Igualdad en las vacaciones

Es perfectamente aceptable que en las vacaciones algunos puedan ir de viaje al extranjero mientras otros tengan que conformarse con mojarse los pies en una pileta pública, pero lo que no parece aceptable es que algunos sean protegidos de manera especial en su lugar de descanso por las Fuerzas Armadas y de Orden, mientras otros ven restringidos sus derechos constitucionales, para asegurar la comodidad de los primeros.

Eso es lo que está ocurriendo en el Lago Caburgua, de acuerdo a las informaciones de prensa que señalan que la cabaña en la que descansa la Presidenta Bachelet, ha sido motivo de un amplio operativo de seguridad a cargo de Carabineros, Investigaciones y hasta la Armada, con el solo fin de que ningún otro veraneante o curioso la moleste.

Nadie cuestiona el derecho de la Presidenta a descansar ni a que aspire a que no se la moleste, pero eso no se puede hacer a costa de los derechos de otros. Si quiere privacidad, lo lógico es que vaya donde la pueda encontrar, pero si quiere mantener su tradicional lugar de descanso por más de diez años debe comprender que no puede imponer condiciones que afecten a otros.

De acuerdo a las informaciones, los barcos no pueden acercarse al sector de El Llolle, donde se encuentra la cabaña de Michelle Bachelet, pero además el perímetro de vigilancia sería más amplio que este sector e incluye efectivos del GOPE ocultos en el bosque que ya protege la casa de descanso y patrullajes de la Armada en el lago. Como contrapartida, los lancheros de Caburgua han instaurado paseos para los turistas por los que cobrarían hasta 80 mil pesos, con la condición de que el viaje se puede hacer hasta donde la Armada lo permita.

Llaman la atención estas restricciones cuando han sido los propios gobiernos de la Concertación, los que han impulsado el libre acceso de todas las personas a todas las playas del país, salvo, claro está, cuando se trata de una cabaña específica del lago Caburgua. ¿Qué ocurriría si otro veraneante famoso de este balneario, el candidato Sebastián Piñera, quisiera llegar navegando de visita a la casa de la Presidenta? ¿Se haría una excepción o se le cerraría el paso?

No está de sobra recordar que los estados de excepción, que tanto criticó la Concertación cuando fueron aplicados por el régimen militar, comienzan por restringir los derechos constitucionales al desplazamiento de las personas por todo el territorio nacional. Lo que se hace en Caburgua iría contra la Constitución que la Presidenta juró respetar y resguardar al asumir, a menos que se dicte estado de emergencia. ¿Qué ocurriría si algún vecino de Caburgua interpone un recurso de amparo por la violación de sus derechos constitucionales?

Por Andrés Rojo.
Periodista.

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