La persecución y el hostigamiento hoy atenta contra la libertad de expresión y opinión en territorio mapuche

Por: Carola Pinchulef C. Mapuexpress

Un nuevo golpe enfrentan las demandas indígenas en Chile./ Son reiterados los incidentes que han involucrado a periodistas que en su afán por registrar la situación que enfrenta el pueblo mapuche o simplemente reivindicar sus demandas se han visto expuestos a situaciones de persecución, hostigamiento e incluso han sido directamente deportados por el sólo hecho de simpatizar con la causa. A ello se suman los casos de amedrentamientos sufridos por los propios comunicadores mapuche en su labor de informar.

Uno de los casos más bullados lo vivió la cineasta chilena Elena Varela, quien fue finalmente absuelta por falta de pruebas por el Tribunal Oral de Villarrica en el mes de abril de 2010. No obstante, debieron pasar casi dos años para que la documentalista consiguiera un fallo favorable, tras su detención e incautación de todo su material fílmico en el cual trabajaba por ese entonces. Registro que daba cuenta de las peticiones de recuperación territorial en manos de comunidades mapuche en conflictos con empresas forestales y que lleva por nombre “Newen Mapuche”. La misma suerte corrió el trabajo en paralelo que la realizadora por ese entonces llevaba acabo y cuya locación se sitúa en Neltume, el documental titulado “Los Sueños del Comandante”.

Otros dos hechos de similares características se presenciaron el 2008 e involucró a comunicadores extranjeros. El primero de ellos afectó a dos documentalistas franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj quienes fueron detenidos y trasladados a dependencia de la Policía de Investigaciones, posteriormente de acompañar a un dirigente de la comunidad Autónoma de Temucuicui para hacer una filmación del trámite de su firma mensual, medida cautelar solicitada por el ministerio público en el marco de un proceso en su contra. No obstante, la intervención oportuna de la embajada francesa evitó que fueran expulsados del país.

No tuvieron la misma suerte los dos ciudadanos italianos, Dario Ioseffi y Gabriele Giuseppe. Ambos realizadores se encontraban registrando una ocupación pacífica de un predio de Forestal Mininco, el cual es reivindicado hace más de 17 años por comunidades mapuche de la comuna de Galvarino Provincia de Cautín. Al momento de la detención los documentalistas registraban una entrevista al longko de la comunidad. Pese a apelar a la medida de expulsión, fueron igualmente deportado y no se les restituyó el material audiovisual requisado.

Otra situación similar la vivió el fotógrafo italiano, Massimo Falqui Massidda, en febrero de 2010 en la comuna de Ercilla. Su detención se produjo cuando fue interceptado por efectivos policiales en plena vía pública. Falqui que por ese entonces llevaba tres meses residiendo en la Región de la Araucanía, se encontraba realizando un registro fotográfico sobre la realidad del pueblo mapuche para la Asociación Internacional de Derechos Humanos, entidad que cuenta con status consultivo en las Naciones Unidas y en el Consejo Europeo.

Tres meses después, de lo sucedido con el ciudadano italiano, dos nuevos casos se suman a la lista de comunicadores detenidos. Uno de ellos afecto al conocido fotógrafo y poeta chileno-norteamericano, Alejandro Stuart. A quien la policía detuvo en la casa de Waikilaf la mañana del 13 de mayo de 2010 e incautó su notebook y cámara fotográfica, con la cual registró la violenta detención a Waikilaf Cadín la tarde del día anterior en el mismo domicilio. Situación similar vivió la reportera austriaca, Georgia Schultze, de 34 años. La periodista realizaba un reportaje a las víctimas del terremoto en Chile, en la zona sur del país. Lugar donde se familiarizó con la situación del pueblo mapuche, la cual quiso registrar. Este hecho fue suficiente para que la comunicadora fuera arrestada por Policías de Investigaciones, el motivo de su detención guardaba estrecha relación con la marcha del 12 de mayo en Temuco, oportunidad en la que entrevistó a varios mapuche que participaban de ella.

Tanto la detención e incautación de los equipos de Alejandro Stuart y Georgia Schultze representa un nuevo atentado a la libertad de expresión, y de opinión sobre lo que acontece en territorio mapuche.

A lo anterior, es importante sumarle otras situaciones que aunque no encajan en la misma línea de la violación a la actividad comunicacional. Sí responde a un claro signo de hostigamiento, persecución y criminalización en contra de todo aquel que por el sólo hecho de reivindicar y denunciar una situación que se considera injusta y que rebasa los límites de la discriminación, como es la realidad que enfrenta el Pueblo Mapuche en Chile. País que por lo demás tiene el descaro de vocifera a los cuatro vientos ser contrario a la violación de los derechos humanos y asegura velar por su resguardo.

Eso bien lo sabe el ciudadano vasco y simpatizante de la causa mapuche. El destacado escritor, músico, anarquista e integrante de PEN Asel Luzarraga Zarrabeitia, quien fue detenido la tarde del 31 de diciembre de 2009, en su vivienda en la localidad de Padre Las Casas, ese mismo día es encontrado un artefacto explosivo en el frontis de la Secretaria de Justicia de la región. A raíz de ese hecho permaneció detenido por 41 días mientras se desarrollaba la investigación dictada por el Fiscal Sergio Moya. Pese a que se desestimó la acusación por infracción a la Ley Antiterrorista, desde el 10 de febrero del presente año Luzarraga debe permanece recluido en su domicilio y con orden de arraigo.

