Justicia lejana para mujeres

Por Marcela Valente / IPS

BUENOS AIRES – Solo una pequeña proporción de mujeres latinoamericanas que sufren el menoscabo de sus derechos acceden plenamente a la justicia, alertó un colectivo de organizaciones feministas de la región.

“No se trata solo de litigar sin gastos o de plantear un problema ante un tribunal”, dijo a IPS una de las autoras de la denuncia, la argentina Natalia Gherardi, sino de “acceder a un buen servicio judicial”, capaz de fallar “en un tiempo prudencial”.

Gherardi, directora ejecutiva de ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, indicó que “la desigualdad, la discriminación y la marginación” explican los obstáculos materiales de muchas mujeres para acceder a la justicia.

Pero aun cuando logran superar esas barreras y acceden al sistema, encuentran muchas veces “un tribunal de justicia cargado de estereotipos de género” producto de la falta de sensibilización que requeriría “un cambio cultural” de la sociedad, añadió.

Esta denuncia fue presentada a fines de marzo en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington por parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género.

Las mujeres de la Articulación, que provienen de organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, pidieron a la Comisión esa “audiencia especial” con dos objetivos simultáneos.

“Uno fue político regional para llamar la atención de la Comisión sobre problemas que exceden a un solo país y que se presentan como un patrón de conductas en varios, con realidades económicas y sociales diversas”, explicó Gherardi.

Este llamado de atención es clave, destacó la activista argentina, debido al rol que puede asumir esta Comisión, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante los gobiernos del continente en el seguimiento de estos temas mediante visitas, informes especiales y otras acciones.

El otro propósito es que, al llevar el tema a un foro que vela por el cumplimiento los de compromisos de cada país en materia de derechos humanos, se apunta a que en cada sitio se vea la importancia que se da a problemas internos en la comunidad internacional.

En este sentido, la Articulación señala en el texto de la denuncia que “hay avances en la conquista de derechos que no encuentran correlato en la transformación de la realidad de muchas mujeres latinoamericanas”.

Junto a la argentina ELA están en Articulación, creada en 2004, la Corporación Humanas, de Chile, Colombia y de Ecuador, la Coordinadora de la Mujer, de Bolivia, La Cuerda, de Guatemala, Equis: Justicia para las Mujeres, de México, y Demus. Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, de Perú.

Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, de Chile, dijo a IPS que acudir a la Comisión Interamericana sirve para “visibilizar” problemas que fueron denunciados reiteradamente en los países, pero que persisten como el de la violencia.

A eso se suman nuevos retos, remarcó, como la falta de acceso a la justicia de mujeres indígenas o el empobrecimiento que sufren adultas mayores por no poder acudir a la justicia en defensa del derecho a la jubilación.

Para Carrera, una de las principales trabas está a nivel de los parlamentos. Las leyes contra la violencia en muchos países solo atienden a la intrafamiliar, dejando impunes las agresiones de género que se ejercen en otros ámbitos de la vida social.

Las entidades femeninas que hacen un seguimiento de las causas que involucran a mujeres, a través del Observatorio de Sentencias Judiciales, han advertido “patrones sistemáticos de violación de derechos de las mujeres” en la región.

Esta violación se da principalmente en relación a los delitos violentos perpetrados contra ellas, pero también en casos de derechos sexuales y reproductivos, como la negación de la anticoncepción de emergencia, al igual que con los derechos económicos, laborales, sociales y culturales.

Cuanto mayor es la marginación de las mujeres, más son sus dificultades de acceso pleno a la justicia, con lo cual aparecen especialmente afectadas las que viven por debajo de la línea de pobreza, en zonas rurales, indígenas o afrodescendientes.

En Argentina, un asunto emblemático es el de los abortos no punibles, señaló Gherardi. Se refirió así a la gran cantidad de mujeres que son llevadas ante los tribunales pese a que la ley no obliga a responder en estos casos.

Por ejemplo, mujeres a las que la ley permite interrumpir un embarazo producto de una violación sexual deben, muchas veces, peregrinar por tribunales en busca de una autorización no exigida por la norma, pero sí por el sistema sanitario y que, de conseguirse, siempre llega tarde.

En Colombia se exige a las mujeres víctimas de violencia agotar el conflicto en una audiencia de conciliación entre las partes antes de avanzar en un proceso, pero, en cambio, se puede demorar mucho más de lo debido en un proceso por violación.

En este punto, el informe presentado a la Comisión cita el caso de una niña violada por su padre, que después de cuatro años de recorrer los tribunales aún no ha logrado la imputación del atacante, pese a las múltiples pericias y a declaraciones a las que fue sometida.

También en México y Chile se ofrece suspender procesos iniciados por mujeres en situaciones de violencia, y optar por alternativas que no implican sanción, lo que redunda en un “alarmante índice de impunidad”.

Carrera recordó el caso de la jueza chilena Karen Atala, a la que se le denegó en su país justicia por discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también parte del sistema de la OEA, condenó en marzo al Estado por quitarle el cuidado de los hijos bajo el argumento de que es lesbiana.

Otro caso muy sonado ocurrido también en Chile, que obligó a las mujeres a acudir al sistema interamericano, fue el de la aymará Gabriela Blas. Quedó embarazada a los 16 años, producto de una violación. Tuvo a su hijo, pero el acusado, sobreseído, la siguió acosando.

La mujer, dedicada al pastoreo de ganado, extravió a su hijo de tres años, quien luego apareció muerto. Por esa pérdida, Blas fue condenada a 12 años de prisión y no se le permitió asistir al funeral del niño.

Foto ELA

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