Familiares valoran procesamiento de 4 civiles en caso Laja-San Rosendo

reconstilaja6Un poco de felicidad en medio del dolor vivido en estos casi 45 años. Así describió Emilio Araneda la sensación que tuvo tras conocer el fallo unánime de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción que este jueves procesó a cuatro civiles en calidad de cómplices de homicidio en la causa denominada Masacre de Laja-San Rosendo.

Fueron casi diez meses los que debieron esperar los familiares de los 19 trabajadores y dirigentes de la Papelera Laja y de Ferrocarriles, para lograr este fallo. Pero fueron más de siete años de labor intensa, de indagaciones, de búsqueda, de recopilar antecedentes y pruebas que permitieran procesar a los responsables civiles de la masacre de sus seres queridos.

Emilio Araneda es uno de los 4 hijos de Luis Alberto Araneda Reyes, maquinista ferroviario, dirigente sindical, militante socialista, que fue detenido el 15 de septiembre de 1973, cuando regresaba a su casa en San Rosendo. La patrulla de Carabineros que lo apresó estaba al mando del teniente Alberto Fernández Mitchel y del argento Pedro Rodríguez Ceballos. Sus familiares dejaron de tener noticias suyas a contar del 18 de septiembre, cuando al concurrir su esposa Ruth a la Tenencia de Laja a saber de él, le dijeron que había sido trasladado a Los Ángeles. Lo cierto es que Luis Araneda junto a otros 18 detenidos fueron ejecutados en el fundo San Juan, en el camino entre Laja y Yumbel.

Fue el ministro en visita, José Martínez Gaensly quien durante la investigación realizada en los ’80, pudo establecer las responsabilidades de carabineros en esta causa, luego que los cuerpos de las víctimas fueran exhumados desde una tumba clandestina en el cementerio de Yumbel.

Recién a partir del 2010, cuando se reabre el proceso a cargo del ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana cuando renace la esperanza entre los familiares, que siempre buscaron que se estableciera la responsabilidad penal de un grupo de civiles en los hechos.

Por lo mismo, Araneda reconoce cierta frustración cuando en mayo de 2017, el ministro Aldana decide cerrar la causa, sin acoger la petición de procesamiento en contra de los civiles involucrados, todos empleados de la Papelera de CMPC en Laja,

“Fueron siete años de investigación en manos del ministro Aldana en los que no fue capaz de asociar esta masacre con los civiles que tenían responsabilidad, porque argumentaba que no tenía suficientes antecedentes para acreditarlo”. Sin embargo, para los familiares tales antecedentes sí estaban en el proceso, por lo mismo valoraron la decisión unánime adoptada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Ello, luego que en octubre pasado el tribunal de alzada decidiera que era necesario mantener abierto el proceso y revisar las peticiones formuladas por los familiares y el Programa de Derechos Humanos.

Argumentos de la Corte

Fue así como recién el 7 de marzo pasado se realizaron los alegatos de las partes en torno a las solicitudes de someter a proceso a los empleado de la CMPC Laja Leonel Alejandro Aguilera Covarrubias, Pedro Jarpa Forester, Rodolfo Román Román y Carlos Ferrer Gómez, que a juicio de Emilio Araneda “son contundentes en cuanto a su participación en los crímenes”.Y el fallo emitido este jueves por la Quinta Sala también lo es en cuanto a establecer la participación de los inculpados.

“Que los antecedentes reunidos permiten también presumir fundadamente la participación de Pedro Jarpa Forester en calidad de cómplice de los homicidios de Fernando Grandón Galvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez, por cuanto desde su cargo de Jefe de Seguridad de la Papelera, facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros; de Car los Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román, como cómplices en los homicidios calificados de Fernando Grandón Galvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza, Wilson Muñoz Rodríguez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, RActive Imageubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Mario Jara Jara y Alfonso Segundo Macaya Barrales, por cuanto los dos primeros, en su calidad de jefes de la papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados; en cuanto al último de ellos, actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos en el considerando 1°)”.

