Fraudulenta consulta indígena a la medida del Megapuente de Chiloé. Williches irán a Corte Interamericana

En marzo de 2014 las comunidades Williche de Chiloé se enteraban de algo insólito: ellos habían aceptado la construcción del puente sobre el Canal de Chacao… ¿cómo aceptaron algo que jamás se les preguntó? Tras la “especial” consulta realizada a solo dos comunidades por el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera y aceptado por la administración de Bachelet, y en medio del reciente rechazo de las Cortes de Apelaciones y Suprema al recurso de protección interpuesto por el Consejo de Comunidades Williche, los dirigentes indígenas aseguran que irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la defensa de sus territorios e impugnar esta fraudulenta forma de imponer megaconstrucciones viales.

Por: Gianina Varnero Raín Mapuexpress.org

El enero de 2014 se reconstituyó el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, instancia histórica que tras ciertas discontinuidades, logró agrupar atrece comunidades que aúnan esfuerzos por proteger la cultura ancestral y velar por los intereses del mundo indígena de manera consciente y organizada. Dentro de su agenda, el tema del mega proyecto Puente Chacao era uno de los grandes temas a tratar.

Sin embargo, el 29 de marzo se les notificó por el Ministerio de Obras Públicas que dirige el democratacristiano Alberto Undurraga, que tras un “exitoso” proceso de consulta indígena, las comunidades Williche habrían dado el visto bueno al megaproyecto. ¿Quiénes habían sido consultados?: tan solo dos comunidades, ubicadas en Pargua y Chacao, excluyendo a casi la totalidad de las comunidades indígenas de la zona, que  son cerca de 100.

Lamentablemente, el recurso de protección interpuesto, y que ya había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ahora fue rechazado por la Corte Suprema.

MOP de Piñera y Bachelet: Publicidad fantasma, secretismo e imposición

El rechazo manifestado este lunes 7 de julio por Corte Suprema, ratificó el fallo antes dictado por la Corte de Apelaciones, descartando el recurso por “extemporáneo”, al haber sobrepasado el límite  de 30 días legales para manifestarse sobre la consulta en cuestión. Interponer este recurso judicial antes de los 30 días era imposible debido al desconocimiento de las comunidades respecto al proceso consultivo realizado por el MOP de Piñera y avalado por el actual ministro Undurraga.

“El estado se basa en la fecha de un último acto administrativo para rechazar el recurso, pero si nos basamos en lo que dice el Convenio 169 de la OIT, para que las comunidades puedan tener conocimiento deben tomarse las medidas necesarias y suficientes, es decir, debe primar un principio de publicidad, cosa que no se dio”, señala el abogado de la causa, José Luis Mansilla.

En tanto el Lonko de la comunidad Weke Trumao de Quellón y dirigente del Consejo de Comunidades Williche, Fidel Raín, afirma que “la comunicación de la consulta no está referida a comunidades como dice el MOP, sino que al pueblo indígena. Es ridícula la manera en que se comunicó y cómo se engañó, prometiendo actividades de turismo, arreglos y cosas así, que son irrelevantes”.

Por su parte Ruth Caicheo, Werken del Consejo, comparte este punto, agregando que no hubo intención alguna de utilizar un mecanismo eficaz de difusión para una toma de decisiones consciente, ni siquiera de parte de las comunidades que sí fueron consultadas, ya que intencionalmente “el proceso se dio de forma tal, que las comunidades no tuvieran conocimiento de lo que se estaba haciendo”.

El abogado Mansilla recalca la gravedad del “hermetismo y clandestinidad” que habría tenido esta consulta, ya que no solo no se habría informado a la comunidad indígena en su totalidad, sino que ni si siquiera se habrían publicado los informes de la consulta de manera oportuna, detalle no menor tomando en consideración los argumentos de extemporaneidad del fallo judicial.

Discriminación e interpretación voluntariosa del Convenio 169 OIT

A juicio del Consejo de Comunidades Williche, es notoria es la incoherencia en el proceder del estado al reducir arbitrariamente los espacios de posible afección a los comprendidos en los dos accesos al puente, aplicando criterios notoriamente distintos al evaluar las opiniones de otras entidades, algo en lo que coincide el abogado de la agrupación.

“Existe un proceso discriminatorio de parte del estado, en tanto se consulta a municipios y entidades diversas de administración territorial, pero a la hora de la consulta indígena, su opinión se reduce a una minúscula área de influencia”, señala José Luis Mansilla, en circunstancias que, a su juicio, para definir los actores a ser consultados deben primar criterios que apunten a la cosmovisión indígena, no de inmediatez física, donde la opinión de los pueblos parece tener valor solo en función a su cercanía con la estructura.

Además, en la opinión del abogado, la consulta realizada por el gobierno de Sebastián Piñera no habría sido hecha bajo los estándares internacionales que establece el Convenio 169, que “exige la disposición de mecanismos para asegurar la igualdad de condiciones de las partes involucradas”, habiendo deformado la intención y sentido de esta normativa internacional al superponer el Decreto Supremo 66 de 2013 que intenta regular los mecanismos de consulta indígena de manera arbitraria.

