En la mira, la Relatoría de Libertad de Expresión

{link url="http://www.flickr.com/photos/utpl/" target="_blank" rel="nofollow"}Foto: UTPL {/link}

Aleida Calleja * / La Silla Rota

Desde 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó la creación de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y Opinión que tiene como mandato verificar la situación de este derecho por la radical importancia que tiene como piedra angular de cualquier democracia y para el ejercicio de otros derechos. A la fecha los avances en materia de estándares para su protección, así los informes, recomendaciones a los Estados y el procesamiento de casos paradigmáticos para la defensa de la libertad de expresión en el continente han sido sustanciales, aunque ciertamente también han sido incómodos para algunos gobiernos y monopolios mediáticos.

De entre los sistemas continentales de salvaguardia de derechos humanos el Interamericano es de los más progresivos, especialmente en materia de libertad de expresión y derecho a la información, quedando más rezagado el europeo y luego el africano, Asia simplemente no cuenta con ningún organismo al respecto. Por ello es de alta preocupación el pedido de un grupo de países miembros de la OEA, liderado por Ecuador y Venezuela para introducir cambios a la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, con el fin de limitar sus alcances. La idea fue presentada en diciembre y será analizada por el Consejo Permanente de Embajadores de la OEA este 25 de enero.

Las limitaciones se refieren a que la Relatoría no publique por separado su informe hemisférico anual sobre la situación de la libertad de expresión en las naciones, mismo que se nutre de los informes que dan los gobiernos pero también las organizaciones sociales y gremios que documentan casos de violaciones y de las visitas oficiales, sino que lo haga con las demás relatorías, con una extensión mucho menor, con lo cual su impacto se vería sustancialmente reducido.

Además se busca limitar la capacidad de la Relatoría para la búsqueda de financiamiento con otras instancias acotándola al insuficiente presupuesto que le otorga la CIDH, esto supondría por supuesto una reducción de su capacidad de acción para hacer actividades de investigación, académicas y formación, entre otras. Finalmente también se propone que tenga un “código de conducta”, lo que muchos interpretan a que en ciertos momentos no pueda emitir siquiera un comunicado sobre situaciones específicas en los países, algo que se antoja francamente absurdo pues es censurar la opinión de una instancia que existe para defender la libertad de expresión. Cabe resaltar que los pronunciamientos emitidos por la Relatoría han sido de suma utilidad para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión para su trabajo de incidencia.

La permanente y aumentada tensión de los Presidentes de Venezuela y Ecuador con los medios comerciales de comunicación, que hay que reconocer han tenido sus excesos de una y otra parte, es la causa principal de las recomendaciones de la Relatoría hacia estos gobiernos durante los últimos años y es lo que tiene especialmente molestos a ambos mandatarios que encabezan junto con otros países la exigencia de limitar el ámbito de acción de esta instancia encabezada en este momento por la colombiana Catalina Botero, que sin dejar de reconocer las conductas tendenciosas y a veces hasta irresponsable de los medios, cumple con el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos de que el garante de la libertad de expresión son los Estados y por lo tanto las recomendaciones se dirigen a los gobiernos.

Si el Consejo Permanente de Embajadores de la OEA acoge esas iniciativas, el instrumento útil para la vigilancia y defensa de la libertad de expresión en el continente se vería sumamente trastocado, por lo que el 25 de enero, cuando se debata la propuesta, los países, entre ellos México, debieran encaminar las recomendaciones a fortalecer y no a debilitar a la Relatoría.

Aleida Calleja
Twitter: @callejag

* Presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y de la Asociación Civil Comunicación Comunitaria.

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