El incendio es grande

Por Wilson Tapia Villalobos

Evidentemente no se trata de mala suerte. Sólo de porfiados hechos.  De realidades que de tan intragables parecen catástrofes. Y no son imponderables, como un incendio forestal en medio de un verano tórrido.  Son desprolijidades, cálculos mal hechos o directamente acciones dolosas, que salen a la luz en medio de una campaña electoral.

Como en toda hecatombe, las cabezas empezaron a rodar,  La primera fue la del Director de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé.  Un Chicago Boy de tomo y lomo, llegó hasta la cumbre del INE con el actual gobierno.  Y se empeñó en realizar una tarea que dejaría huella en el país.  Después de un largo trabajo de levantamiento de encuestas, y de una fuerte inversión, se anunció que el mayor Censo de la Historia de Chile había terminado. Las cifras oficiales aseguraban que 16 millones 300 mil chilenos habían respondido las preguntas de los encuestadores.  Algunas tímidas denuncias de personas no encuestadas desmentían la versión.  Pero no alcanzaban para enturbiar la parafernalia del éxito gubernamental.  Sin embargo, una investigación periodística de Ciper Chile mostró otra realidad.  Los datos habían sido falseados y la investigación había abarcado a sólo 15 millones 800 mil personas.

Para que el escenario estuviera completo, Labbé hablaba con El Mercurio cuando el Ministerio Público llegaba a su oficina a incautarse de su celular.  Su última frase en la entrevista, fue: “Espero que nunca un Director sufra lo que yo he sufrido”. Su defensa de alto ejecutivo se había derrumbado.  Y el caso se transformaba en una mala telenovela. Al comienzo, sus explicaciones de que las denuncias sólo obedecían a rencillas internas, fueron escuchadas por el Gobierno.  Incluso, el ministro de Economía, Pablo Longueira, su superior jerárquico directo, afirmó: “Tenemos un INE fuerte, serio, que se está poniendo a la vanguardia respecto de sus pares internacionales”.

Poco duraron las seguridades de Longueira. El escándalo ya estaba desatado y el Gobierno se vio obligado a asumir que una de sus obras emblemáticas había sido un fraude. Incluso, mucho peor que las otras acusaciones que caían sobre el INE y la administración del presidente Piñera.  Hoy ya parece indesmentible que el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sido mal efectuado. Lo que genera una distorsión importante en las proyecciones de crecimiento que ha tenido la economía chilena en los últimos cuatro años.  En términos más técnicos, el error habría afectado una serie de variables que guían a la que parecía una sólida -y seriamente manejada- economía chilena. Desde ya, los especialistas han descartado que la inflación haya sido tan escuálida como el gobierno se ufanaba en hacerla aparecer. Y que mostraba como uno de sus galardones alcanzados gracias a la seriedad de sus políticas.

Pero este traspié no sólo afecta el terreno local.  El daño a la imagen internacional es grave. Hoy no hay seguridad para aseverar que nos encontramos en un peldaño más alto que nuestros vecinos, en cuanto a confiabilidad de información estadística interna. Y eso, aparte de ser un golpe a la autoestima, representa una amenaza a la percepción del país desde el exterior.

En resumen, una trastabillón serio.  Sobre todo que es verosímil pensar que toda la operación realizada desde el INE tuvo un objetivo político electoral.  Era la culminación de la prometida eficiencia de una administración manejada por empresarios y por personajes acostumbrados a ejercer su función desde puestos de privilegio en el esquema del poder.

Pero el incendio no sólo amagó al INE.  También, descontrolado, ha comenzado a asfixiar la campaña del presidenciable de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Laurence Golborne.  El fallo de la Corte Suprema de Justicia condenando al grupo económico Cencosud por cambiar unilateralmente las condiciones de los contratos de los clientes de Almacenes Paris, le ha estallado en el rostro.  Golborne era gerente general de Cencosud cuando se cometió este abuso. Los afectados: alrededor de 700 mil personas.

En estos días, el pre candidato presidencial derechista ocupa su tiempo en reafirmar que su trayectoria ha sido impoluta. Y lo hace en un ambiente enrarecido.  Un elevado porcentaje de chilenos se siente abusado. Y los responsables de tales acciones son empresas comerciales, compañías de servicios básicos, universidades, centros de salud, bancos, y un largo etcétera. Todos organismos privados sobre los que el Estado ejerce poco o nulo control.

El problema para Golborne no proviene, como era de esperar, de la oposición.  Son miembros de su propia coalición derechista quienes han lanzado venenosas críticas. Entre ellos, el otro pre candidato presidencial del conglomerado, Andrés Allamand.  E, inesperadamente, una de sus más decididas defensoras, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.  Miembro de la UDI como Golborne, la secretaria de Estado tomó distancia de su antiguo adalid. Para diversos analistas, ha sido un alejamiento calculado. Matthei jamás ha ocultado su interés por la presidencia de la República. Hasta ahora, la posibilidad no se había presentado.  Tal vez, sea la oportunidad.

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