Muévame el pollo… por favor

por Pablo Rodríguez Arias
Fiscalía Nacional Económica (FNE) “acusa” a supermercados de los grupos CENCOSUD, SMU y Wallmart por colusión en el precio de la carne fresca de pollo.
https://www.youtube.com/watch?v=-WxVFMTI0HQ No llevamos ni siquiera tres meses desde que estalló el escándalo de la colusión de las empresas de papel tissue, y menos de un mes desde que nos enteramos que el mercado de los proveedores de asfalto estaba coludido y que se elevó las multas a empresas de taxibuses de Valdivia por colusión, cuando un nuevo escándalo del mismo problema (colusión) ocupa los titulares de todos los medios de comunicación: la colusión de los supermercados en la fijación de un precio mínimo de venta de la carne fresca de pollo: Sí, ahora estos individuos juegan con nuestro alimento!!

Este miércoles 6 de enero de 2016, como regalo de comienzo de año, la FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por colusión contra las cadenas de supermercados CENCOSUD, SMU y Wallmart, donde las acusa de haber participado en un acuerdo para fijar, a través de sus proveedores, el precio mínimo que indicamos anteriormente, entre, al menos, los años 2008 y 2011. Según se desprende del requerimiento, el acuerdo al que llegaron estas cadenas “tienden a restringir la competencia en precios en el mercado de comercialización de carne de pollo fresca en supermercados a los consumidores finales”. Señala la Fiscalía que “las cadenas requeridas (incluyendo a Supermercados del Sur, cuya continuadora legal es SMU) actuaron bajo el conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a idéntica regla y además fueron activos en monitorear los eventuales incumplimientos de aquella por parte de estos, solicitando al proveedor común su intervención a objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de referencia. De esta forma, las requeridas adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Lo anterior constituye un acuerdo o práctica concertada en los términos del artículo 3° incisos primero y segundo letra a) del Decreto Ley N°211”.

Este nuevo hecho sólo evidencia, una vez más, lo urgente que se hace profundizar la legislación en materia de libre competencia, fortaleciendo más aún la institucionalidad vigente que persigue y sanciona estos hechos reprochables, pero también discutiendo sobre las sanciones penales que deben caer sobre estos hechos, dado que no puede seguir esta dinámica gobernando las leyes de mercado. Ya “debe parar” este festival de las colusiones, donde semana a semana nos enteramos de un nuevo hecho, para que después de un tiempo, algo frustrados, veamos como los tribunales absuelven de todo cargo a los responsables directos de estas conductas, y que las empresas sólo paguen, en muchos casos, una mínima parte de las ganancias que obtuvieron durante el tiempo que se coludieron, ya que, si no se ha dado cuenta, FUERON, AL MENOS, CUATRO AÑOS!!!

Señores Paulmann, Saieh, y dueños de Wallmart, ¿nos dirán ahora, al igual que los delincuentes Matte y Ruiz-Tagle, que ustedes no sabían lo que hacen sus subalternos? ¿Tan malos empresarios son que no controlan ni dirigen sus propias empresas?

Pero también este hecho debe hacernos reflexionar como consumidores y consumidoras, por un lado, en la acción de elegir dónde comprar nuestros alimentos y nuestros enseres y a qué proveedores de determinados productos y servicios elegimos… ya no da lo mismo a quién le compro!; y por otro lado también deben hechos como este movilizarnos a la organización ciudadana y al fortalecimiento de las Asociaciones de Consumidores, expresión jurídica vigente de los consumidores organizados, que hoy se ven amenazadas de disminuir (aún más) su acción y pertinencia por una débil política pública de fortalecimiento y financiamiento, y un nulo avance en el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso, y donde sólo se le confía a una institucionalidad ciega y que siempre llega tarde la protección de los derechos de los consumidores; ¿cómo es que nadie vio esto que pasaba ante nuestros propios ojos? ¿En quién estamos confiando la regulación de nuestro mercado y la protección de los consumidores?

Acá es importante poner el acento en lo que constituye esta práctica anticompetitiva: UN ILÍCITO! Ya no es suficiente con que sigamos apuntando con el dedo y sobredimensionando (por los medios de comunicaciones y redes sociales) una delincuencia marginal y periférica (que tanto gusta a los programas de televisión mostrar y exponer), sino que debemos atender a estos nuevas bandas de delincuentes que andan sueltos en nuestra sociedad, los cuales manejan autos costosos, frecuentan clubes de prados siempre regados, educan a sus hijos en los mejores colegios y viven en barrios acomodados de la capital. Estos delincuentes operan a plena luz del día, a cara descubierta, no rompiendo rejas ni portones, pero sí destruyendo algo mayor y mucho más preciado para nuestra sociedad: el estado de Derecho, la democracia y la confianza de millones de consumidores y consumidoras que requerimos de sus productos para vivir y aspirar a una mejor calidad de vida.

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