A ello se suma la detención del reconocido militante y comunicador que viene a engrosar la lista de prisioneros políticos mapuche. El futuro periodista Pascual Pichún Collonao, quien cumple condena en la cárcel de Traiguén, desde el 27 de febrero de este año, por una causa pendiente que tiene directa relación con intereses forestales. Razón por la cual Pichún decide solicitar refugió político en Argentina, lugar donde permaneció cinco años y comenzó a estudiar la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, producto de su consecuencia y convicción con la lucha de su pueblo, hoy ve truncada la posibilidad de finalizar sus estudios y seguir realizado su labor de comunicador, en el vecino país, a raíz de un proceso inconcluso en Chile que no estuvo exento de irregularidades.

Los casos de comunicadores mapuche

Aunque muchos pudieran pensar que la situación que afectó a Richard Curinao, febrero de 2010, es el primer caso que afecta directamente a un comunicador mapuche. Es necesario precisar que en marzo de 1999 la persecución y posterior detención recayó sobre la periodista y cineasta Jeannette Paillán, del Centro de Estudios y Comunicación Mapuche Lulul Mawidh, cuando realizaba un registro fílmico en la localidad de Cañete. Años más tarde, cae otro comunicador mapuche, en junio de 2005 es detenido el periodista y director del periódico Azkintuwe Pedro Cayuqueo. Diligencia decretada en base al incumplimiento de una condena judicial dictada el año 2003. En el marco de la recuperación del Fundo Santa Rosa donde el profesional tuvo participación a comienzos de 1999.

Han transcurrido 11 años, de los primeros casos de persecución en contra comunicadores mapuche que se tiene registro. Y el escenario que se percibe hoy nos da cuenta que son muy pocos los que cuentan con el título de periodista al interior del movimiento mapuche, situación que de alguna manera pudiera proteger la labor del trabajo periodístico. No obstante, la realidad que se vive es otra ya que la mayoría de quienes cumplen la tarea de informar a través de plataformas virtuales o en programas radiales, tienen que saber lidiar día a día con la amenaza de ser amedrentados en su tarea de comunicar. Eso bien lo sabe el comunicador social Richard Curinao, quien el 10 de febrero del presente año, sufrió la incautación de todo su material de trabajo. Producto de una investigación que supuestamente está ligada, con la recepción de información obtenida de primera fuente por Curinao de parte de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM. Indagación que fue ordenada por el Fiscal Sergio Moya, de la Región de la Araucanía, quien se ha especializado en la persecución y montajes de causas judiciales en contra de dirigentes y comuneros mapuche.

Este joven Comunicador Social, por profesión, jamás se imaginó que el ejerce activamente el rol de la comunicación mapuche en diversos sitios informativos; entre ellos su participación como editor del blog Werkén Kvrruf, miembro del programa radial Wixage Anai, e integrante de la Red de Comunicadores Mapuche, desencadenaría que el Fiscal antimapuche lo pusiera en la mira.

El doble estándar de la política chilena

A raíz de casos como estos que están estrechamente ligados con las demandas mapuche, no es necesario mirar tan lejos para estudiar las amenazas que hoy se experimentan en el mundo de la libertad de expresión. Sí tan solo el ente fiscalizador cumpliera una labor eficaz al momento de velar por lo que se considera uno de los derechos fundamentales del hombre, como es el derecho a la libertad de expresión y opinión, y que está claramente contemplado en la constitución chilena. No obstante, en Chile estamos a años luz de resguardar su ejecución, evidenciando una vez más el doble estándar de la política estatal a la que hace referencia el director para las América de Human Right Watch, José Miguel Vivanco.

Vivando aprovechó la inauguración del año académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, para dictar una clase magistral titulada “Amenazas a la Libertad de Expresión en Democracia”. Oportunidad que aprovechó el comunicador mapuche Richard Curinao para interpelar al encargado de Human Right Watch respecto a su situación. Sin embargo, el abogado se excuso señalando; “En el ámbito mapuche no me sorprenden lo que está sucediendo, pero no lo puedo dar por constatado porque desconozco los hechos. Pero no me extrañaría, porque en este país en democracia se les ha aplicado a algunos mapuche que han cometido delitos comunes la Ley Antiterrorista. Esto demuestra el grado de discriminación y hostigamiento absolutamente desmedido en pleno periodo de la Concertación, y que se evidenció en la administración de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”. A la vez puso énfasis en el doble estándar de los gobiernos de la concertación, que se hacen llamar democráticos pero que actúan de la misma manera que en tiempos de dictadura”, concluye.

Tras lo acontecido con los comunicadores y periodistas mapuche y no mapuche queda preguntarse ¿Existe la manera de proteger a quienes sin ser periodistas cumplen un rol de comunicador? Y que en el caso del pueblo mapuche son perseguidos y criminalizados en el marco de las reivindicaciones mapuche.-

Nota:

1.- Asociación mundial para la promoción de la amistad y la cooperación intelectual entre los escritores de todo el mundo. Defiende la libertad de expresión y de pensamiento, así como a los escritores que viven bajo regímenes represivos. El PEN es una organización no gubernamental, apolítica y con status de Categoría A en la UNESCO.

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Fiscales, Libertad de Expresión en Chile y El “Cuatrerismo” Cibernético ¿Prohibido Informar? / Leer Más: http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=5526

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