El dominio de los recursos naturales y las energías del futuro un asunto clave del nuevo tiempo.

Por Carlos Fuentealba Maldonado*

El neoliberalismo mantiene en serio riesgo la estabilidad mundial, somete a los pueblos, especialmente a los trabajadores, a la desigualdad y las carencias, generando, en definitiva, profundos desequilibrios económicos, sociales, humanos y ecológicos.

Así lo ha demostrado la crisis económica financiera internacional que comienza el año 2008, y que permanece latente hasta la fecha, como se puede apreciar del fracaso en la regulación de los bancos y la actividad financiera, así como del excesivo endeudamiento y déficit fiscal de Europa y de Estados Unidos, sumado a la actual amenaza de aumento de la inflación.

Agravando aun más la situación, el laissez-faire económico y sus consecuentes modos de producción, de consumo y de vida han provocado impactos y desequilibrios medioambientales de tal magnitud que han generado una crisis climática y energética planetaria.

Frente a lo anterior se abre una nueva era en que resulta imprescindible repensar y cambiar. La misión de la izquierda es la de impulsar un profundo cambio del modelo de sociedad que permita imponer nuevos equilibrios, mediante un nuevo proyecto de transformación social, basado en los valores permanentes del socialismo: la igualdad, la justicia social, la libertad, la democracia, pero que, además, logre dar cuenta tanto de las contradicciones del capital y el trabajo como de otras contradicciones y desafíos propios del siglo XXI, como son los que impone la ecología al desarrollo.

La ecología constituye un nuevo aporte al pensamiento de la izquierda, en cuanto también encarna una lectura crítica del capitalismo, en contradicción con el liberalismo y el reino del mercado. La crisis ecológica global y sus consecuencias sociales y económicas, así como la necesidad de contar con un nuevo proyecto portador de soluciones, exige contar con un programa que también considere la transformación ecológica de la economía y de la sociedad.

La incorporación de la ecología en un nuevo proyecto de desarrollo económico y social alternativo al neoliberalismo, implica incorporar en la ecuación al medio ambiente y en particular a los recursos naturales y energías del futuro, de lo cual resulta la necesidad de definir el régimen o estatuto de los mismos.

En consecuencia, el dominio de los recursos naturales y energías del futuro se convierte en un asunto de relevancia fundamental. Al referirnos al dominio los recursos naturales y las energías, debemos hacerlo en dos acepciones del término, por una parte como derecho de propiedad y, por otra parte, como conocimiento, manejo y control.

En nuestro país, el asunto político de mayor trascendencia en la vida nacional lo constituye la decisión sobre el dominio, en cuanto derecho de propiedad, de los recursos naturales estratégicos, particularmente el cobre, el litio, el oro y el agua, y muy especialmente, la obtención de su renta, hoy en manos de empresas privadas, la mayoría extranjeras.

Es fundamental su recuperación, en atención a que dichos bienes pertenecen a todos los chilenos y poseen un valor estratégico y decisivo para que los 17 millones de chilenos alcancen el desarrollo.

La recuperación de nuestras riquezas nacionales para ponerlas al servicio de Chile y los chilenos, debe ubicarse en el corazón de un nuevo programa de transformaciones. La recuperación de nuestro cobre debe ser la principal bandera de lucha de los chilenos. Nuestro país, luego de largos años de lucha, logró la chilenización del cobre y luego, el año 1971, por la unanimidad del Congreso Nacional, a pesar de encontrarnos en un periodo caracterizado por la confrontación, logró nacionalizar el cobre y ponerlo al servicio de Chile, con gran éxito como lo demuestra la importancia fundamental que ha tenido y tiene Codelco Chile para el desarrollo del país. Sin embargo, a partir de 1990 nuevamente los capitales foráneos se apropian de nuestro cobre, llegando a poseer hoy alrededor del 65% de la producción nacional, profitando de rentabilidades extraordinarias y utilidades desproporcionadas, que exceden en mucho una compensación razonable en relación al riesgo y monto de sus inversiones, pagando, además, impuestos por cifras muy inferiores a las que deberían pagar.

Es imperativo el establecimiento de un nuevo régimen para la gran minería del cobre, en virtud del cual el Estado obtenga una parte importante de la renta del cobre, que le corresponden como dueño de las minas, y las empresas mineras limiten sus rentabilidades a montos razonables.

En cuanto al recurso agua, este constituye un bien escaso y estratégico para el desarrollo nacional. Debemos proteger y desarrollar nuestras riquezas hídrica, tanto en cuanto el agua de la red de ríos y embalses, claves para el desarrollo de nuestra agricultura, y fuente de energía hidroeléctrica; en cuanto al agua de nuestro mar territorial, fuente pesquera, acuícola y fuente de energía mareomotriz.

Se debe adoptar un nuevo estatuto jurídico del agua, a partir de los antecedentes jurídicos de la misma, los desafíos de la sociedad contemporánea y una nueva estrategia de desarrollo nacional y regional, que considere una política de recursos naturales y energías estratégicas.

