Enorme desconfianza de pueblos indígenas hacia gobierno

Por Rocío Alorda /Noticias aliadas

Dirigentes indígenas denuncian falta de voluntad política de autoridades para implementar derechos protegidos por convenios internacionales.

Menos de tres minutos duraron las palabras dedicadas a los pueblos indígenas en la última cuenta pública realizada por el presidente Sebastián Piñera, el pasado 21 de mayo en Valparaíso. En esos escasos minutos el mandatario destacó los avances del gobierno en la materia, específicamente, respecto al “nuevo trato” frente a los pueblos indígenas.

“Cuando asumimos el gobierno [en marzo del 2010] iniciamos un nuevo trato con nuestros pueblos originarios basado en cuatro pilares. Primero, una reforma constitucional que reconozca que bajo una misma nación y territorio, conviven varias entidades étnicas con culturas diferentes. Segundo, dejar atrás la estrategia de asimilación y reemplazarla por una de verdadera integración para lo cual requerimos un nuevo y consensuado mecanismo de consulta, y crear el consejo de los pueblos indígenas. Tercero, promover su desarrollo económico y social para reducir las brechas existentes. Y cuarto, reconocer valorar y promover su historia, cultura, tradiciones e idioma”, señaló Piñera.

Las escuetas palabras presidenciales no fueron una sorpresa para representantes de los pueblos originarios. De hecho, un día antes Aucán Huilcamán, presidente de la organización indígena Consejo de Todas las Tierras, entregó al gobierno un documento dirigido al presidente con demandas que no se reflejaron en el discurso de Piñera. Dentro de los puntos prioritarios del documento estaba la rectificación del Proyecto de Ley Araucanía- Consejo de Pueblos Indígenas y la exigencia de un diálogo de buena fe como punto clave para el entendimiento en la Araucanía debido a los conflictos que afectan a ese territorio.

Las exigencias de Huilcamán responden a la propuesta levantada por el gobierno en enero del 2013 cuando enviaron al Congreso tres proyectos de ley que incluye un plan de desarrollo regional, la creación de un Consejo de los Pueblos Indígenas y el establecimiento de los mecanismo de consulta requeridos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigencia desde setiembre del 2009. A criterio de Huilcamán estas medidas no responden a los intereses de las comunidades indígenas, siendo una decisión unilateral desde el gobierno.

Como un discurso añejo y que no representa los intereses de los pueblos originarios, calificó el discurso presidencial Arturo Coña Pirul, dirigente de la Asamblea de Mapuches de Izquierda, al considerar que estuvieron ausentes temas como el ejercicio de ciudadanía, la consulta indígena y la toma de decisiones en materia de proyectos energéticos.

“Hay un silencio cómplice de parlamentarios que ven el tema indígena como una amenaza a los ‘intereses de un modelo’ que solo les favorece a ellos, en materia de lobby de multinacionales y que olvidan la implementación de un convenio internacional como el 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales”, sostuvo Coña Pirul.

Viviana Catrileo, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI), coincide con Coña Pirul al indicar que el reconocimiento dado a los pueblos indígenas en los últimos cuatro años “no tiene mayor valor ya que no aborda la totalidad de las demandas que garanticen la existencia de un pueblo con derechos económicos, políticos y culturales, puesto que un pueblo como tal debiera asumir su propia autodeterminación, su modo de vivir y legislarse bajo patrones culturales con una estructura de organización propia”.

Hacia una reforma constitucional

La ausencia de compromisos reales frente a los pueblos originarios expresados en el último discurso de Piñera, denota la falta de voluntad política para retomar la discusión parlamentaria sobre una reforma constitucional que señale un camino para un reconocimiento de las culturas originarias. Los reclamos pendientes incluyen la resolución de los conflictos territoriales que existen en la Araucanía, la libertad a los presos políticos mapuche, la derogación de la ley antiterrorista de 1985, la aplicación del Convenio 169 y la derogación del Decreto Supremo 124 que limita la consulta indígena en Chile, entre otros temas.

“Sabemos que las iniciativas del Ejecutivo en los distintos gobiernos pasan por una decisión política que no ha resuelto la identificación de la demanda, de diálogos productivos y la implementación de interlocutores válidos para una nueva relación entre Estado y pueblos originarios, que el empresariado y las multinacionales han identificado como una oportunidad, posesionándolo ventajosamente en proyectos que se ejecutan en la Araucanía” señala Coña Pirul.

La institucionalidad que rige al mundo indígena en Chile es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que nació en 1994 como el principal organismo estatal encargado de la aplicación de políticas públicas hacia los pueblos originarios a partir de la Ley Indígena 19.253 promulgada un año antes. A pesar de las políticas focalizadas, la tendencia de movilización e instalación de demandas indígenas en el tapete público habla de su ineficacia para abordar las necesidades reales de los pueblos originarios.

A criterio de Coña Pirul, la CONADI no representa los intereses de los pueblos indígenas en materia económica, política, ni cultural, ya que sus estatutos limitan su injerencia política en materia de presupuesto, políticas públicas, participación y desarrollo de tierras indígenas, entre otras. En consonancia con la ley 19.253, la CONADI establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de las poblaciones indígenas, reconociendo a nueve etnias y en materia de elecciones de “consejeros representativos” que no están reguladas por el Servicio Electoral.

“Un ejemplo es el representante indígena urbano quien participa liderando una mesa de consenso representando a un colectivo político minoritario arrogándose una representatividad que no es tal y que hipoteca los intereses de la totalidad de los pueblos indígenas, no existiendo mecanismos de censura y emplazamiento público”, dijo Coña Pirul.

Aparatos obsoletos

Coña Pirul considera que en la actualidad la CONADI es un aparato obsoleto y al igual que la Ley Indígena requiere una reforma urgente de modo que sea representativa de la totalidad de los pueblos en sus contextos rurales y urbanos.

La implementación efectiva del Convenio 169 de la OIT y el reglamento de consulta impulsado por el gobierno actual, enfrentan un complejo panorama judicial y legislativo. Así lo explica Sergio Millamán, comunicador e integrante del no gubernamental Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, quien señala que desde el 2009 a la fecha el Congreso ha infringido la obligación a la consulta previa libre e informada.

“Los pueblos indígenas no han sido consultados respecto de ningún proyecto de ley que los afecte directamente como correspondería en un país respetuoso de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, dijo Millamán.

De acuerdo con Millamán, el Estado empieza a duras penas a asumir el deber de consulta, pero rápidamente busca formas de eludirlo.

“El gobierno y el Parlamento arbitrariamente definen qué es de interés o de afectación directa de los pueblos indígenas, en base a un decreto inconsulto y a una ley obsoleta, ambas normas de rango inferior que el Convenio 169 de la OIT. El Poder Judicial no se queda atrás y empieza a sentar la jurisprudencia que establece el deber de consulta, pero por un lado la limita a la participación ciudadana en el sistema de evaluación ambiental, sin poner en cuestión las limitaciones existentes en la institucionalidad medioambiental”, señala Millamán.

Las deficiencias de la institucionalidad indígena y las demandas no cumplidas por parte del Estado generan una fuerte desconfianza sobre las políticas públicas y su regulación. Así lo señala la dirigente de ANAMURI al concluir que “el cumplimiento y respeto a los derechos indígenas son vulnerados en Chile. Las garantías de respeto a los pueblos originarios no forman parte de las políticas públicas ya que estas no consideran la diferencia en el trato cultural, que para los pueblos originarios no se desenmarca de los derechos sobre la tierra y derechos de permanecer en ella libremente”

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