La nueva superestructura

Por Jaime Mondría (*)

Nace una nueva autoridad de Telecomunicaciones que lejos de reconocer, penaliza el Derecho a la Comunicación.

El espectro debiera ser un bien nacional de uso público toda vez que es un recurso natural no renovable, escaso e intangible que pertenece a todos los chilenos. Hay “zonas” del espectro a las que no se accederá nunca, como las bandas dedicadas a la comunicación aeronáutica, hay otras “zonas” a las que se accederá pagando como a la telefonía móvil y también hay “zonas” a las que accederá gratis y libremente como las bandas de la Tv Abierta y la radio AM y FM.

En términos sencillos, el espectro radioeléctrico es el espacio por donde transitan las ondas de las señales de la radio, de la telefonía celular, radioaficionados, frecuencias militares, la radio AM y la FM, las señales de TV y todas las otras señales conocidas.

A fines del año pasado, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que crea la Superintedencia de Telecomunicaciones en momentos que nuestro parlamento se encuentra legislando además sobre la Tv digital terrestre -un servicio de telecomunicación que usa espectro – y  la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) impugna ante el Gobierno la renovación de concesiones radiales  del grupo español Prisa, confiada de que se  cumplirá la “cláusula de reciprocidad” de la Ley de Prensa. Se entiende que el espectro radioeléctrico es materia de coyuntura en al menos dos de los tres poderes del Estado, esto si Prisa decide no recurrir a tribunales.

Antes que judicializar estos asuntos resulta apremiante legislar sobre el uso del espectro y no sólo generar mecanismos sancionatorios, el avance de la tecnología presenta la circunstancia y el imperativo ineludible de realizar un trabajo a fondo. El Ejecutivo debiera proponer legislación sobre el ordenamiento jurídico del uso del espectro, pero lamentablemente el proyecto en trámite sólo viene a generar sanciones y a delegar aspectos de la facultad legislativa de Subtel en la nueva Supertel, demorando aún más la actualización de los cuerpos jurídicos.

La nueva Supertel, deberá velar porque los servicios y sistemas que generen ondas electromagnéticas sean instalados, operados y explotados sin causar daños a las cosas o interferencias a otros servicios autorizados y eleva las multas máximas de 10.000 UTM a 10.000 UTA. Asimismo propone sanciones nuevas en un listado interminable y de “catálogo” de nuevas infracciones del uso del espectro sin hacer diferencia entre tipos de concesionarios. La multa en dinero es la misma para una empresa de telefonía que para un Canal de Tv o Radio Comunitaria de una pequeña localidad. De aprobarse la ley en trámite sin mediar cambios, trabajadores de medios comunitarios pasarán en la cárcel el resto de sus vidas porque no podrán pagar tan elevados montos de dinero.

Los estándares internacionales de la OCDE, el Tratado de la Diversidad Cultural suscrito por Chile, la ley Indígena y el Tratado 169 de la OIT apuntan en su conjunto a la despenalización de las comunicaciones y a promover medios de comunicación alternativos a los comerciales, a otorgar el espectro radioeléctrico necesario y a establecer un amparo efectivo a la comunicación ciudadana. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los maoríes tienen un canal de Tv Digital y también compañías de telefonía celular.

Que no se entienda lo anterior como promover ni permitir el uso des regulado del espectro, más bien se trata de anunciar que el Ejecutivo no incluye en su propuesta de legislación las especificidades de los diversos tipos de servicios de telecomunicación, ni trata de dar cabida a la diversidad de los habitantes del país. El proyecto reduce las telecomunicaciones a plataformas de negocio en el espectro, mientras que en materia legislativa, otros países consagran la comunicación como un Derecho Humano que va mucho más allá de relaciones contractuales entre privados.

¡Es apremiante elaborar un ordenamiento jurídico del uso del espectro electromagnético! y resulta más apremiante aún que esta alerta la origine un actor y no un especialista. Me inquieta pensar lo que están planificando nuestros expertos.

Para comprender la urgencia, de muestra un botón: resulta incomprensible que se otorgue la atribución a la Supertel de cerrar un canal de Tv, menos comprensible aun proviniendo de los mismos que maldicen a Hugo Chávez por lo mismo. Además se advierte duplicidad de funciones con el Consejo Nacional de Televisión que está facultado para aplicar idénticas sanciones.

Es conveniente que el Parlamento rechace el proyecto de ley a la espera de una normativa que dé cuenta íntegra y actualizada de la materia que se regula.

(*) Jaime Mondría -@jaimemondria- es actor, gestor cultural, activista ciudadno y colaborador de la Mesa Ciudadana de TV Digital.

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