El desafío es la transparencia

Por Sebastián Jans Pérez

Las catástrofes, como nunca en la historia humana, parecen ser parte de la cotidianidad del hombre contemporáneo. Los medios de comunicación contribuyen de manera activa a ponernos la evidencia de lo impredecible de la naturaleza de modo cotidiano. Y ante cada desastre enormes recursos públicos y privados son canalizados hacia la ayuda humanitaria o hacia la reconstrucción de aquellas zonas y regiones que quedaron azoladas por la acción de la naturaleza.

América Latina es un escenario caracterizado por catástrofes significativas, que han llenado mucho espacio en los medios del mundo. De hecho, en menos de dos años, se produjeron dos destructivos terremotos – en Haití y en Chile -, uno con un enorme saldo de víctimas y destrucción material, y otro que alcanzó una de las mayores intensidades registradas, solo superado por el de 1960, en el sur chileno, y el reciente en Japón.

Desde luego, la ayuda a las víctimas fue movilizada a través de instancias de gobierno y a través de muchas organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, poco se hace para saber si las condiciones en que se manejaron los recursos han sido las mejores o si los recursos llegaron en definitiva a los destinatarios.

Hace poco, la Contraloría General de la República chilena – organismo fiscal autónomo que la democracia chilena ha consolidado como una instancia cada vez más efectiva -, ha  divulgado información de las investigaciones que ha realizado para saber el destino de recursos públicos, que fueron destinados a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuya intensidad provocó una gran destrucción material en las 3 regiones afectadas.

La información ha sido más que necesaria, considerando que una de las más prometedoras figuras de la alianza de gobierno, debió abandonar su cargo de Intendente de la Región del Biobío – la más afectada por el terremoto -, luego de haberse comprobado que, en una reunión con pobladores, se había jactado de haber realizado gestiones para usar fondos destinados a la reconstrucción para solucionar otro tipo de problemas habitacionales.

Los investigaciones de la Contraloría han dado cuenta de que hay una significativa cifra de los recursos manejados por las instituciones públicas que no han sido aún rendidos formalmente, y que hay una parte no menor que ha sido destinada a reparaciones o construcciones que no tienen que ver con el terremoto.

En ese contexto, tenemos que valorar que una institución de la república esté contribuyendo a conocer lo que se hace con los recursos públicos.

Pero, también, ha permitido conocer un hecho que merece ser investigado en profundidad por parte de la institucionalidad chilena, y que debiera ser materia de investigación parlamentaria, para determinar si hay responsabilidades políticas y judiciales, para determinar si hubo dolo. Ello tiene que ver con el sobreprecio impuesto por las grandes empresas que controlan los materiales de construcción en el país, muchas de ellas con carácter monopólico.

Las tres gigantes del retail de la construcción – Sodimac, Easy y Construmart – fueron adjudicadas por el gobierno para proveer al programa “Manos a la Obra” destinado a ayudar a 40 mil familias pobres, afectadas por el terremoto y tsunami del 27F, a través de las municipalidades. Ante protestas de empresarios minoristas se amplió esa adjudicación, pero estaba claro que el grueso de las adjudicaciones iba a pasar por quienes controlan el negocio a nivel nacional, como finalmente ocurrió. Era imposible que un comerciante minorista pudiera competir con la infraestructura de las tres gigantes.

Ello implicó que no se realizaran licitaciones y que solo bastaba que la municipalidad respectiva emitiera las órdenes de compra correspondientes, en beneficio de la familia que necesitaba reconstruir su vivienda. Ello en medio de una costosa campaña publicitaria en que las 3 empresas manifestaban su compromiso con la gente en la tarea de la reconstrucción.

El plan “Manos a la Obra”, anunciado con grandes declaraciones por parte de la autoridad cumplió su objetivo, en algunos casos con más éxito que en otros, y los ejecutivos de cuentas de las 3 empresas recibieron miles de órdenes de compras, sin que nadie hubiera previsto que los precios debían ser establecidos con antelación.

Obviamente, la investigación de la Contraloría ha dado cuenta que las 3 empresas subieron significativamente los precios y que se pagó una importante sobreprecio, afectando los recursos públicos destinados para el efecto. Era algo que estaba objetivamente en el escenario posible, pero la autoridad no tomó las previsiones del caso. Esto se da con autoridades de gobierno de distintos niveles de importancia, con vinculaciones de diverso tipo en el tiempo con estas empresas, sea en condición de ejecutivos, propiedad accionaria o asesorías estratégicas.

Por cierto, hay muchas otras decisiones que se tomaron y se han tomado, que involucran grandes cantidades de recursos, que no han sido investigadas por la Contraloría o que no están dentro de su competencia y sus capacidades físicas, ya que las disponibilidades de especialistas no dan para tanto, y que hacen recomendable una investigación política sobre cómo se manejaron los recursos para enfrentar la reconstrucción, y cuáles fueron las debilidades de las decisiones, ya que toda buena intención trae consecuencias y distintos tipos de beneficiados: la de los destinatarios de las políticas y la de quienes lucran con los beneficios.

Una comisión investigadora de los representantes del pueblo – los parlamentarios – sería más que conveniente para ayudar a la gestión de los organismos de investigación y control del Estado, a lo menos para determinar los criterios políticos que justificaron determinadas decisiones que permitieron lucrar con la desgracia de los damnificados. Más aún cuando los efectos de la reconstrucción están hace rato en cuestionamiento y no por falta de recursos.

La transparencia es un desafío que tiene que ver no solo con evidenciar las anomalías, sino también para corregir futuras decisiones. Las catástrofes serán siempre factores omnipresentes y las buenas intenciones tienen que ser coherentes con las buenas decisiones y las buenas prácticas. Lo bien que se haga en un país de América Latina al respecto, constituye experiencia que servirá para todos los demás países de la región.

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