Familiares de Ejecutados políticos rechazan dichos de Comandante en Jefe del Ejército

Declaración Pública

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desea expresar ante la opinión pública nacional e internacional su profundo rechazo a las expresiones del Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuentealba, relativas a la pretensión de que los condenados por violaciones a los derechos humanos sean incluidos en las medidas anunciadas por el gobierno y que pretenden reducir el hacinamiento en los recintos de reclusión y mejorar las condiciones carcelarias de miles de chilenos y chilenas privados de libertad.

El señor Fuentealba, sabe que no se trata de discriminar entre reos militares o civiles; el asunto de fondo se refiere a distinguir entre delitos comunes y violaciones a los derechos humanos, como las cometidas por sus compañeros de armas de quienes hoy se asume vocero y cita la Constitución Política la República, para respaldar sus argumentos. Aduce que los condenados por violaciones a los Derechos Humanos son ciudadanos chilenos y que para ellos se de debe cumplir con el precepto constitucional de igualdad ante la ley establecida para todos los chilenos por la Carta Fundamental.
El argumento del general es una falacia, pues el solo hecho de que quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad permanezcan en recintos penales de cinco estrellas, como Punta Peuco y el Penal Cordillera, conservando toda clase de regalías, revela que no todos los chilenos somos iguales ante la ley.

Es ampliamente conocido por la opinión pública nacional e internacional las privilegiadas condiciones en que cumplen las penas -en la mayoría de los casos irrisorias- el pequeño número de militares y civiles que han sido condenados por haber cometido violaciones a los Derechos Humanos. Gozan de condiciones carcelarias privilegiadas que han sido denunciadas reiteradamente por las organizaciones de derechos humanos. A estas penas mínimas y condiciones más cercanas al lujo que a la austeridad, se suman salidas ilegales y visitas fuera de toda consideración reglamentaria.

El general Juan Miguel Fuentealba debiera renunciar a su cargo por asumir abiertamente la vocería de los reos condenados por haber cometido crímenes de Lesa Humanidad e intentar confundir a la ciudadanía con argumentos falaces mediante los cuales alienta el desacato al Derecho Internacional expresado en pactos suscritos y ratificados por Chile, en cuanto a que tales crímenes son imprescriptibles e inamnistiables, lo que automáticamente anula la posibilidad de ser indultados.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados hace un llamado a la opinión pública a no dejarse engañar con estas declaraciones que pretenden confundir el verdadero sentido de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Las personas que han sido condenadas, civiles y militares, han gozado de todas las garantías procesales que contempla la ley, las que no tuvieron nuestros familiares.
Los violadores de los derechos humanos han contado con redes de apoyo y encubrimiento, con la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas con la Justicia; han contado con la falta de voluntad política de los gobiernos civiles para lograr la verdad y la justicia; han contado en su favor con el uso abusivo de medidas de atenuación del castigo que les corresponde, como ha sido la aplicación de la media prescripción. Podemos afirmar con toda seguridad que la única discriminación que ha existido, ha sido en beneficio de quienes cometieron crímenes con crueldad y alevosía extremas, amparándose en la impunidad que les proporcionaba la dictadura militar. Es indispensable que cumplan sus condenas plenamente, para enviar un mensaje a las futuras generaciones de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no son amnistiables.

Finalmente, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos llama a las organizaciones sociales, políticas, culturales, nacionales e internacionales a expresar su rechazo a este nuevo intento de agraviar a la justicia y la memoria de las víctimas de los crímenes cometidos por hombres y mujeres, civiles y militares, que se sintieron dueños de la vida de las chilenas y chilenos.

AGRUPACIÒN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS.

Santiago 10 de marzo 2011

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