Decreto presidencial sobre TV digital transgrede estándares internacionales de libertad de expresión.

Las organizaciones, redes e instituciones académicas que conforman la MESA CIUDADANIA Y TV DIGITAL, advierten sobre las consecuencias para la libertad de expresión  que tiene la aplicación del decreto Supremo número 264 sobre TV digital dictado, hace unos días, por el Gobierno y firmado por el Presidente Sebastián Piñera.

El decreto, en primer término,  entorpece el trámite parlamentario sobre el proyecto para el tránsito a la TV digital que modifica la Ley general de Televisión, en debate actualmente en el Parlamento, permitiendo la asignación de nuevas concesiones en la banda UHF, lo que impide una discusión de fondo sobre la diversidad y calidad de la TV y los medios de comunicación y su relación con la democracia en el país. 

Los contenidos  de este decreto facultan a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, para abrir controladamente las  frecuencias  de TV digital sin que existan criterios claros ni un proceso transparente. Frente a una solicitud el Consejo Nacional de TV deberá llamar a concurso conforme a los actuales criterios de la ley,  en consecuencia que los criterios de adjudicación son uno de los aspectos centrales del debate parlamentario. En nuestras declaraciones públicas como Mesa de Ciudadanía y TV Digital, hemos expresado que el proceso de digitalización debe ser una oportunidad para  la entrada de nuevos actores  al mercado televisivo a través de la reserva de un 40 por ciento del espectro para las televisiones regionales, locales, comunitarias y culturales nacionales, tal como se propone en el proyecto enviado por el gobierno de Michelle Bachelet, en octubre de 2008 al Parlamento.

En este sentido, el último informe de la Relatoría de Libertad de Expresión 2009 1manifiesta que “dada la situación de exclusión existente, los Estados deben adoptar medidas positivas para incluir a los sectores sin fines comerciales en los medios de comunicación”. Entre estas medidas aparece la de asegurar frecuencias del espectro de radiodifusión para los distintos tipos de medios, y disponer específicamente que ciertas frecuencias sean reservadas para el uso de  los medios comunitarios, en especial cuando éstos no estén representados equitativamente en el espectro. La Relatoría Especial ha insistido en la necesidad de que la regulación sobre  radiodifusión establezca el deber de destinar parte del espectro a medios de comunicación comunitarios.

El decreto transgrede, además, la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su punto 12 establece que, “las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.2

Lo determinado en el decreto supremo número 264 es abiertamente contradictorio con este principio. Asignar las frecuencias sin tener previamente las condiciones de adjudicación es una medida discrecional y arbitraria en la que el Estado está haciendo un uso abusivo de su potestad reglamentaria, incurriendo en arbitrariedad en la administración el espectro, en contravención flagrantemente con lo dispuesto en el  13.3 de la Convención Americana de DDHH de la OEA3 ratificada por Chile, que considera la administración arbitraria de frecuencias radioeléctricas, como medida de restricción indirecta del derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

Para la Mesa de Ciudadanía y TV digital, es clave que se fijen  las reglas de operación a los futuros concesionarios de TV digital. La normativa que autoriza  las transmisiones experimentales,  por la vía de los artículos dos y tres de este decreto,    no cumple  con las condiciones de obtención de la concesión.  A su vez, el plazo para este tipo de transmisiones excede lo permitido por la  Ley General de Telecomunicaciones y transgrede la ley vigente al abrir un campo de acción para que los operadores mantengan  posiciones comerciales en sus transmisiones digitales de tipo experimental.

La Mesa Ciudadanía y TV Digital hace propia la advertencia que hace el Observatorio de medios Fucatel, en cuanto a que “se está asumiendo la asignación gratuita , sin condiciones, de  canales de 6MHz a operadores experimentales” y con esto, “el Gobierno parece resolver independientemente una definición que todavía está en debate en el proyecto de ley de televisión digital, al declarar que las concesiones otorgadas  en estos permisos experimentales constituirán las frecuencias de reemplazo que en su caso correspondan ‘”.

En su propuesta Más y Mejor televisión para Chile, la Mesa Ciudadanía y TV digital,  advierte sobre la necesidad de que la legislación  incorpore medidas anti monopolio  que frenen la concentración de la propiedad de los medios. Llamamos la atención sobre la amenaza que representa este decreto al abrir las puertas para que un puñado de actores, sin reglas claras ni procesos transparentes, concentren varias de las nuevas concesiones, ya que no se contempla ninguna restricción, que si existía en la banda VHF, para otorgar más de una concesión  de televisión  a un mismo titular en una misma zona de cobertura.

Nos alegra, por último, que un conjunto de parlamentarios hayan expresado su rechazo ante este atropello a la labor legislativa.

Mesa de Ciudadanía y TV Digital:

Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, ACCION

Plataforma Audiovisual

Observatorios de medios, Fucatel

Canales de TV Comunitarios de la Red de Medios de los Pueblos (RMP)

Red de Televisiones Populares y Comunitaria de Chile, RTP

Unión Nacional de Artistas, UNA

Instituto de Comunicación e Imagen Universidad de Chile. ICEI

Universidad de Santiago USACH

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