Históricamente el agua ha sido considerada como un bien que pertenece a toda la comunidad. Ya en el antiguo derecho romano, cuyas nociones llegan hasta nuestros días, el agua era considerada un bien extrapatrimonial, es decir, que se encontraban fuera del comercio humano y por ende no era apropiable, respondía a la clasificación de “cosa pública”, esto es, cosas que si bien eran susceptibles de apropiación, por decisión legal se destinaban al uso común. El agua, conforme al Código Civil chileno y al Código de Agua, es un
bien nacional de uso público, lo que significa que su uso pertenece a todos los chilenos. No obstante ello, se concede a los particulares su utilización en forma privativa, mediante una concesión de derechos de aprovechamiento, concesión que constituye una autorización graciosa del Estado a un particular sobre bienes públicos para su uso privativo. Esta concesión constituye un bien patrimonial, que goza de reconocimiento y protección constitucional, y que circula “libremente” en el mercado de derechos de agua.

Un nuevo régimen jurídico del agua exige, en primer lugar, poner término a la gratuidad de la entrega y goce de concesiones de aprovechamiento de aguas, cuando su uso o aprovechamiento, por ejemplo, es entregado por el Estado a proyectos de centrales hidroeléctricas y mineros, estableciendo el cobro de una tarifa o impuesto en beneficio público, de manera que quienes se benefician de las aguas que pertenecen a todos los chilenos, retribuyan a la comunidad, mediante el pago de un precio por su uso y goce, considerando la rentabilidad que le corresponde obtener el dueño del recurso natural estratégico, es decir, todos los chilenos, y la rentabilidad razonable que deben obtener el adjudicatario de la concesión. Se debe poner término a la concentración en manos de empresas privadas de los derechos de agua, de manera que éstas vuelvan a dominio público, pudiendo administrarse y reasignarse, según las necesidades y prioridades de un proyecto de desarrollo nacional y regional.

Así mismo, se debe considerar el establecimiento de una institucionalidad que administre un sistema de gestión integral de las cuencas hidrográficas. En la cuenca hidrográfica concurren diversas problemáticas e intereses, esto es, aguas, suelo, ganadería, agricultura, poblamiento humano, medio ambiente, etc., que exigen una visión panóptica que permita administrarlas en forma integral. En atención a la naturaleza pública del agua, las necesidades de bien común y frente a la especulación y concentración a que conduce la asignación del recurso agua por el mercado, resulta imperativo resituar un rol público en la asignación de este recurso escaso y estratégico.

En relación a las necesidades de una política energética, es necesario comenzar por señalar que el dominio de las energías del futuro es de importancia fundamental en el camino al desarrollo y aquí se aplican las dos acepciones de dominio.

En la definición de una política nacional de energías estratégicas debemos decididamente optar por un modelo de desarrollo que anticipe la producción de energías renovables y haga transitar las industrias, la producción y el consumo hacia el uso de tecnologías limpias. Anticiparnos en el uso de energías limpias, acelerando la mutación social ecológica de la economía y de los modos de consumo constituye un desafío de futuro que debemos asumir desde ya.

Desde luego, que para impulsar una política de recursos naturales y energías estratégicas se requiere un nuevo enfoque de las políticas públicas y de inversión de los gobiernos nacional, regionales y locales. Se necesita mayor descentralización, se necesita planificar, nacional y regionalmente, a largo plazo, la generación y uso de las energías, y, muy especialmente se requiere cambiar de lógica exclusivamente económica, incorporando variables ecológicas y sociales en una mirada de futuro.

En este propósito es imperativo y decisivo hacer esfuerzos colectivos como país para impulsar una nueva dinámica portadora de futuro, basada en la investigación y la innovación, en particular la aplicada, dando los medios necesarios a las universidades y Centros de Investigación Regionales para que en conjunto con el las empresas, pongan en marcha proyectos de innovación científica y tecnológica.

En nuestras regiones resulta imprescindible constituir Centros de Investigación Científico Tecnológicos, que permitan contribuir a la incorporación de valor agregado a nuestros productos y a desarrollar nuestras enormes riquezas y potencial en energías solar, hidroeléctrica, eólica, mareomotriz.

Un nuevo proyecto de desarrollo debe considerar una política energética que enfrente la necesidad de disminuir los actuales altos costo de la energía y vulnerabilidad del sistema, que amplíe su diversificación e independencia, así como también que contribuya en la lucha por reducir el impacto climático, lucha que pasa en parte importante por el desarrollo de modos de producción más económicos en energías fósiles.

Así mismo, un diseño político institucional en materia ecológica y energética debe considerar la incorporación de una adecuada entidad encargada de la regulación y fiscalidad ecológica, así como considerar medidas tales como la creación de una impuesto o incentivo ecomodulable, según la contaminación provocada o uso de energías limpias o ahorro energético causado.

Finalmente, resulta necesario señalar la conveniencia que el diseño de nuestra política energética y los desafíos científico tecnológicos y de inversión que de ella derivan, se realice en un marco y perspectiva de integración latinoamericana, que permita aprovechar las ventajas del esfuerzo colectivo y de las enormes riquezas complementarias de nuestros pueblos.

*Abogado

Foto: tendenciadinamo

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