Latinoamérica: No hay ciudadanía plena sin autonomía de las mujeres

Sara Lovera / Cuba información

“Una de las grandes deudas pendientes con las mujeres se relaciona con la autonomía reproductiva. Todavía seguimos siendo un territorio ocupado por las religiones monoteístas y por sectores conservadores, al tiempo que los Estados siguen decidiendo por nosotras el tema de cuándo nos reproducimos, sin preguntarnos si queremos o no”.

Así se expresa Susana Chiarotti, abogada argentina con larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres y encargada de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará.

“En América Latina hemos avanzado con programas de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, pero aún se enfrentan muchos problemas para su implementación y para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados porque se afecta no solo el derecho a la salud, sino a la autonomía de las mujeres.

“Nadie puede ser ciudadana plena con un territorio ocupado, con un territorio donde deciden otros”, resumió la experta de la OEA durante su estancia en México para asistir al Seminario Internacional organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), del 7 al 10 de mayo, para abordar el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres por parte de los gobiernos de la región.

Al hacer balance de los cambios en las mujeres latinoamericanas durante la última década, Chiarotti reconoció “muchísimos logros, aunque falten cosas por hacer” y dijo que la situación actual, respecto a la de años atrás, muestra “pasos enormes”.

“La violencia contra las mujeres estuvo legitimada por milenios y ahora se considera una violación a los derechos humanos. Este cambio es brutal y se ha conseguido en solo 30 años, que para un cambio cultural es muy rápido. Que siga impune es otro tema”, consideró.

En su opinión, las mujeres denuncian cada vez más, ya no se callan y ello, posiblemente, le da más visibilidad a la violencia que se ejerce contra ellas.

“Ahora bien, que hayan aumentado las denuncias puede ser un indicador de otra cosa; puede que las mujeres ya no aguanten y digan: ‘a ver, un momentito, yo a vos te denuncio, tengo a dónde ir’. Sienten que pueden denunciar, que tienen un espacio a dónde ir y tienen gente que las ayudan. Ahí esta el cambio. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que las mujeres que acceden a los servicios no son más del 10 por ciento de las víctimas”, comenta a SEMlac.

Los datos basados en servicios son parciales, aislados, asegura Chiarotti y expresa que en Latinoamérica no podremos tener noción de la dimensión del fenómeno a partir de las estadísticas hasta que los Estados no empiecen a cumplir en la construcción de bases de datos ciertas y serias.

Por otra parte, la experta sostiene que las estrategias legales en materia de violencia contra las mujeres tienen sus límites. “Han tenido un impacto simbólico en la población, pero que es parcial. Los Estados tienen la obligación de implementar políticas de prevención”, acotó.

“¿De qué me sirve una ley de feminicidio si se aplica cuando la mujer ya se murió?”, cuestiona la experta. “Lo que reclamamos es que ya no muera una mujer más. Es responsabilidad de los Estados preguntarse cómo hacer para frenar los feminicidios”, insiste Chiarotti a SEMlac.

Para explicar que “hay muchas formas de hacerlo”, cita los ejemplos de Argentina y Perú, donde más de la mitad de las mujeres que murieron por crímenes de género habían denunciado la violencia y algunas lo habían hecho, incluso, tres o cuatro veces.

“Entonces le pregunto al Estado: ¿qué hicieron, las escucharon? Y si la escucharon, ¿qué salida les dieron; qué hicieron?, ¿no tomaron medidas de prevención o midieron el riesgo que esas mujeres estaban viviendo? “, acotó.

“Los Estados tienen muchas herramientas para prevenir la muerte de las mujeres, pero muchos de ellos sacan como medida demagógica una Ley y después se lavan las manos. Para combatir la violencia contra las mujeres se requiere que los Estados implementen políticas serias que, incluso, llevan a una redefinición del espacio urbano”, afirmó la abogada.

Medidas preventivas, medidas punitivas

Integrante actualmente del Consejo Consultivo de CLADEM, Chiarotti dirige el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, Argentina (INSGENAR) y es profesora de la maestría “El poder y la sociedad desde la perspectiva del género”, en la Facultad de Filosofía, de la Universidad Nacional de Rosario.

Según explica, muchas organizaciones de mujeres consideran clave incorporar al código penal el delito de feminicidio, pues sostienen que ello obligaría al Poder Judicial a incluir estos asesinatos en sus estadísticas.

“Sin embargo, desde otro sector de opinión, creemos que es importante promover un debate en ese sentido. No todos los problemas sociales deben o pueden ser solucionados con una figura penal. La creación de un tipo jurídico, con numerosos requisitos para su configuración y penas muy graves, podría resultar contraproducente y provocar dificultades para la efectiva sanción de los femicidios, aumentando así la impunidad prevaleciente”, subrayó a SEMlac.

“Si la violencia contra las mujeres es el resultado de una situación de inferioridad y un trato discriminatorio, los cambios necesarios para erradicarla deben incluir planes, programas y políticas de transformación social amplios, integrales y permanentes, con una asignación presupuestaria acorde y gran compromiso político”, sostuvo.

“Sancionar una ley severa, pero no llevar adelante medidas para la transformación social, puede tener un efecto boomerang”, precisó mientras cuestionaba cuál es el sentido de una ley con penas altas, si luego no se aplica.

Paso a paso

Al preguntarle cuáles son los retos que hoy se plantea CLADEM, señala que continuar con la exigencia de las deudas pendientes. “En varios países se observan retrocesos en materia de acceso a la interrupción del embarazo o trabas para ejercer las opciones permitidas por la ley, en casos de aborto legal”, detalló.

“Y aunque estamos avanzando hacia nuevas leyes integrales de violencia -en nuestra región ya contamos con este tipo de leyes en más en seis países- aún tenemos que hacer esfuerzos para que haya un adecuado acceso a la justicia en casos de violencia, especialmente sexual”, reafirma.

Agrega la experta que, si bien parece estar bastante equiparado el acceso a la educación formal, muchos países no han avanzado respecto al cambio en los contenidos curriculares, por lo que se siguen reproduciendo nociones discriminatorias que afectan la construcción de una cultura igualitaria.

“También en el plano económico persisten las diferencias salariales entre varones y mujeres”, expresa.

“Las desigualdades en Latinoamérica son tan ofensivas que superan en mucho las de África”, enfatiza, pues “allí no hay una desigualdad tan grande; hay otro reparto, se vive de otra manera”, argumenta.

“Y no es lo mismo vivir en una comunidad donde todas las personas son igualmente pobres y dignas, que vivir en una comunidad donde un escaso porcentaje son ricas y el resto pobre”, concluyó.

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