Historiadores Mapuches se pronuncian frente a la crisis social y ambiental de Chiloé

Ante la situación de movilización que viene protagonizando la población de Chiloé y los territorios costeros adyacentes, como Centro de Estudios e Investigaciones Comunidad de Historia Mapuche (CEI-CHM) nos hacemos el deber de compartir nuestras impresiones sobre el conflicto, extendiendo nuestra solidaridad a todas las comunidades afectadas y esperando la solución estructural a los problemas que les afectan.

I

Hemos sido testigos de cómo la sociedad Chilota contiene formas de representación legitimadas y en interacción entre ellas, las que le permiten hablar sin intermediarios sobre sus necesidades, intereses y expectativas, especialmente en situaciones de crisis como la de hoy. ¿Por qué las autoridades no ven la organización y movilización de la gente como una oportunidad única de negociación? y de paso, de limpieza del lastre en que se han convertido las relaciones entre ciudadanía y Estado.
Desde una visión de Estado, es un error político dividir aguas entre quienes tienen el problema directo (pescadores, mariscadores, recolectores) y quienes no, como si las necesidades no fueran extendidas en la población ni estuvieran interrelacionadas. Se constata de voz de los propios afectados el cómo al fallar el principal motor de la actividad económica, como lo es la pesca y la recolección, se termina resintiendo el conjunto de la sociedad local (comercio y turismo, entre otros) reapareciendo el fantasma del desabastecimiento y el hambre. La negociación para la solución, como lo plantea la dirigencia chilota, tiene que ser sistémica e integral, centrándose en el territorio y sus gentes, en la capacidad de construir una nueva forma de control, administración y desarrollo por parte de la población local.
Todo esto a contracorriente de los intereses de las empresas foreanas que han terminado agotando y contaminando los recursos naturales sin responsabilizarse por los daños medioambientales. El aumento de la indignación y la presión social que estalla en situaciones como la que vive la Isla de Chiloé y los territorios adyacentes es producto de la actitud de los políticos chilenos, quienes han privatizado y dejado la política al influjo de sus partidos y grupos económicos que negocian coludidamente. El Estado continúa siendo secuestrado por quienes distinguen entre instituciones de gobernabilidad y sociedad carente de capacidades de autogobierno.
Como también quienes conciben una clase política rica y empoderada que gobierna y pueblos atomizados y subalternizados que son gobernados sin contar con incidencia en la resolución de los conflictos. Y que la mayor responsabilidad del Estado es el ofrecimiento de míseras bonificaciones al lado de elevados salarios parlamentarios, la mayoría de ellos financiados por la misma clase empresarial. Así, cada vez es más claro que el proyecto de desarrollo económico del país es un proyecto de clase, racialmente constituido, en donde los pueblos solo recibimos los costos asociados al enriquecimiento de algunos pocos. Sin embargo, la soberanía radica en los pueblos.
En su lenguaje y acción contienen una verdad que nos representa más que las definiciones geoestratégicas de los grupos de interés con poder económico, los cuales legitiman sus operaciones en una Constitución inconsulta. El accionar del Estado chileno y los grupos económicos continúan siendo funcionales a un ordenamiento económico mundial que no resguarda los cambios medioambientales que esta experimentando el planeta. A nivel local este modelo ha sido cuestionado y denunciado por los sucesivos estallidos sociales que en distintos territorios (Magallanes, Aysén, Freirina y nuestro Wallmapu, entre otros) han desbordado los pocos e inexistentes espacios de participación ciudadana real y efectiva; y que se suman a los sacrificios del Pueblo Mapuche en su lucha por el territorio y contra los proyectos de inversión que se instalan sin consentimiento y de forma ilegal.

II

Los distintos movimientos sociales han venido denunciando los costos que la economía extractivista trae consigo al afectar a una vasta población humana, incluyendo la vida animal y el entorno viviente en su conjunto. La sequía, la polución, la extinción de las especies, dañan el ecosistema del cual somos participes. Ahora, de parte del Estado, estratégicamente se ha querido implantar el discurso de que esto se repara a través de bonos y mediante una reconversión laboral a través de la implementación de pequeños cursos CENSE, sin revocar el origen profundo del problema.
Por de pronto la nefasta política del Estado y el gobierno ha sido acudir a la represión hacia quienes luchan por destinos distintos al ecocidio de su territorio y al etnocidio de su población. La situación es grave y tiene que ver con la sustentabilidad del planeta del cual formamos parte y en cuyo desorden el gran capital económico tiene mucha responsabilidad. Sería irresponsable acusar a toda la humanidad sin distinguir que las condiciones neocoloniales en que se organiza la economía mundial.
Los ordenamientos capitalistas neoliberales, como la cuestionada ley de pesca, conllevan el afán de lucro sostenida en una cultura del consumo centrada en el individualismo avasallador de toda forma asociativa, cooperativa y comunitaria de organización y distribución. En su afán monopólico de concentración de la riqueza y acaparamiento de los recursos cosifican las reservas presentes en los territorios (marítimos como terrestres) vertiendo sus desechos (orgánicos y químicos) y basuras (balsas, boyas, mallas, etc.) en los mismos hábitats que profanan.
Todo esto coexiste con grandes bolsones de pobreza no sólo material, sino también con una mísera capacidad de incidir y decidir por un orden y sistema distinto al que creó la crisis. Como ya lo vienen anunciando las últimas conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático, las transformaciones que vemos a escala global han llegado para quedarse.
Lo impactante de esta constatación es que el cambio no es gradual, sino sumamente rápido, lo que pone en dudas las capacidades de responder ajustadamente y no paliativamente (parches) a la crisis. Es el caso de la “marea roja” que ha generado el varamiento de distintas especies maritimas y, por consecuencia, ha puesto en peligro la mantención de la soberanía alimentaria en la Isla de Chiloe, algo fundamental para la autonomía de los pueblos. Frente a esto lo que hoy pide el movimiento social en Chiloé, es una política de Estado, que si bien requiere en lo inmediato de una comisión con los agentes de gobierno nacional y regional, debe resguardar el derecho a participación de la población como los principales actores a decidir sobre su propio futuro.

III

Aunque científicos independientes, nacionales o extranjeros, interpreten los fenómenos que detonaron la crisis en el mar a favor o en contra del gobierno y las empresas, la gente sacó ya sus conclusiones. Ningún método científico puede cambiar el juicio que empíricamente se ha formado la población afectada. “Nos echaron a perder nuestra fuente de trabajo” es lo que dicen las madres llorando en una calle de Carelmapu, pero que puede ser en Maullin, Chonchi o Ancud. Esto solo refleja el juicio que las familias de pescadores y recolectores tienen ante la irresponsable actitud de las empresas y la nula fiscalización que hace el Estado en medir los impactos y administrar los residuos de un negocio que traspasa los costos en el medio ambiente y su población local.
Por último, la secuencia de hechos en que el planeta busca su equilibrio de energías a través de volcanes, terremotos, tsunamis o marejadas, por las cuales Chile y el Gulumapu se estremecen, es la forma que tiene nuestra gran madre/padre de auto regularse. Nosotros, respetuosos de la construcción de equilibrios es que pedimos y esperamos lo mejor para nuestro planeta, para todas sus formas de vida y la humanidad. Todo intento por zafarse de la dominación y convertirse dignamente en sujetos -más que objetos o cosas-, ayuda y favorece este equilibrio.
La marea roja y la industria extractiva de la salmonicultura que provocaron la crisis inmediata tiene su oportunidad en la negociación actual. Esperamos de las autoridades y políticos la altura de miras necesaria para enfrentar la crisis colaborativamente y sin imposiciones ante sus interlocutores en la Isla de Chiloe. Confiamos en que los pescadores artesanales y las comunidades locales resguardarán los respetos al medio que tan dadivoso ha sido con sus padres, madres y antepasados, ayudando a tallar su cultura tan singular en la diversidad que encierra el país.
Esperamos que las comunidades, organizaciones y familias de la isla perseveren en su crítica al actual modelo económico extractivista. Apoyamos a que persistan en sus acciones de auto-organización autónoma que han puesto en marcha con la crisis, más allá de una eventual solución coyuntural o respuesta del gobierno de turno. Las posibilidades de transformación social y de un vivir bien no están en manos de gobiernos que despojan la soberanía de los pueblos, sino en las personas, comunidades y familias.
Centro de Estudios e Investigación – Comunidad de Historia Mapuche Mayo, Rimü 2016
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