El amargo sabor de la piña que comemos

Miriam Márquez / periodismohumano

Probablemente gane si apuesto con usted que soy capaz de adivinar de dónde procede la piña que toma como postre o desayuno: Costa Rica. No es difícil acertar si se tiene en cuenta que tres de cada cuatro de las que se consumen en Europa se han cultivado en el país centroamericano. Hubo un tiempo, hace alrededor de diez años, en que Costa de Marfil participaba activamente del negocio. Poco a poco, sin embargo, la situación de inestabilidad política del país y la preferencia de los consumidores por el sabor más intenso de la variedad “extra sweet” americana decantaron la balanza.

Hace unos meses tuve la suerte de visitar Costa Rica. Me enteré allí de la guerra que cada día libran sindicalistas, ecologistas y agricultores contra el cultivo de una fruta que ha pasado en pocos años a liderar las exportaciones nacionales agrícolas (superando incluso al banano gracias a un crecimiento de casi un 5% en el primer cuatrimestre de este año). En una tierra tan rica que es capaz de producir, gracias también a la diversidad de climas que posee, una gama de 120 cultivos diferentes, la piña ha ido lentamente convirtiéndose en la opción más rentable y la mayoritaria. Es difícil encontrar a un “tico” (así se llama también a los costarricenses) que no tenga entre su familia, amigos y conocidos una persona directamente afectada por las consecuencias económicas, laborales o medioambientales del cultivo de esta fruta tropical. Empecemos a desgajarla.

“Nos hacían trabajar por la noche a pesar de que hay serpientes peligrosas y sin tener la luz suficiente para detectarlas. Teníamos que hacer turnos de catorce horas y ni siquiera nos daban los medios para protegernos de los productos químicos que utilizan como fertilizantes”, explica un trabajador de Del Monte, una de las grandes productoras junto con el Grupo Acon. Estas son algunas de las duras condiciones que soportan trabajadores que tienen un turno laboral de seis días por semana y no cobran más de nueve euros diarios. En total, reciben al mes alrededor de 250 euros, según datos aceptados y publicados por la propia Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña de Costa Rica. “Nos resulta muy difícil asociarnos porque las multinacionales que se han implantado son especialistas en desbaratar las organizaciones sindicales. Los empleados que  formaban parte de ellas han ido poco a poco siendo apartados de las listas de trabajadores”, relata el mismo empleado de Del Monte, una productora y distribuidora estadounidense de alimentos con base en San Francisco y que opera en Centroamérica y Sudamérica desde finales del siglo XIX.

Buceando un poco en las características de la piña, descubrimos que se trata de un cultivo muy intensivo y exigente. Aparte de la aplicación inicial de fertilizantes (que incluyen substancias como el fósforo), su crecimiento exige una nueva dosis de los mismos cada quince días, lo que nos da unas 16 fertilizaciones aproximadamente en el tiempo que tarda en madurar.  El resultado es que, como crítica la campaña de Consumers International y una larga lista de organizaciones ecologistas y civiles costarricenses, la contaminación de las reservas acuíferas y del suelo es más que preocupante. Algunas comunidades tienen que usar agua potable distribuida por camiones cisterna porque su fuente local está muy contaminada. He podido comprobar con mis propios ojos que residentes de estas zonas atribuyen a la toxicidad del agua que utilizan para el aseo molestias en su piel y en aparato respiratorio, unas acusaciones imposibles de contrastar porque no existen investigaciones concluyentes sobre el asunto.

Por si no fueran suficientes motivos de preocupación, este año se ha añadido otro más: la posible introducción de la piña transgénica en el país. La empresa LM Veintiuno S.A. solicitó a finales de 2010 a la Comisión Nacional de Bioseguridad la autorización para su siembra en septiembre de 2011. Desde entonces, organizaciones ecologistas y campesinas, y diputados de partidos políticos se han unido para exigir que se frene un cultivo que consideran irresponsable por falta de estudios que lo avalen. Fabián Pacheco, portavoz de la Federación Ecologista, denuncia que no está probado que  la introducción de la piña transgénica sea inocua y que sería imposible controlar su proliferación fuera de  las zonas acotadas.

Mientras estas guerras se libran a miles de kilómetros de distancia del plato de los consumidores, las principales superficies comerciales centran sus preocupaciones en lograr el mejor precio posible, según denuncia la campaña de Consumers Internacional. Desde el agricultor al sindicalista costarricense, todos coinciden en que sus luchas por mejorar las condiciones de los trabajadores y la responsabilidad ambiental serán inútiles mientras los consumidores europeos y norteamericanos no estén informados sobre el precio real de los productos que adquieren. Una investigación realizada por Consumers International revela que sólo cinco de dieciséis superficies comerciales analizadas cumplen el compromiso de contribuir a un salario digno para los trabajadores de base. Un escaso cumplimiento que no les pasa demasiada factura si tenemos en cuenta que son muy pocos los consumidores que están realmente informados sobre las consecuencias éticas de comprar, por ejemplo, una piña costarricense a un precio demasiado bajo

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