Indulto y violaciones a los derechos humanos: El debate que viene

Lejos de cerrar el tema, la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN considera que tras esta decisión se abre una nueva oportunidad para que nuestro país inicie un debate sobre los derechos humanos abierto a la ciudadanía y donde las nociones de memoria y justicia constituyan su eje central.

Declaración Pública

El Presidente de la República ha respondido a la propuesta realizada por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica sobre indultos. En su anuncio excluyó la ley de indulto general e indultos particulares a condenados por casos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones, abusos contra menores y otros delitos de igual gravedad.

Lejos de cerrar el tema, la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN considera que tras esta decisión se abre una nueva oportunidad para que nuestro país inicie un debate sobre los derechos humanos abierto a la ciudadanía y donde las nociones de memoria y justicia constituyan su eje central.

La respuesta del Presidente, aún cuando no entregó mayores detalles sobre cómo implementará lo anunciado, reafirma que el actual gobierno no podía desconocer que gran parte de la sociedad chilena considera inaceptable la impunidad por violaciones a los derechos humanos. Y que existe una deuda en esta materia, con familiares que siguen buscando a sus desaparecidos y con criminales sin condena, impidiendo que vivamos la democracia en su plenitud.

Por ello proponemos la generación de un debate en torno al sistema de justicia en Chile y a la necesidad de concluir el ciclo de verdad y justicia frente a las violaciones de derechos humanos del pasado, derogando la ley de amnistía para posibilitar la investigación y juzgamiento de tantos crímenes de lesa humanidad todavía pendientes.

Es fundamental que esta discusión considere a otros actores, así como la posición y el aporte de las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos, quienes difieren, en su mayoría, de los argumentos entregados por la iglesia católica en materia de indultos.

Como parte de su propuesta, los obispos católicos se referían a la necesidad de considerar el indulto para quienes cumplen condenas por delitos contra los derechos humanos cometidos bajo el régimen militar. Advirtiendo que no proponían un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado, plantearon la necesidad de un análisis de casos que considere el grado de responsabilidad que les cupo a cada cual, el grado de libertad con que actuó, así como los gestos de humanidad y arrepentimiento que haya tenido.

Fundamentaron su propuesta en la clemencia y el perdón cristiano. Adicionalmente, la conferencia se refirió al sistema carcelario, señalando que este no favorece la rehabilitación y reinserción, que se encuentra sobre poblado y que en su interior hay tensiones de convivencia marcadas por la agresividad y el temor, justificando indirectamente su propuesta en la necesidad de abordar esta crítica realidad.

Sin poner en duda la preocupación de los obispos católicos por la convivencia y paz social en el contexto del bicentenario de la formación del estado chileno, paz que, como se señala en esta propuesta, es obra de la justicia, son varios los reparos y cuestionamientos que diversos sectores de la ciudadanía han hecho a esta iniciativa, y que nosotros como organizaciones de la sociedad civil compartimos.

El primero de ellos dice relación con la obligación de las autoridades de un estado laico como el chileno de gobernar para todos los ciudadanos, y no tan sólo para aquellos que profesan una determinada fe o creencias religiosas. Por lo mismo, por legítimas que parecieran los fundamentos de esta propuesta -perdón y clemencia- desde una perspectiva cristiana, decisiones públicas de esta importancia en un estado laico deben ser adoptadas por motivos de bien común y no por opciones religiosas que no todos los ciudadanos comparten, como parecen pretender los obispos.

Un segundo punto de la apertura del debate se refiere a la urgente necesidad de revisar el sistema carcelario en Chile, para que este cumpla con las garantías mínimas que los centros de detención y sistemas de reclusión deben tener de acuerdo a las directrices de derechos humanos internacionalmente reconocidas.

En el documento de la iglesia se establece una relación entre el indulto y la necesidad de resolver el problema carcelario en Chile. Se trata, como señalan los obispos, de un problema crítico, que se manifiesta en una enorme sobre población de los penales, en el trato inadecuado que se da a quienes se encuentran recluidos en ellos- los que incluyen la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes-, y en la inexistencia de programas adecuados de rehabilitación de la delincuencia.

Curiosamente, quienes se han manifestado partidarios del indulto amplio propiciado por los obispos católicos, son los mismos que han presionado – y en gran medida logrado- a favor de una política de encarcelamiento masivo de quienes delinquen, o sean sospechosos de ello. Dicha política, además de no ser efectiva para poner término a la delincuencia como señalan los especialistas, ha convertido a Chile en el segundo país en América Latina con mayor población penal. Así, al 2008 Chile tenía 279 presos por cada 100 mil habitantes, sólo superado por Surinam, con 356 presos por el mismo número de habitantes.

Los cuestionamientos más serios a la propuesta de la iglesia católica se centraron, sin embargo, en su aplicación a quienes hayan cometido crímenes contra los derechos humanos bajo el régimen militar. Tal como lo han señalado destacados defensores de derechos humanos en los últimos días, si bien en el derecho internacional sólo se declara que los crímenes de lesa humanidad -como los cometidos bajo el régimen militar- son imprescriptibles, y no establece que no se pueda aplicar medidas de clemencia, como el indulto, ello no puede dar pie a que se impulsen formas de impunidad disimulada a través de la adopción de medidas de clemencia por la autoridad.

Diversas entidades de derechos humanos de Naciones Unidas, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han manifestado su preocupación por la persistencia en nuestro país de un marco normativo -ley de amnistía- que impide la sanción de los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo dictadura. Han instado a Chile, en reiteradas oportunidades, a reformar dicha legislación para hacer posible su investigación y sanción, conforme a las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Un argumento adicional cabe esgrimirse en el caso de los indultos propuestos por los obispos para los violadores de derechos humanos. El indulto no podría, en caso alguno, hacerse sin tener presente la opinión de los familiares de las víctimas de dichas violaciones, sobre todo si el fundamento que se señala para invocarlo es el del perdón. ¿Como podría adoptarse una decisión involucrando el perdón de la iglesia católica o del presidente de Chile, sin existir el perdón de los familiares de las víctimas de esas graves violaciones a los derechos humanos?

El Estado de Chile no ha cumplido hasta ahora con las recomendaciones de la comunidad internacional sobre la materia, y permanece sin juzgar y sancionar numerosas violaciones de derechos humanos como consecuencia de la legalidad vigente. Por ello, las organizaciones que integramos ACCIÓN estaremos vigilantes a la forma en que se aplicarán, en la práctica, los indultos caso a caso y en alerta para que bajo ningún fundamento se proceda a indultar a quienes, luego de años de ocurridos estos graves crímenes, han podido ser juzgados y sancionados por los tribunales.

Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN

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