativas de las leyes indígenas y tampoco se ve voluntad por avanzar en estas temáticas”, señala la dirigente.

“Hemos pedido cita con el presidente cuando vino a la región y no nos recibió; nos siguen postergando. Hasta el momento estamos decepcionados de las instituciones gubernamentales encargadas de revisar este tema”, enjuicia Marcia Nahuelquín.

Hallazgos arqueológicos

No es lo único. En el lugar también existen hallazgos arqueológicos pues se han encontrado osamentas y lanzas que dan cuenta de la presencia antigua de pueblos chono y huilliche.

“En la isla, de la cual nosotros tenemos posesión, hay un hallazgo arqueológico del año 1800, que   la comunidad está trabajando con Monumentos Nacionales para relevar el valor arqueológico y cultural del lugar. Se trata de osamentas de larga data que prueban la presencia antigua de pueblos originarios, antes que llegara nuestra comunidad”, explica Marcia Nahuelquín.

Lo ocurrido con CIFCO es, para las familias de la comunidad, una clara vulneración de derechos. Por eso han apelado a convenios internacionales que ha suscrito Chile, como el convenio 169 de la OIT:

“(Este) respalda nuestro modo de vida en cuanto al uso consuetudinario que le hemos dado el borde costero pues creemos que existe una clara discriminación y negación de nuestra existencia”.

Parásitos

Otro de los temas que preocupa a la comunidad Nehuelquín es la aprobación de la Ley de Pesca y el avance de la salmonicultura, cuya agudización consideran la muerte segura para mucha gente que vive en el litoral, fundamentalmente a causa de la contaminación que generan los centros de cultivo:

“Antes no existían los centros de cultivo. Cuando llegaron las salmoneras, el robalo desapareció. Cada vez nos vemos más perjudicados con este sistema nefasto que privilegia los intereses económicos por sobre las necesidades de las comunidades costeras”, manifiesta Marcia Nahuelquín.

Según la dirigenta de la comunidad, las empresas salmoneras presentes en Isla Traiguén y los canales australes, “no hacen ningún aporte a la región pues todo lo traen de Puerto Montt; es un parásito que se está alimentando del territorio y nuestros recursos”, remata.

Peligro en el borde costero

En el mensaje presidencial, realizado en el mes de julio del año pasado, para dar inicio al Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, Sebastián Piñera manifestó la clara intención del ejecutivo por otorgar al ministerio de Bienes Nacionales mayores facultades en cuanto al manejo y gestión de estos espacios:

“Desde un punto de vista jurídico, el  concepto de Borde Costero no ha sido desarrollado por la legislación chilena sino que sólo existen disposiciones dispersas en diferentes textos normativos que hacen alusión al tratamiento de esta unidad geográfica, otorgando facultades y atribuciones a diferentes organismos, lo cual ha impedido una administración ordenada, coherente territorialmente y razonable”, sostuvo Piñera, en su discurso, de acuerdo al documento correspondiente existente en la biblioteca del sitio web de la cámara de diputados.

En esa oportunidad, el presidente puntualizó que, hasta la fecha, ha sido el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el encargado de la tramitación y otorgamiento de las concesiones marítimas sobre bienes nacionales de uso público y bienes fiscales existentes en el Borde Costero y, también, en los lagos y ríos navegables por buques de más de cien toneladas. Sin embargo, añadió, “esta competencia ha obedecido más a razones históricas que a los objetivos y competencia propios de dicho Ministerio”.

Todo legal

Para Héctor Kol, biólogo e investigador acuícola la situación es grave. El traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa a Bienes Nacionales permite el despojo de comunidades costeras en favor de empresas salmoneras y todo tipo de industrias:

“Bienes Nacionales está llamando a licitar el 25% del territorio nacional; en cualquier otro país del mundo esto sería una situación escandalosa”, explica.

Otro dato no menor es que CIFCO, empresa de inversiones turísticas, que compró la isla Traiguén, posee vínculos estrechos con la industria salmonera. “CIFCO es el brazo del grupo Ergas que se dedica a proyectos de turismo e intereses especiales. Ahora CIFCO tiene una vinculación directa con la industria salmonera”, revela Kol, “ya que su ex gerente Cristian Moreno, pasó a ser el nuevo gerente de SalmónChile”.

Según el especialista, con el nuevo reglamento, “se pueden pasar por alto concesiones acuícolas , entonces te puedes hacer dueño de una bahía, fiordo o un canal completo. Tenemos un estado neoliberal deformado por el afán de lucro, cualquier tipo de derecho es un bien de mercado, como el acceso al mar. Todo es legal y el parlamento hace que todo este tipo de abusos sean legales”, concluye Kol.

Más información acá

Fotografía facilitada por comunidad Nahuelquín Delgado.
(publicado en la edición impresa de revista Marejada 11)

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