Funcionaria Minvu Aysén corrobora testimonio de Fernando Miranda sobre cambio de informe para favorecer a Hidroaysén

fuente: Radio Santa María

Se cambió de disconforme a conforme. Asegura además que se hicieron tres informes, el último hasta hoy desaparecido.

Este lunes se vivió una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos que investiga presuntas irregularidades en la aprobación del Proyecto HidroAysén. Por segunda vez consecutiva declararon funcionarios pertenecientes al Ministerio de  Vivienda y  Urbanismo de Aysén.

María Teresa Alfaro; Coordinadora de Informática, Susana Niccodemi; funcionaria de la Oficina de Partes y Natasha Pot; analista de desarrollo urbano; fueron las invitadas en esta ocasión.

Ésta última corroboró  lo expuesto por Fernando Miranda en la sesión anterior, asegurando que estaba consensuado, incluyendo a Nicolás Terrazas, que se declararían inconformes respecto al proyecto HidroAysén.

“Declaraba inconforme con respecto al proyecto Hidroaysén. Este documento como lo declaró  el señor Fernando Miranda en esta comisión, era un documento que fue consensuado con los directivos de la Seremi de Vivienda, incluido el señor Nicolás Terrazas. Como ese documento ya estaba consensuado, entonces por eso se subió al sistema de oficina de partes y se fue a almorzar. Esperamos que en ese intertanto se firmara el documento oficial, se numerara y él (el arquitecto Fernando Miranda) a la vuelta de su almuerzo, tomara ese número de la oficina de partes y subirlo al sistema de evaluación de impacto ambiental”, precisó Pot.

Modificaciones de informes a última hora

A la vez añadió  que mientras esperaban que el documento tuviese número de inscripción y fuese firmado, todo esto en el horario de almuerzo del arquitecto Fernando Miranda, el informe fue modificado dos veces más.

Según expresó la Funcionaria Natasha Pot, el segundo informe tuvo firma del Seremi Subrogante Rodrigo Solís y la jefa de departamento de Desarrollo Urbano, que se declaraban conformes al proyecto, mientras que el tercero que indicaba lo mismo, tenía una pequeña modificación en el primer párrafo en relación al permiso ambiental sectorial 96, que daba cuenta de los asentamientos humanos en la localidad de Cochrane.

Natasha Pot certificó ante la comisión que a su parecer “no hubo desde el informe de Fernando Miranda, algún elemento técnico que pudiera haber cambiado el informe de inconforme a conforme”, agregando que éste último describe exactamente lo mismo que las conclusiones del estudio de impacto ambiental, presentado por HidroAysén.

Seremi Terrazas participó del proceso y no informó sobre su inhabilitación

Otro de los puntos consultados a la funcionaria es sobre la inhabilitación del Seremi de Vivienda Nicolás Terrazas. Al respecto, Pot dijo que desconocían que la fecha de inhabilidad fue desde el 6 de abril y no del 26, día en que Terrazas les informó.

Aseguró que en ese periodo y estando inhabilitado, Nicolás Terrazas sí participó de reuniones. “Respecto a la inhabilitación del Seremi de Vivienda no fue y no ha sido formalmente avisada a los funcionarios que trabajan en esto. Él de hecho hizo unas declaraciones la semana pasada donde dijo que no era necesario y él no estaba obligado a informar a los funcionarios de su inhabilitación, sino que sólo se envió al sistema de evaluación ambiental. Pese a esta inhabilitación, como ya les declaré el Seremi no se abstuvo de realizar opiniones o de consultar el estado de avance; ni de interferir en la redacción de los informes salidos”, dijo.

A la vez Natasha Pot declaró que efectivamente estaban presionando a Fernando Miranda para que cambiara el informe favorable a HidroAysén.

Respecto al Sumario interno que se realiza en el Minvu, lo instruyó Nicolás Terrazas según dijo Pot con la única finalidad de encontrar a la persona que filtró los dos informes.

La funcionaria pidió encarecidamente a la comisión que resguardara la integridad laboral de los funcionarios que serán citados a declarar, ya que la mayoría de ellos no son de planta, pudiendo sus jefes de servicios, como una medida de amedrentamiento, prescindir de sus funciones en cualquier momento a causa de sus declaraciones.

Por último Natasha Pot interpeló a los Diputados a que no es posible que funcionarios a contrata y a honorarios sean los que tengan la función de evaluar proyectos y emitir pronunciamientos, sin tener un resguardo laboral.

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