Miembro de la comunidad universitaria se encuentra detenido irregularmente en Concepción.

Fuente: OPECH

Christian Fauré, estudiante de periodismo del ICEI, se encuentra desde el 9 de marzo en prisión preventiva en la cárcel El Manzano, en Concepción. Acusado junto a su pareja de “receptación de especies” y acaparamiento en momentos de crisis, su detención, así como la de cientos de otros pobladores, ha sido irregular desde el punto de vista judicial, trasluciendo la necesidad política detrás de la moralista “condena” a los saqueos tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero.

La familia explicó que estando en el sector de El Guindo, vieron pasar a vecinos con bebidas que habían sido dejadas a las faldas de un cerro, ya que ahí se encuentra una fábrica de la CCU. Ese sector era custodiado por militares pues se le había motejado como “población de saqueadores” por la prensa. Lo más insólito es que por ello no les hacían llegar nada de la ayuda que se había recolectado. Horas después, llegó Fuerzas Especiales a allanar a determinadas casas, entre ellas la de la pareja de Christian, siendo ambos detenidos y llevados a la Cuarta Comisaría de Hualpén, donde él fue obligado por los carabineros a firmar una declaración reconociendo el robo de los productos.

En una audiencia privada (lo que está prohibido), la fiscalía solicitó la prisión preventiva y la defensoría, reconociendo la complejidad política de la situación, poco hizo por evitarlo. Lo relevante es que no existen antecedentes de que por este delito, en caso de personas sin antecedentes, se decrete prisión preventiva como medida cautelar. La medida sólo se explica como un golpe de timón para disuadir a nuevos saqueos, encubriendo la ineficacia de las autoridades para resolver la grave situación humanitaria en materia de vivienda, alimentos y servicios básicos, plenamente vigente.

Según nos comentó la familia de Christian, el miércoles 14 de abril, tras un mes y una semana en prisión, se le realizará un juicio abreviado. Esto se debe a que la pena por la receptación de especies va desde los 41 a 61 días de prisión efectiva, por lo que la fiscalía y tribunales pretenden hacer el juicio antes de que los detenidos alcancen a estar 41 días en la cárcel y, así, no aleguen haber cumplido ya la condena.

Ante la presión por condenar con encierro a los “saqueadores”, en la práctica la mejor salida para los acusados es declararse culpables en los juicios abreviados, aún siendo inocentes, para que sirva como atenuante y para no retrasar el proceso (lo que implica más tiempo en la cárcel). Con ello, la pena se remitiría a firma mensual, pero quedaría el papel de antecedentes manchado, con la nefasta consecuencia para cualquier trabajador en el mercado laboral chileno. Esto se suma al absurdo, como especifica uno de los hermanos de Christian, de que la condena sería más suave que el castigo penal que ya han vivido.

La persecución

Cuando los periodistas reporteaban en vivo los saqueos a supermercados en el sur, su paranoica alocución sirvió de preámbulo para la persecución político judicial que cayó sobre los habitantes de Concepción. Cuando se puso en peligro la propiedad privada, parecía que se ponía en peligro lo más sagrado de la sociedad. Así, los militares, la policía y las fiscalías se transformaron en los héroes que vendrían a erradicar la podredumbre moral de nuestra noble patria.

El Ministerio Público echó a andar, basado en las imágenes prestadas por la televisión (nueva costumbre del periodismo televisivo), una detención selectiva y en muchos casos arbitraria de pobladores de las ciudades más emblemáticas del saqueo. Tras esta operación, sus abogados y voceros hablaron de haber “logrado” la prisión preventiva para cerca de 300 personas y que su “objetivo” era lograr prisión efectiva para ellos(1). Se trata no sólo de un lenguaje casi bélico, persecutor, propio de un sistema represivo; sino que además trasluce una serie de irregularidades judiciales.

La Tercera publicó a mediados de marzo que el 90% de los detenidos por los “saqueos” no tenían antecedentes penales. Como en el caso de Christian, son decenas los que, aparte de no constituir ningún “peligro para la sociedad”, en tanto son trabajadores y estudiantes sin prontuario delictual, tampoco podrían ser sometidos a prisión efectiva gracias a sus papeles limpios, máxime a penas remitidas con firmas mensuales durante un año.

Dada la gravedad de las irregularidades del caso, esperamos la pronta libertad de Christan y de los otros ciudadanos arbitrariamente detenidos, abrigando la esperanza de que sus procesos judiciales puedan ser revisados y se exponga a la luz pública cómo primó el criterio político sobre la pretendida imparcialidad judicial, que se pone en tela de juicio cuando la radicalidad de los hechos desnuda al reaccionario sistema judicial chileno.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas
“El derecho ciudadano de participar en la educación pública”

(1) Un caso muy publicitado fue el de un ingeniero que fue a “saquear” en su Jeep con patente de cuatroletras. Para él, el tribunal no determinó prisión preventiva.

Foto: Kenkerkutiv

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