España: Entra en vigor la ‘Ley Mordaza’ que criminaliza la protesta social

España pierde hoy las victorias ganadas en libertad de expresión y retrocede hacia su pasado más negro con la entrada en vigor de la apodada como Ley Mordaza, que convertirá al país en un lugar donde las manifestaciones serán criminalizadas y penadas con multas de hasta 600.000 euros (unos 427 millones de pesos).

El gobierno derechista de Mariano Rajoy (PP) ha aprobado, pese a la enorme oposición ciudadana y al rechazo del resto de partidos y de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace o Amnistía Internacional, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que no busca sino acallar la creciente protesta social surgida en los últimos años ante la austeridad aplicada por los gobernantes.

El cambio más importante que provoca su aprobación -en lo que a libertad de expresión se refiere- tiene que ver con la ‘manga ancha’ dada a partir de este miércoles a las fuerzas de seguridad, que podrán aplicar a los ciudadanos sanciones administrativas que antes dependían del sistema judicial, convirtiendo el país, de acuerdo a lo denunciado por sus detractores, en un verdadero estado policial, lo que atenta flagrantemente contra la libertad de expresión de los españoles.

Pero no es la única medida que atenta contra sus derechos. A partir de ahora, manifestarse frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos será considerado “perturbación grave de la seguridad ciudadana”, medida qué (casualmente) coincide con el surgimiento de iniciativas activistas como ‘Rodea al Congreso’.

Asimismo, fotografiar o filmar a policías durante las manifestaciones, actividad que ha servido para captar abusos policiales posteriormente difundidos  a través de la redes sociales, pasará a estar taxativamente prohibido cuando “pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”, según reza el nuevo texto.

Prohibido parar un desahucio

Otro de los efectos prácticos que está nueva ley tendrá sobre la protesta social, tiene que ver con los colectivos que durante los últimos años han luchado para detener los numerosos desahucios que la crisis y el sistema bancario han traído consigo.

“En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio”, señala la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los colectivos más activos en este ámbito.

Esta consecuencia deriva de la posibilidad de que sean los policías quienes impongan las sanciones a todos aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

Protestar en las alturas

Los agentes multarán “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.

“Este artículo parece haber sido redactado específicamente para prohibir y perseguir los actos públicos que Greenpeace realiza basándose en el derecho a la libertad de expresión”, subraya la ONG en el informe que elaboró contra la normativa aprobada por el PP.

La resistencia pacífica, prohibida también

La Ley Mordaza permitirá asimismo multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez que así haya sido ordenado por la autoridad competente.

“Esta ley está pensada para silenciar”

Para Greenpeace “Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España. Está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos”, señaló en un comunicado la organización. Y añadió que “en la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación y ello contraviene las obligaciones internacionales del Estado Español en materia de derechos humanos”.

La organización advirtió que “a partir de este miercoles serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación y dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas”.

El Ciudadano

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