Agrega el fallo, que estas presunciones se fundan en las declaraciones de los mismos inculpados. Así, cita que Pedro Jarpa Forester reconoce que reunió a un grupo de gente que aparecía en una lista proporcionada por Alberto Fernández Mitchell y procedió a llamarlos por su nombre. Afirmó “también que dentro de los vehículos utilizados por los carabineros estaba un Land Rover de la papelera y cree que Rodolfo Román trabajó, seguramente como chofer, junto a los carabineros”. A su vez, Ferrer Gómez y Aguilera Covarrubias reconocen haber prestado los vehículos a requerimiento de Carabineros y también haber dado cal, aun cuando para otro fin; y Román Román quien pese a negar haber realizado el traslado de todos los detenidos, reconoce ser chofer particular de la papelera y haber tenido a su cargo un Land Rover.

Principalmente la decisión se apoya en los testimonios “de Rolando Esparza Chavarría quien supo que en la papelera había unas personas que al lado de afuera de la industria indicaban a los policías a quienes debían detener; de Eduardo Cuevas Jara quien en acta de reconstitución de escena de 18 de agosto de 2011, relata que al salir de su trabajo en CMPC les ordenaron hacer 2 filas y luego eran llamados por Pedro Jarpa pues sus nombres figuraban en una lista que había sido confeccionada por Carlos Ferrer, superintendente de la planta y Humberto Garrido, jefe de personal; de Domingo Bucarey Torres, jefe de relaciones industriales de la CMPC Laja en la época, quien observó al jefe de vigilantes, Pedro Jarpa, corroborar los antecedentes de las personas cuya lista manejaba Carabineros, mientras eran sacados de la fila, dándole la impresión que él entregaba la información, agregando que se comentó en la fábrica que Carlos Ferrer habría facilitado la movilización para el traslado de los detenidos y era sabido que Jarpa y Ferrer eran simpatizantes de Patria y Libertad”.

En tanto, Eduardo Cuevas Jara, en su declaración judicial de 9 de marzo de 2012, dijo que al 73 era mecánico en la CMCP, que Pedro Jarpa era un hombre de confianza de la empresa y jefe de los vigilantes, estaba con una lista en uno de los costados de la entrada principal, entregándole los nombres a carabineros de las personas que debían ser detenidas. Cree que la lista la debe haber elaborado algún jefe junto con personas de Patria y Libertad, entre los que estaban Rodolfo Román, quien era conductor de vehículos; también vio a Carlos Ferrer y a Pedro Jarpa con una lista en sus manos entregándoles los nombres a los carabineros que estaban adentro de la fábrica.
Osvaldo Burgos declaró que en el año 73 era el junior del policlínico de la CMPC y pudo ver las detenciones desde aquel lugar, miró por la ventana y vio como Pedro Jarpa, jefe de vigilantes, iba entregando gente, indicaba con su dedo a quienes detenían y subían a unos vehículos de la empresa que eran conducidos por los trabajadores de la CMPC, de apellidos Román y Vásquez.

Se consideran, además, los testimonios de Flor Hernández Villablanca, Rosa Soto e Hilda Bravo Provoste, cónyuges de Juan Villarroel Espinoza, Jack Gutiérrez y Alfonso Macaya, quienes afirman que sus esposos fueron trasladados en un jeep de la papelera, marca Land Rover; y de José Becerra, hermano de Mario Becerra quien vio que era trasladado a la Tenencia Laja en un jeep de la papelera, conducido por un funcionario de la compañía.

Ximena Lamana dijo que vio que el vehículo en el que trasladaban a los detenidos hacia la tenencia era conducido por Rodolfo Román, quien iba vestido de Carabinero.

Testimonios que también se consideraron fueron los de los procesados Pedro Parra, Florencio Olivares Dade, Samuel Vidal, Anselmo San Martín, Gerson Saavedra, Alberto Fernández Mitchel quienes refieren que para el traslado de los detenidos contaban con un microbús de la papelera manejado por el propio chofer de la compañía, uno de ellos de apellido Román; de Pedro Rodríguez Ceballos, Carlos Fritz, carabinero en la unidad de Laja, quienes afirman haber utilizado micros de la papelera en el traslado de los detenidos, que eran conducidos por choferes de la compañía; de Mauricio Venegas Mendoza quien manifiesta que vio a micros de la Papelera que se dirigían hacia Los Ángeles, presumiblemente con detenidos políticos.

