La democracia increíble

Por Wilson Tapia Villalobos

Hoy es difícil que los chilenos puedan ufanarse de la que parecía ser una carta de presentación estrella: su democracia. Así creían que era antes de que se fraguara y concretara el golpe cívico militar, en 1973, y luego de que de que se retomara la senda democrática, en 1990. Tal sentir parecía avalado por voces que venían de distintos foros internacionales que alababan la forma en que se había realizado la transición. Hoy, sin embargo, tal como ocurrió en 1973, esas visiones parecen falaces.

La única forma que sirve para medir la democracia debe estar en el sentir de quienes viven bajo tal sistema.  En 2013, para sorpresa de muchos, el 58% de los ciudadanos se abstuvo de emitir su parecer al momento de elegir a su nueva presidenta de la  República. Fue un síntoma que obligó a pensar en reimponer el voto obligatorio. Pero la obligación no resuelve el sentir.

Los chilenos muestran muy poca empatía con la clase política.  Al punto de que sus integrantes reciben la peor calificación, junto a los integrantes del Poder Judicial.  Y se trata de dos instituciones democráticas fundamentales.

El Poder Ejecutivo, por su parte, tampoco alcanza calificaciones sobresalientes. La última aparición de la presidenta Michelle Bachelet en una larga entrevista que concedió a Chilevisión, no ayudó a mejorar las cosas. Mostró ese carácter empático que la acerca a los chilenos, pero no aportó la dosis de liderzazo que se requiere para defender las reformas estructurales que ha planteado su gobierno. Los problemas que éstas enfrentan hoy no son sólo el resultado de fallas comunicacionales, como señaló la mandataria. Hay algo más de fondo.  Y es hacia eso que debe apuntar la visión de un líder. Explicar, por ejemplo, por qué tales propuestas generan tanto rechazo en los segmentos más favorecidos de la sociedad. Me refiero a las reformas educacional y tributaria. Si Bachelet no ve así las cosas, los chilenos que votaron por ella lo habrían hecho por su cercanía y carisma. Cuestión muy respetable, por cierto. Pero hay un vasto sector de sus electores que lo hicieron pensando en que ella podía representar la posibilidad de terminar con la desigualdad que hoy impera en la sociedad chilena. Para lograrlo, parece no ser suficiente la cercanía y el carisma, se requiere conducción y un traspaso importante de herramientas políticas que sirvan para entender y defender las reformas que planteó en su programa de gobierno. Pero la imagen de esta democracia increíble pasa también por otros derroteros. Uno de ellos es la mezquindad política. Las actitudes de la oposición y el oficialismo sólo colaboran en el descrédito de la política y, por ende, de la democracia.

Hay, además, otros hechos relevantes.  Provienen de instituciones tan trascendentes como la Justicia.  El juicio contra el sacerdote John O´Reilly resultó ser una caricatura. El clérigo fue condenado por abusos sexuales contra una menor. La condena por ese crimen aberrante: cuatro años y un día de libertad vigilada. O´Reilly no es un sacerdote católico cualquiera.  Es uno de los emblemas, en Chile, de los Legionarios de Cristo, una de las corrientes con mayor poder -económico y político- dentro del catolicismo local. Y eso lleva a considerar que nuestra Justicia no es ciega.
La condena a O´Reilly hizo recordar el publicitado juicio contra la colusión de las farmacias.  Ese doloso episodio, que generó multimillonarias ganancias a sus autores, terminó también con algunas penas que fueron ridículas: obligación de asistir a clases de ética empresarial para los ejecutivos de Fasa, Salcobrand y Cruz Verde, las tres cadenas involucradas. Finalmente, tal pena fue desechada, pero ninguno de los ejecutivos tuvo condena de cárcel, pese a que las ganancias logradas alcanzaron a cerca de $30.000 millones, unos US$15 millones de la época (2008) y la cantidad, cientos de miles de personas.

Otro punto en el ámbito de la justicia que llama la atención es el desempeño del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en relación de los Derechos Humanos.  Cuando se trata de la denuncia de violaciones a los DD.HH., el CDE asume una actitud inquebrantable de defensa de las víctimas.  Pero cuando se llega al tema de la compensación por el daño recibido, el Consejo se transforma en un defensor a ultranza del violador.  En el caso de los militares, el Estado chileno.

Y a propósito de los militares violadores de los DD.HH. Parece poco democrático que gocen de pensiones estatales reajustables, igual que las de quienes no han cometido delito alguno; no hayan perdido sus grados; y purguen sus penas en cárceles especiales.  Como si atentar en contra de la condición humana fuera un distintivo de privilegio para el malhechor.    El caos en el Metro es otro elemento discordante. En los últimos tres meses se han producido cuatro incidentes serios, que afectaron a millones de santiaguinos. La reacción gubernamental llegó hasta imponer la salida del presidente del Directorio. Una medida que, obviamente, no resuelve los problemas técnicos. Y las explicaciones oficiales son más bien tímidas. Sólo el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, enfrentó las críticas políticas de la oposición con cuestionamientos también políticos.  Dijo que lo que ocurría en el Metro era la consecuencia de que en los cuatro años de la administración Piñera el Metro quedó abandonado. Ahora faltan las pruebas. Ahora habrá que ver si la administración Bachelet soporta las presiones y fortalece la presencia estatal en el Metro, en vez de abrirlo a las concesiones a privados.

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