Derecho a la Comunicación y Nueva Constitución

chiaraPor Chiara Sáez Baeza, Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile*

El derecho a la comunicación no es un concepto nuevo. El primero en acuñarlo fue Jean D’Arcy en 1969 cuando dijo: “vendrá el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que incluir un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información: el derecho de los hombres a comunicarse”.

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación lo va a volver a poner en uso. En 2003, dentro de los debates de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Cees Hamelink operacionalizó el derecho a la comunicación en 5 dimensiones: derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos de participación y derechos colectivos.

En Chile la más desarrollada de estas dimensiones ha sido la de los derechos de información. Sin embargo, nuestro texto garantiza el derecho a emitir opiniones, pero no garantiza el derecho a la información pública: podemos decir todos los que queramos, pero para tener una opinión hay que estar bien informado y esto último no está garantizado.

Lo anterior se traduce en varios problemas que afectan el ejercicio de los derechos de la comunicación. Uno de los más contundentes es el de la concentración de la propiedad de los medios comerciales y sus consecuencias sobre los discursos que circulan en la sociedad. Esta es muy alta sobre todo en la radio y en la prensa escrita.

Sin embargo, en el mercado de las telecomunicaciones tenemos una problemática similar, afectando la libre competencia, pero también nuestros derechos como consumidores para poder acceder a servicios de telefonía e internet de buena calidad.

En el caso de los medios públicos, tenemos una desnaturalización del concepto que queda muy bien expresada en el mandato de autofinanciamiento de TVN, ya que se da por supuesto que la única manera de garantizar la independencia de los medios del Estado es obligarlos a auto-financiarse, como si las lógicas del mercado fueran transparentes o carentes de intencionalidad política.

Con respecto a los profesionales de la comunicación, el control ético de la profesión no tiene efectos jurídicos. Opera como auto-regulación solamente. No hay incentivos a la sindicalización de los trabajadores de la comunicación y los sindicatos no tienen la titularidad de los beneficios negociados. Lo anterior redunda en precarización y formas sutiles de auto-censura.

No está garantizado el derecho a crear medios de comunicación comunitaria. No tenemos políticas de comunicación que fortalezcan al sector o le permitan acceder a la legalidad a partir de su especificidad de sector privado sin fines de lucro. Se les discrimina, se les persigue, tanto a las radios como a las TVs. Hay un desequilibrio entre políticas de apoyo y políticas de persecusión. Sobre todo en el caso de las radios. En el caso de la TV Digital, la ley pudo ser garantista, pero por ahora estamos a la espera del desarrollo de su implementación para saber hacia dónde se va a decantar. Tampoco hay políticas públicas que promuevan el desarrollo de proveedores comunitarios y/o de cooperativas de servicios de telecomunicaciones.

Internet, por su parte, abre nuevas preguntas sobre derechos y garantías constitucionales: ¿es un bien público o un bien de mercado? ¿Qué pasa con la protección de datos personales y las protecciones legales para los intermediarios? ¿Qué hay de la soberanía tecnológica, si la banda ancha, satélites y servidores que usamos tienen su centro de distribución fuera del país?

¿Cómo abordar estas y otras problemáticas relacionadas cuando discutamos la nueva constitución?

En primer lugar no es necesario que la Constitución se pronuncie explícitamente para garantizar cada uno de estos derechos y los casos en que limite o colinde con otros. Si los límites no están detallados, sí es importante que se explicite el mecanismo para elaborar esos límites. Por ejemplo, si el derecho a la propiedad se compatibiliza con la función social de la propiedad, eso puede ayudar a generar barreras a la concentración de la propiedad de los medios

Es importante la definición y modelo de Estado. En el caso europeo ha sido clave la definición como Estados democráticos y de derechos. También es importante garantizar la igualdad formal y material. Esto último es fundamental para que haya garantías contra la discriminación, por ejemplo, en el caso de los medios comunitarios o los medios de pueblos indígenas.

Por último, la relación con los tratados internacionales es fundamental, porque estos organismos están avanzando mucho más que los países en el desarrollo de algunos derechos. Entonces ahí es clave como las constituciones recogen esto, porque Chile por ejemplo firma tratados que luego no cumple y la Constitución no tiene mecanismos para exigir su cumplimiento. Que en la Constitución quede clara la obligatoriedad de los tratados internacionales y como se resuelve su incumplimiento. Porque si no se hace, se argumenta que la Constitución está por encima de los tratados.

*Chiara Sáez Baeza, Socióloga y Doctora en Comunicación. Posdoctorada en Políticas Públicas. Académica del Instituto de la Comunicación e Imagen

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