Los hechos de Puerto Choque: la otra colusión

Por Lucía Sepulveda www.periodismosanador.blogspot.com

La historia se repite: en la foto, fuerzas policiales y fiscales utilizando como centro de operaciones el camping Los Castanos de Santos Jorquera, un ex colaborador de la DINA y CNI en tiempos de dictadura.

Incomunicados en la cárcel de El Manzano (Concepción) hasta el lunes 20 de abril quedaron los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican luego de ser interrogados por el fiscal militar Fernando Grandón en la capital penquista. La esposa de José Huenuche –trabajador a jornal y nochero en Cañete- Millaray Paillalef, denunció que se está aplicando una doble sanción por una misma causa. Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.

Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.

“El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.

-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.

-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.

A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura. El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.

Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque – escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo – es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.

Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.

Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.

Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo publicado en Clarín de Chile, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló públicamente de los operativos. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada
y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de
poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas
actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como
culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’.
El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son
personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué
garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya
el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes?
El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de
resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”

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