Escuela autogestionada República Dominicana: Creando una nueva educación

Desde la periferia de Santiago, en territorios cuyos nombres se posicionan mediáticamente como sinónimo de violencia y marginalidad, se construyen proyectos educativos desde las comunidades. No poseen el poder adquisitivo que manejan los dueños de la educación chilena, pero como diría Mariátegui “crean heróicamente” día a día. Un jardín gestionado por sus apoderadas. Una escuela de casi medio siglo cerrada por el alcalde de turno. ¿Qué tienen en común? El control comunitario.

Por Rocío Pérez Ruz, OPECH

Si la frase “gobernar es educar” alguna vez resonó en su cabeza, olvídese de ella. La realidad actual dista bastante de esa forma de hacer políticas de Estado. A fines del 2012 se cerraron casi cincuenta colegios por orden del Ministerio de Educación. Las razones públicas son el incumplimiento de la normativa básica o la baja permanente de matrículas, justificación que no comparten muchos apoderados de esos colegios.

El escándalo partió en Valparaíso cuando el alcalde Jorge Castro decreta el cierre de cuatro escuelas. La reacción de los apoderados y profesores fue inmediata. Luego de varias reuniones y el ingreso de 175 millones de dólares del Mineduc para ese municipio, se paralizó la clausura. Al respecto, Rodrigo Cornejo, profesor del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, sostiene que “el sistema de administración de escuelas a través de sostenedores, ya sea municipales o particulares, está en crisis, pues se toman decisiones educativas por consideraciones económicas, de intereses políticos o religiosos y no en función del fortalecimiento de comunidades educativas”.

República Dominicana

Diez mujeres están sentadas en el patio conversando. Se ríen y lanzan bromas entre ellas. Los niños están en sus salas, inquietos con un profesor que utiliza todos los recursos pedagógicos para ser atendido por ellos. A uno le da berrinche y sale de la sala al patio techado, inaugurado hace menos de un año por el alcalde de la comuna. Entonces llega Isabel, que camina con seguridad y un poco de resignación a consolarlo. Lo abraza y conversa con el hasta que lo calma. El niño luego vuelve a su encantadora personalidad.

Esta escena es parte de lo que se vive en la Escuela República Dominicana de La Florida. Ubicada a pasos del metro Santa Julia, este espacio está tomado por algunas apoderadas desde el 27 de diciembre del 2012, luego de que el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, a través de la Corporación Municipal de La Florida, les informara que la escuela se cerraba por baja de matrículas el día 20 de diciembre.

Isabel Rivera, presidenta del Centro de Padres de la escuela, cuenta que ellos no podían creer la noticia. Le dijeron a la representante del Comudef que se iban a organizar y ella les dijo “hagan lo que quieran. La decisión ya está tomada”. Esta frase dio pie a la organización de las apoderadas de ese colegio de 47 años de historia.
Desde los patios
En la puerta principal del colegio cuelga un lienzo de género que informa la apertura de matrículas. Lo acompañan coloridos murales que demandan el no cierre de la escuela. El vendedor de dulces que hace décadas trabaja ahí, se mantiene fiel a las afueras. “Ahora hay muchos menos niños, pero igual me compran cosas”, comenta mientras arregla las golosinas del carrito. Y tiene razón. De los 288 niños matriculados que había antes del cierre hoy hay 272. Pero asisten a sus clases, cerca de 90 diarios, los cuales no tienen asegurado el reconocimiento oficial, como se advierte en los letreros de la portería.

Según Isabel Rivera, presidenta del Centro de Padres de la Escuela República Dominicana y dirigente activa de la toma, el principal conflicto del cierre es que 72 niños tienen problemas cognitivos y no pueden ser reubicados en otros colegios de integración porque el máximo es de 7 u 8 niños por curso. “En este momento tenemos casi puros niños con problemas estudiando, que no van a ser recibidos en ninguna parte. Algunos vienen por problemas cognitivos y otros por problemas conductuales, que en ninguna parte los van a recibir”, explica la apoderada.

El escenario es incierto, pues por orden de la Comudef se cierra, pero los útiles materiales y las minutas de alimentos del Minuduc y Junaeb, respectivamente, llegaron al establecimiento. De hecho se pueden ver algunos cuadernos entregados por el municipio, con el rostro y un mensaje de Carter en donde asegura que se dispone a “iniciar el trascendental proceso de mejorar la educación en La Florida”, en la contratapa. Sin embargo, el cambio en esta escuela no está claro.
Respecto al nuevo uso del terreno, las apoderadas explican que “no se sabe bien porque hay varias teorías. Una dice que sería una comisaría nueva, otra que sería una tenencia de la PDI, otros que un asilo de ancianos, un estacionamiento para guardar camiones u oficinas municipales. Lo cierto es que no va a abrir otro colegio”.

Esta situación mantiene a la comunidad escolar organizada. Si bien los profesores originales de la escuela no pueden hacer clases porque fueron amenazados con sumario por parte del municipio en caso de que apoyaran las clases, los apoderados se han conseguido a estudiantes de pedagogía y profesores voluntarios que enseñan diariamente desde las 8:00 de la mañana hasta las 13:30. Los desayunos los consiguen con colectas solidarias. Según una apoderada de la escuela “los niños comen mejor ahora porque cocinamos cosas ricas con los apoyos que recibimos”. Sin embargo, esperan conseguir más recursos para extender la jornada completa hasta las 16:00 horas, con almuerzo incluido.

La lucha de las apoderadas y niños que participan en la toma de la escuela, es que no las cierren. Por eso actualmente cursan una demanda contra el alcalde de La Florida para frenar esta situación y evitar el fusionamiento de escuelas.
Mientras tanto, las mujeres seguirán participando como directoras, funcionarias, apoderadas y coordinadoras de la escuela. Si bien esto les trae algunos problemas por las labores que asumían en sus trabajos y hogares, seguirán así hasta encontrar una solución. A juicio de Rodrigo Cornejo, la proyección de esta labor de control comunitario se logra “fortaleciendo la organización de estudiantes, trabajadores de la educación y apoderados durante todo el año. Ejerciendo distintos niveles de control y participación activa, desde la fiscalización de recursos hasta la participación en contenidos curriculares”.

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