La urgencia por un sistema de protección integral de la infancia en Chile

En el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2016 del INDH, el apartado “Derechos de niños, niñas y adolescentes” busca entregar herramientas que garanticen el pleno ejercicio de derechos a todos los niños y niñas del país, brindar un mayor conocimiento de los sistemas actuales, además de presentar un análisis y un diagnóstico preliminar de las falencias del Estado en este ámbito.

La revisión, hecha a la luz de los principales estándares internacionales en derechos humanos de la infancia, permite comprender dónde están los principales problemas y los riesgos para la vida de estos niños y niñas y adolescentes (NNA), y posibilita exigir responsabilidad a los poderes del Estado según su ámbito de competencia. El examen incorpora también una mirada sobre la normativa vigente, y las instancias de supervisión formal.

El INDH anunció además que en enero de 2017 comenzará una observación a los centros de protección del Servicio Nacional de Menores, Sename, para conocer en profundidad la situación en que se encuentran y contribuir a la prevención de la vulneración de derechos.

De la información general entregada por Sename en su anuario 2015, INDH destaca los datos relativos sobre personas más vulnerables dentro de la población atendida por Sename, debido a su condición de migrantes, mujeres, o pertenecientes a pueblos indígenas. Llama la atención la falta de datos desagregados sobre niñas, niños y adolescentes migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas en el sistema de justicia juvenil y la nula información acerca de niños LGTBI.

Las áreas de intervención

Respecto del área de adopción atendida por Sename (1% NNA), el Informe INDH establece que una política pública efectiva debe contemplar y exigir las coordinaciones necesarias, donde el sistema de adopción y el de protección trabajen colaborativamente, detectando nudos críticos a resolver, y el Poder Judicial sea actor garante del cumplimiento de los derechos de los NNA durante todo el proceso.

Sobre el área de protección (85% NNA), el INDH indica que resulta preocupante que se mantenga vigente la denominada Ley de Menores (Ley 16.618 ), que contiene un marco normativo obsoleto, no acorde a estándares de derechos humanos y reitera la necesidad de superar las falencias de coordinación intersectorial y dar prioridad a un enfoque centrado en el sujeto.

El INDH releva el rol del Poder Judicial dentro del sistema de protección de derechos a NNA. Igualmente menciona la falta de sistemas estadísticos y de información coordinados entre el Poder Judicial y Sename, y derivaciones de NNA a centros y/o hogares que no corresponden a su perfil.

INDH analiza también, el Informe Poder Judicial sobre visitas a hogares y residencias de protección de la red Sename y privados, en relación con cuatro ámbitos de derechos: trato respetuoso, digno y humano e integridad personal; derecho a la salud; acceso a la justicia y debido proceso y educación. Entre otros aspectos destaca: falta de coordinación entre sistema de protección y sistema de adopción; demoras en tiempo de adopción; gran número de patologías psiquiátricas al interior de la red del Sename, ausencia de protocolos.

Sobre el área de justicia juvenil (14% NNA), INDH insiste en que es necesario adecuar la Ley Responsabilidad Penal Adolescente, poniendo foco en la reinserción de jóvenes infractores. En este sentido establece que el interés superior del NNA debiera constituir siempre el principio rector, y la privación de libertad debiera ser siempre aplicada como último recurso, a la hora de dictar las órdenes de internación y que el Poder Judicial es responsable de la supervisión de las mismas.

El INDH revisa los informes (segundo semestre 2015) de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros CISC, también desde la perspectiva de cuatro ámbitos de derechos principales, lo que arrojó alertas respecto a situaciones de posible vulneración de derechos de NNA, entre otros: falta de atención ginecológica en los centros donde habitan mujeres adolescentes; escasa capacitación de funcionarios/as en materias de género; rehabilitaciones truncadas por ingreso de drogas a los recintos; maltrato a adolescentes: uso de la fuerza, abuso sexual.

Las muertes

Sename informó sobre 1.313 NNA fallecidos en el período 2005-16, de este total 865 son menores de 18 años y el resto ya había cumplido su mayoría de edad. En la modalidad de internación (243) 33 (14%) se encontraban cumpliendo una sanción privativa de libertad en alguno de los centros administrados por Sename, y 210 (86%) se encontraban en residencias u hogares del sistema de protección. En los programas ambulatorios ejecutados por Convenios con Organismos Colaboradores Sename (OCAS), se consigna un total de 622 menores de edad. Es decir 72% de los decesos ocurrió cuando el niño/a era atendido por un programa del sistema ambulatorio, y un 28% en algún sistema de internación.

INDH llama la atención sobre la tasa de muertes dentro del sistema de justicia juvenil. Allí se concentra el 35% del total de las muertes informadas (incluidas personas mayores de edad que permanecen en la red), en un sistema que recibe solo el 9% de las atenciones.

Respecto a la causal de muerte entregada por el Sename, se refiere generalmente a la consecuencia biológica por la cual el organismo finalmente deja de funcionar, pero no necesariamente a los hechos o causas que provocaron dicha consecuencia, lo que dificulta distinguir responsabilidades en una buena parte de las causas. El INDH no pudo analizar las investigaciones en curso por vía administrativa, por no contar con la información respecto a los sumarios instruidos y sus resultados.

Recomendaciones

El INDH sugiere la creación de un sistema de protección integral de la infancia, que cuente con leyes diseñadas acorde a estándares de derechos humanos (Sistema de Garantías de derechos para la infancia, Subsecretaria de la niñez, Defensor de los derechos de la niñez, y nueva Ley de Adopción).

Insta además al Ejecutivo a generar roles activos y con responsabilidades directas respecto a los NNA bajo la tutela del Estado, en especial a las prestaciones otorgadas por los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social.

Recomienda al Poder Ejecutivo mejorar los sistemas de registro de datos y la generación de estadísticas en Sename, asignar una adecuada dotación de funcionarios/as, capacitados de acuerdo a los estándares internacionales. Analizar los sumarios administrativos instruidos contra funcionarios/as por graves faltas a la normativa o maltrato contra NNA.

Finalmente pide al Estado cumplir con su obligación de investigar y sancionar a quienes resulten responsables de las muertes de NNA, y reparar a los familiares según corresponda. En este mismo sentido, el INDH sostiene que se debe avanzar en las investigaciones y sanciones administrativas por parte del organismo, en miras a determinar las eventuales responsabilidades de los/as funcionarios/as públicos/as en vulneraciones de derechos de NNA al interior de los Centros de Acción Directa.

Revisa aquí el Capítulo 3 del IA 2016 – Derechos civiles y políticos

Fuente: INDH

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