Hugo Leal, carabinero de Yumbel, Néstor Ganga carabinero en la Tenencia Laja, de Carlos Rodríguez Alvial, carabinero en la Tenencia Laja, refieren que los muertos estaban cubiertos con cal. A ello se añade un informe policial, que indica que Samuel Vidal, el 14 de junio de 2011, dijo que la papelera envió una lista de dirigentes sindicales o bien gente problemática de la papelera, pero esa información era manejada por los jefes de carabineros. Vidal vuelve a declarar señalando que las listas de los detenidos las mantenía Fernández y al parecer era entregada por funcionarios de la CMCP.

Otro tanto indica Florencio Olivares, quien señala que fue a la papelera a detener junto con Fernández, no sabe de dónde se recibían las listas de las personas a quienes debían detener, pero piensa que podrían venir de relaciones industriales de la compañía, ya que ellos se entendían con el jefe de la tenencia; mientras que Pedro Parra, recuerda que pasado el 11 un grupo de sus compañeros realizó una detención a la salida de la CMPC, y según rumores Fernández tenía una lista, agrega que los vehículos usados para practicar las detenciones fueron facilitados por la CMCP. Gerson Saavedra declara que la mayoría de los detenidos fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles, utilizando para el traslado vehículos particulares cree que de propiedad de la papelera. Por último, Samuel Vidal, refiere que cuando fueron a fusilar a las víctimas usaron un jeep de la CMPC, que tuvo la lista en sus manos, era una hoja larga, había como 200 nombres, que él borró algunos nombres, y todos eran funcionarios de la papelera.

Por lo anterior, la Quinta Sala, integrada por los Ministros (as) Juan Villa, Carola Rivas y Ministra Suplente Yolanda Méndez, revocó las resoluciones de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, accediéndose a lo pedido sometiéndose a proceso a Pedro Jarpa Forester en calidad de cómplice de los homicidios de Fernando Grandón Galvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez; a Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román, como cómplices en los homicidios calificados de Fernando Grandón Galvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza, Wilson Muñoz Rodríguez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Gárfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Mario Jara Jara y Alfonso Segundo Macaya Barrales.

Resolución esperada

Emilio Araneda afirma que hace tiempo esperaban esta resolución, que los deja satisfechos en esta etapa, aunque saben que aún queda el pronunciamiento de la Corte Suprema.

No puede dejar de insistir en que los tenía molestos que el Ministro Carlos Aldana, que indagó el caso por siete años, no los hubiera procesado. “Nos decía que encontraba que los elementos no eran suficientes para acreditar la participación de los civiles, pero la Corte dijo otra cosa, que sí lo hay”.

Los cuatro procesados son los únicos civiles involucrados en esta causa, algo que se pudo establecer a través del relato de testigos, de personal de la CMPC y de detenidos que fueron liberados. “Proporcionaron el vehículo para el traslado tanto a la Tenencia como al lugar donde los mataron, también uno de ellos entregó la cal con que se cubrió la fosa donde fueron enterrados. Todo eso constituía complicidad cierta en el homicidio”, argumenta Araneda.

Por lo mismo, tiene cierta confianza en lo que decida la Corte Suprema, con todo, agrega que independiente de lo que dictamine el máximo tribunal, es un hecho muy importante que la Corte de Apelaciones de Concepción, de la región donde se produjeron los hechos, haya adoptado esta resolución.

Y como esto aún no ha terminado, seguirán insistiendo en la necesidad de la justicia, pues lo ocurrido este jueves es un paso importante, “que nos obliga a seguir trabajando, a estar en primera línea. Esta es una arista en la que nadie quería meterse, pero pensamos que no hay que tener miedo, hay que avanzar en lo que uno cree. Por eso podemos decir que esto representa un poco de felicidad en medio del dolor de esto casi 45 años”.

Por M.E.Vega tribunadelbiobio.cl

Comparte esta información...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Digg this
Digg
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *