Hidroaysén recurrió a Tribunal Ambiental para dejar sin efecto revocación del Comité de Ministros

Un escrito de 156 páginas, ingresó este martes 26 de agosto, la empresa Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A al Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, para reclamar en del acuerdo N° 10 del Comité de Ministros de fecha 10 de junio de 2014, que deja sin efecto la Resolución Exenta del 13 de mayo de 2011, que calificó favorablemente desde el punto de vista ambiental el proyecto Hidroaysén.

El controvertido proyecto Hidroaysén ingresó a evaluación ambiental  el 14 de agosto de 2008, a través de un Estudio de Impacto Ambiental. El proyecto considera la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, con una potencia total instalada de 2.740 MW, que en conjunto generarían 18.430 GWH.

La evaluación ambiental se prolongó por más de dos años y 8 meses, hasta que el EIA fue aprobado mediante resolución  Exenta del 13 de mayo de 2011. Una vez que se dictó la RCA se interpusieron siete recursos de protección  en contra de la misma ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, los que fueron vistos por la Corte de Puerto Montt por las inhabilidades de ministros. Todos fueron rechazados en primera instancia el 6 de octubre de 2011, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema, el 4 de abril de 2012.

En el intertanto, Hidroyasén presentó una reclamación  ante el Comité de Ministros pidiendo la modificación parcial de 20 de las 104 exigencias contenidas en la RCA. En el mismo periodo,  34 organizaciones y personas naturales presentaron a su vez recursos de reclamación , planteando que sus observaciones no habían sido debidamente ponderadas.

Tanto el recurso de Hidroaysén como el de los reclamantes, fueron resuelto casi tres años después, en enero de 2014. En dicha decisión se acogió parcialmente el recurso del titular, se dejó pendiente 18 reclamaciones, dictando una medida para mejor resolver y se rechazaron las restantes 16 reclamaciones.

Posteriormente, el Comité de Ministros decide invalidar la RCA, con argumentos que a juicio de la titular son improcedentes y además califica la resolución de “manifiestamente desproporcionada en cuanto a su fundamentación y oportunidad”.

Uno de los principales argumentos jurídicos que sustentan el reclamo de Hidroaysén ante el tribunal ambiental es que “la resolución impugnada emana de un procedimiento administrativo que ha decaído por haber transcurrido casi tres años entre su iniciación y su finalización”. Argumenta que “nuestro régimen legal establece un límite temporal  para que los organismos administrativos  dejen sin efecto un acto administrativo, cualquier que éste sea, por motivos de legalidad o contrariedad a derecho , límite que en este caso ha sido totalmente ignorado por la comunidad”, asevera.

En ese sentido, indica que el plazo para invalidar un acto administrativo es de dos años, transcurrido ese plazo “ el acto administrativo se sanea, sin que exista la posibilidad de dejarlo sin efecto por motivos de legalidad o contrariedad al derecho”.

Así las cosas, Hidroaysén existe doble razón para declarar  el decaimiento del procedimiento administrativo y anular la resolución reclamada.

Considerando estos y otros argumentos, es que considera que si el Comité de Ministros “no contaba bajo ningún supuesto  con la competencia para anular la RCA en un procedimiento invalidatorio, por cuanto ha caducado esa potestad por el transcurso del plazo, mucho menos contaba con esa potestad en una reclamación administrativa cuyo objeto era revisar, en el plazo fatal de 60 días, si se hubieran considerado adecuadamente las  observaciones recibidas”.

Por estas razones, se pide al Tribunal Ambiental que deje sin efecto la resolución impugnada por haberse producido el decaimiento del procedimiento administrativo.

En subsidio, se solicita  que se ordene al Comité de Ministros  que adopte un nuevo acuerdo, que resuelva la reclamación administrativa del titular; que se ordene al Comité de Ministros que adopte nuevos acuerdos que resuelvan las reclamaciones interpuestas por personas naturales y jurídicas y cualquier otra medida que considere el tribunal.

Fuente: Tribuna del Bío Bío

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