Nadie quiere perder

Por Wilson Tapia Villalobos

El panorama que hoy muestra la realidad chilena es inquietante. No solo por los acontecimientos que se van conociendo día a día, sino también porque la reacción de sus líderes parece parcial o inadecuada o que busca mantener privilegios que podrían perder, o esas tres cosas juntas. En resumen, hacia donde el ciudadano mire, la imagen que ve le produce recelo. Algunos chilenólogos atribuyen esto a lo que consideran la “típica” desconfianza nacional. Pero parece que el fenómeno posee raigambre más profunda.

Lo que tiene convulsionada a la sociedad chilena es una seguidilla de escándalos de corrupción que saltan del mundo empresarial a la política y, desde sus pústulas, salpican a todas las instituciones democráticas. El hilo común es el ansia de lograr dinero o poder, lo que en el esquema social en que vivimos resulta ser lo mismo. Y en el transitar que guía esta necesidad compulsiva, no hay escala de valores que marque un sendero. Alcanzar el objetivo es lo único que se respeta. Con el aditamento que, en el ejercicio abusivo del poder, este deja en claro que los habitantes del país no son iguales ni ante la ley, ni ante ninguno de los organismos estatales que debieran resguardar sus intereses. Si es el hijo de un senador de apellido con historia el que maneja un automóvil y atropella a un transeúnte causándole la muerte, la libertad es la que le espera. Si el responsable de torturas, asesinatos y desapariciones es un militar, en el peor de los casos lo espera una cárcel especial en que la guardia le rinde honores, según el rango que ostentaba el delincuente al cometer sus crímenes. Si los malhechores son personajes de abultada billetera, terminan en una cárcel con comodidades inimaginables para aquellas a las que va el ciudadano común. O, más frecuente, gozando de libertad gracias a un juicio abreviado, el pago de multas menores y hasta puede llegar a ser presidente de la República, como en el caso de Sebastián Piñera.

Resulta evidente que los chilenos tenemos que mirar desde donde parte esta realidad. Y si bien el ambiente mundial aporta elementos a ella, no se puede ocultar que hay creaciones muy nuestras. Esto de seguir convenciéndonos que somos muy legalistas, que la corrupción no ha anidado entre nosotros o que la igualdad, la libertad y la fraternidad, son objetivos de la convivencia nacional, revela parte de nuestra cómoda forma de mirarnos. Porque incluso somos capaces de criticar a los vecinos porque hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero con menos recato y de manera más desordenada.

Hoy lo que mantiene en vilo a la clase política es la arista Soquimich -SQM- del caso Penta. Todo da para pensar que esta arista contiene algunas revelaciones que perjudicarían a personajes connotados. Hasta el momento, nada concreo hay al respecto, pero llama la atención que quien haya puesto trabas a la investigación sea, precisamente, el Servicio de Impuestos Internos (SII). El actual Director de esa importante entidad es Michel Jarrad, que ocupó el cargo de jefe de finanzas de la campaña presidencial de la actual mandataria. El diputado independiente Vlado Mirosevic, ha dicho que en tales acciones existe un afán determinado. Recordó que la posición del SII cambió de manera radical cuando se supo que SQM había entregado aportes a las campañas de los parlamentarios Fulvio Rossi, socialista, y Roberto León, democratacristiano. Lo que demuestra la relación directa existente entre el ex yerno del general Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, uno de los principales propietarios de SQM, y la Nueva Mayoría. Pero restringirse sólo a SQM es una buena finta para evitar la realidad. Sólo 16 de los actuales 120 diputados no recibieron aportes de empresas en sus campañas parlamentarias, según información entregada por el diputado Gabriel Boric.

¿Y cuáles son las soluciones que se han adoptado para enfrentar esta grave situación? La presidente Michelle Bachelet ordenó crear una comisión especial para estudiar el tema. La preside el economista Eduardo Engel. Desde el comienzo, Engel recibió críticas, aunque soterradas, por tener más cartel académico que político. Y cuestionamientos abiertos por atreverse a decir que era impresentable que los parlamentarios se fijaran a sí mismos sus sueldos. Lo acusaron, entre otros el presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), senador Ignacio Walker, de estar desinformado. El salario de los parlamentarios es fijado por la Constitución, dijo. Pero no las asignaciones, que es una parte suculenta de lo que reciben mensualmente.

Es evidente que la solución no vendrá de una comisión. Tal vez eso sirva para ganar tiempo y tratar de apagar el volcán nacional. Pero el problema escapa a la mirada actualizada. Necesariamente debe ir hacia la educación que reciben los chilenos. Y, sobre todo, a la orientación que se les da como parte del sistema. En pocas palabras, parece necesario hacer cambios estructurales serios. No es posible pretender resolver las falencias actuales tratando de ignorar que quienes manejan el aparato del Estado, de alguna manera, están involucrados en lo que ocurre. Y ello hace que las instituciones no funcionen, por más que los interesados que esfuercen en demostrar lo contrario. Eso de la operatividad de las instituciones es tan falaz como intentar convencer que un sistema democráticamente sano y políticamente eficiente, se hace en la medida de lo posible. Las pruebas están a la vista.

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