Inician campaña contra Privatización de los peces

Ecoceanos News

Con la presentación formal por parte de cuatro diputados de una moción para que el Parlamento chileno derogue la Ley de Pesca promulgada en febrero pasado luego de un proceso legislativo con evidentes vicios, investigaciones por Cohecho y violación a los derechos de los pueblos originarios, organizaciones ciudadanas, de pesca artesanal y del Pueblo Mapuche, iniciaron una campaña nacional e internacional para que en Chile el nuevo gobierno derogue esta normativa que privatizó los peces.

La iniciativa de derogación fue presentada por los diputados del Partido Comunista Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, y Guillermo Teillier y el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, con el apoyo de los pescadores artesanales agrupados en el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), del Centro Ecoceanos y del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche.

La campaña nacional e internacional incluirá la difusión de información acerca de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía de Tarapaca y la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por la transferencia de dinero desde las empresas pesqueras a diputados; la denuncia por la violación al Convenio 169 de la OIT ya que esta Ley que afecta directamente los derechos de los pueblos originarios no fue consultada a las comunidades; y por los diferentes conflictos de intereses de diputados y senadores vinculados financieramente a las empresas pesqueras beneficiadas con la privatización de los peces.

El mal olor de la Ley Longueira
Luego de la acción de los diputados que presentaron el documento que demanda derogar la Ley Longueira, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos señaló que “con la presentación de la moción parlamentaria, comienza la campaña ciudadana para derogar la ley de privatización pesquera Longueira-Angelini, debido a que es una ley viciada, ya que su aprobación fue financiada por el dinero de las 7 familias de empresarios pesqueros directamente beneficiados. Su origen es oscuro y corrupto, ya que proviene de acuerdos cupulares entre el gobierno, los partidos y políticos de la oposición, un sector de dirigentes de la pesca artesanal y los grandes empresarios pesqueros industriales”.

Cárdenas agregó que “la tramitación express de la ley de privatización pesquera fue realizada con graves vicios de forma y de fondo, tales como la no consulta obligatoria e informada a los pueblos originarios. Con ello violaron tanto la legislación nacional como el Convenio 169 de la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A lo anterior debe sumarse la participación y votación de cinco diputados y senadores que tenían graves conflictos de intereses al poseer acciones en empresas del sector. Además, gerentes y empleados de la compañia Corpesca y las patronales Asipes y Sonapesca, participaron como ‘asesores’ de diputados durante las sesiones de discusión y votación de la ley”.

Finalmente Cárdenas indicó que “Se recolectarán firmas ciudadanas a nivel nacional y se consultará a los diversos candidatos presidenciales y a parlamentarios para que fijen su posición pública frente a la exigencia de los ciudadanos, comunidades costeras, pueblos originarios y pescadores de pequeña escala de derogar la ley Longueira-Angelini”.

Ley de Pesca en Chile no tiene certeza jurídica
Respecto a la campaña el vocero de los pescadores artesanales del CONDEPP, Cosme Caracciolo afirmó que están comunicando a todos sus socios “en todo el país acerca de lo que siempre sostuvieron, que en la tramitación de la Ley Longueira hubo corrupción, vicios legales y violación a los derechos de las comunidades indígenas”.

“Todas las organizaciones agrupadas en CONDEPP comenzarán a rechazar esta Ley y al candidato presidencial Pablo Longueira. Pero también comenzaremos a informar a las organizaciones internacionales acerca de la ilegitimidad de esta normativa y a los financistas internacionales que la Ley de Pesca en Chile no tiene certeza jurídica”, agregó el pescador artesanal.

No se respetó Convenio 169 de Pueblos Originarios
Por su parte el diputado Lautaro Carmona señaló a Ecoceanos News que “dada la conmoción pública que provocó la noticia de que Corpesca habría entregado dinero a la diputada Isasi”, queda demostrado “que efectivamente la ley fue aprobada con el compromiso de las familias interesadas y que es una Ley a la medida de los grandes consorcios de la pesca y contra los intereses de los pescadores artesanales y los pueblos originarios”.

Carmona agregó que “los Pueblos Originarios están respaldados y protegidos por el Convenio 169 de la OIT que obliga a que cualquier actividad económica que involucre su espacio debe ser consultada y aprobada por ellas mismas y en este caso las comunidades lafkenche no fueron consultadas”

Es necesario “que el ejecutivo envíe un nuevo proyecto que considere la opinión de los pescadores artesanales, delos trabajadores de la pesca en general y sobre todo de las comunidades lafkenche y así tengamos una ley en beneficio de la soberanía económica y desarrollo del país y no en beneficio de siete familias”, agregó el legislador.

Derogación en programa de futuro gobierno
Consultado el parlamentario acerca de la necesidad que el programa de gobierno de los candidatos presidenciales incluya la derogación de la Ley Longueira, afirmó que “no me cabe ninguna duda que existe la obligación de tomar en cuenta lo que está estableciendo la comunidad del país en distintos planos, entre otros en el choque de intereses que hay en lo que se refiere a una actividad como es la pesca, así que este tema debe estar presente”.

Los parlamentarios autores de la moción sostuvieron que es inconcebible que siendo Chile uno de los diez países en desembarques pesqueros del mundo, actualmente el sector solamente aporte un 0,4% del PIB del país, lo que sumado a otros factores ha profundizado el colapso de las pesquerías y la absorción de las pymes por parte de la gran industria.

Para su aprobación en la Cámara de Diputados, esta moción requiere del voto afirmativo de la mayoría simple de los presentes, después de cumplir su trámite de discusión en la Comisión correspondiente.

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