Familiares de ejecutados en Operación Alfa Carbón exigen que se termine con las acciones dilatorias del proceso judicial

La mañana de ayer martes, familiares de ejecutados políticos de la llamada Operación Alfa Carbón, se reunieron con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro César Panes Ramírez, para revisar el proceso judicial en contra de los 17 ex agentes de la CNI, condenados en primera instancia por el asesinato de 7 ex militantes del MIR entre el 23 y 24 de agosto de 1984 en Concepción, Los Ángeles y Valdivia.

Pese a que el pasado 4 de mayo el Ministro Especial para causas de Derechos Humanos de la Corte penquista, Carlos Aldana, dictó fallo condenatorio con penas de presidio condenó para estos ex agentes de la dictadura militar chilena, aún no se han ejecutoriado dichas condenas debido a que la defensa de éstos solicitó la inhabilitación del ministro Aldana, aduciendo que el hermano del juez forma parte de las víctimas de violaciones de DDHH incluidas en el informe Valech.

Los ex agentes de la CNI que fueron condenados por Aldana son Marcos Spiros Derpich Miranda, alias “Gitano”, ex Brigadier de ejército y jefe de la división Regional de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, alias “Faraón”, ex teniente coronel del ejército y jefe de la división Anti subversiva de la CNI, ambos a un total de 25 años de presidio por los homicidios y por asociación ilítica. A un total de 20 años fue sentenciado el ex capitán de ejército, Patricio Castro Muñoz, alias “BJ”; a 15 años de condena el ex teniente coronel de ejército Jorge Mandiola Arredondo jefe regional de la CNI en Concepción, y los agentes Gerardo Meza Acuña, alias “Patitas” y Luis René Torres Méndez, alias “Negro Mario”.

Los condenados a penas de 10 años fueron los agentes Roberto Farías Santelices, alias “Petete”, Luis Gálvez Navarro, alias “Vitoco”, José Aravena Ruiz, alias “Muñeca”, Sergio Mateluna Pino, alias “Guatón Órdenes”, Luis Andaur Leiva, Patricio Bertón Campos, el ex mayor de ejército Oscar Boehmwald Soto jefe regional de la CNI Puerto Montt y Ema Ceballos Núñez, alias “Flaca Cecilia”. El ex teniente coronel de ejército Luis Moraga Tresckow, jefe regional de la CNI Valdivia, fue condenado a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.

En Los Ángeles, las condenas recayeron en contra de Bruno Antonio Soto Aravena, alias “Chico Pato”, y José Artemio Zapata Zapata, alias “Huaso” quienes también deberán cumplir presidio de 10 años.

Pese a que el veredicto se dictó en mayo pasado, aun no se notifica a los abogados querellantes y, por tanto, no se ha podido avanzar en las instancias de apelación del proceso. A las 10:00 de la mañana de este martes, una representación de los familiares de las víctimas integrada por tres hijos de los caídos, se reunieron en dependencias de los tribunales con el Presidente de la Corte, para tratar la extensa dilación en la que se ha empantanado el caso y se sigue prolongando la espera de justicia y del cumplimiento de condenas de los implicados en los crímenes de la operación represiva, conocida en Concepción como la Matanza de la Vega Monumental.

Tamara Lagos, hija del militante del MIR Mario Lagos, asesinado precisamente en la Vega Monumental, comentó que la reunión tenía como finalidad “dar cuenta de nuestra preocupación por la dilación que ha llevado esta causa y que hasta la fecha aún no se ha notificado del fallo dictado en mayo a la parte querellante. Además, de que la defensa de los agentes condenados busca la inhabilidad de Aldana, mediante un recurso de implicancia; por lo que le demandamos al ministro apresurar una resolución respecto de esta maniobra dilatoria, de manera que podamos presentar nuestras apelaciones al fondo del proceso y la causa avance hacia un fallo definitivo”.

Han sido 34 años los que han transcurrido para que recién se pudiese dictar condena de primera instancia -en mayo pasado- contra algunos de los implicados en las ejecuciones de Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Ernesto Mujica Barros, Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Barrientos Matamala y Juan José Boncompte Andreu, militantes revolucionarios asesinados por la dictadura pinochetista.

Las voceras de las familias que se reunieron con el Ministro César Panes expresaron que la tardanza en los procesos de éste y otros casos de violación a los derechos humanos se debe, principalmente, a que en Chile durante todos los gobiernos post dictadura y producto del pacto político que significó el término del régimen militar, se han generado las condiciones jurídicas para que la impunidad y las garantías procesales sigan protegiendo y beneficiando a los criminales de lesa humanidad.

Tamara enfatizó en que “la justicia para que sea justa, debe ser oportuna y nosotros llevamos 34 años esperando que se condene a los asesinos de nuestros padres. Hemos tenido que resignarnos a que gran parte de quienes están implicados en estos ilícitos, no hayan sido procesados ni condenados o que se les otorgue el beneficio de la libertad vigilada, como es el caso de Luis Moraga Tresckow. Por ejemplo, en el caso de mi padre, no hay ningún autor material condenado, cuando él fue asesinado a vista y paciencia de muchas personas, se sabe que descendió del bus con los brazos en alto”.

“Los casos de impunidad, dejar libre a personas condenadas, es un fenómeno político que ocurre en el país con respecto a la caracterización de la memoria chilena” comentó Luciano Aedo, hijo de Luciano Aedo asesinado en Hualpén. Además, agregó “que hay una deformación que se está intentando instalar, poniendo una especie de empate y una nueva negociación, como la de los 90s. Más allá de lo jurídico, es una avanzada política para configurar una memoria en Chile negando otra”.

Han sido seis meses los que han transcurrido sin que los tribunales notifiquen a las partes implicadas sobre la condena. Javiera Herrera, hija de Nelson Herrera, ejecutado camino a Santa Juana por los hoy condenados, agregó que “lo que se ha logrado avanzar en muchos de estos casos ha sido por la constante lucha, la persistencia de las familias y la presión que han ejercido éstas en los tribunales, yendo a la Corte Suprema, yendo a la Comisión de la Cámara, etc”.

Sobre el estado del proceso en la causa Vega Monumental (causa Rol 11-2009), Javiera Herrera expresó que “ahora se debe esperar una pronta decisión de la Corte de Apelaciones, sobre el recurso presentado por la defensa de los ex agentes, por eso viajamos desde Santiago para pedirle al ministro que agilice la tramitación y manifestarle que no queremos más maniobras dilatorias”.

Una vez que se supere el escollo que significa para este proceso la maniobra dilatoria interpuesta por la defensa de Patricio Castro Muñoz, uno de los 17 ex agentes de la CNI condenados, que pretende inhabilitar al juez Aldana, se notificará a las partes sobre las condenas y podrán entonces los familiares de los 7 militantes del MIR ejecutados en la Operación Alfa Carbón, apelar y pelear por las cuestiones que el fallo de primera instancia no resolvió o no sancionó de manera justa. En la reunión, el ministro César Panes se comprometió con la vocería de los familiares a poner en tabla para la próxima semana la vista de esta cuestión pendiente. Todavía les queda un largo camino que recorrer para lograr justicia, aseguraron los tres hijos de los resistentes asesinados.

Fuente: resume.cl

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