Agrega que “este decreto impide que se interprete en forma auténtica el Convenio 169, cuya aplicación debe primar por sobre dicho decreto, en tanto está referido al ámbito de los derechos humanos y en este caso particular, a los pueblos originarios de Chile”, instrumento jurídico vinculante desde su ratificación el año 2009.

Ruth Caicheo añade que “se siguen vulnerando nuestros derechos. El estado se está desentendiendo de un convenio que ratificó”, y que señala que los pueblos deben ser consultados y verse representados en su totalidad, disposición aplicada de manera poco ética por medio del Decreto 66.

“Cuando hablamos de pueblo indígena, hablamos de todo el territorio de la Isla Grande de Chiloé, yendo desde Chacao por el norte, hasta Quellón por el sur” señala la Werken Caicheo. Agrega que, el MOP de Piñera y ahora el de Bachelet consideran como pueblo indígena solo a los que están en los accesos del puente. “Aunque ellos estén de acuerdo, esas personas no representan el pensamiento del pueblo Williche en general”, afirmó la dirigente Williche.

“Solo se hicieron un par de reuniones, con las cuales el MOP dio por hecho que se aceptaban estas consultas” reclama Ruth Caicheo y agrega que ahora se duda de la fiabilidad de los métodos usados para llegar a los acuerdos con las comunidades de Pargua y Chacao.

Palabras que  concuerdan con la visión del Lonko Fidel Raín, quien asegura que “en las comunidades aludidas si bien firmaron los lonkos, sus integrantes en realidad están en desacuerdo con el proyecto”.

Imposición de centralismo y Megaproyectos

Más allá de las objeciones al proceso consultivo, Fidel Raín considera necesario recalcar las razones de fondo que mueven el rechazo del mundo Mapuche Williche al megaproyecto, entre las que están la preservación de la cultura y cosmovisión indígenas, así como la preocupación por el desarrollo local.

“Debemos preservar nuestra isla con su territorio y cultura de base. Hay muchas personas que dicen defender nuestros derechos ancestrales, pero nos pasan a llevar con decisiones como esta”, señala el Lonko,

La autoridad Mapuche Williche llamó a la gente a ser visionaria respecto a sus prioridades: “llamo a que pensemos no solo en el ahora, sino que en las futuras generaciones”, ya que permitir hechos como este, solo perpetuarán la dependencia del archipiélago respecto del continente, además de resolver necesidades que apuntan más hacia intereses continentales, que isleños.

EL Lonko insiste en que faltando tantas cosas dentro de la isla de Chiloé “no tiene sentido hacer un proyecto en que se gastarán tantos millones y que no se ajusta a las necesidades que tiene la comunidad williche y la gente chilota, que necesita mejorar su salud, su educación –¡¿qué pasa con la educación superior!?-, la conectividad interna y su calidad de vida. No la construcción de un puente”.

Raín ve una indiferencia inaceptable desde las autoridades, quienes no escuchan “salvo cuando deben venir a escucharnos porque quieren el voto. Este es un negocio de los que son dueños de este país. Y es para ellos que trabaja el gobierno, no para nosotros”.

Que Bachelet haya validado una consulta de esta clase, hecha por el gobierno de Piñera, lo reafirma”, sentencia.

Cabe recordar que la construcción del puente que llegaría a tener más de 2,7 km, está en su fase de pre-diseño, que implican geomensura, sondaje y calicata, entre otros, todo lo cual comenzó el pasado 22 de abril, tras la entrega de los terrenos por parte de Michelle Bachelet, al ya constituido Consorcio Puente Chacao.

Proyecto de larga data

Desde Eduardo Frei Montalva, todos los gobiernos -exceptuando el periodo de dictadura- han debido enfrentar la discusión sobre la interconexión vial entre la Isla Grande de Chiloé con el continente.

1966:Diputado Félix Garay promueve la construcción de un puente. El presidente Eduardo Frei Montalva rechaza la idea por su alto costo.

1972: En el gobierno de Salvador Allende, Garay logra que el congreso publique la Ley N° 17.591, que estipula la planificación de una carretera que una por Chacao, a las provincias de Llanquihue y Palena.

1997: Eduardo Frei Ruiz-Tagle se compromete a la construcción del puente sobre el canal de Chacao

2003:Ricardo Lagos promueve la construcción del “Puente Bicentenario”, como parte del Proyecto Bicentenario.

2006: Eduardo Bitrán, Ministro de Obras Públicas de Michelle Bachelet, cancela la iniciativa, ya que el costo total -930 millones de dólares- sobrepasaba con creces el presupuesto inicialmente asignado para el proyecto –de 605 millones-. La medida causa roces con el ex mandatario, Ricardo Lagos.

2012: Sebastián Piñera anuncia el reflote del megaproyecto, haciendo un llamado a licitación y estableciendo un máximo de 700 millones.

2013: En diciembre, un consorcio de capitales noruegos, franceses, coreanos y brasileños, se adjudican la licitación. El coste alcanzaría los 360 millones de dólares.

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