Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un papel que se quemó en la Torre 5 de San Miguel

fuente: ACCION AG
Ayer se desató el infierno en la torre 5 del penal de San Miguel y mañana, 10 de diciembre, se cumplirá un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hoy, en medio de estos dos hitos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil agrupados en la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, demandamos una respuesta del Estado centrada en una visión que privilegie los derechos de las personas y que responda a los compromisos asumidos por nuestro país en materia de Derechos Humanos a nivel internacional.
Como señalamos en una Declaración que suscribimos de manera conjunta con diversas organizaciones de la sociedad civil y que daremos a conocer mañana en torno a la situación de los DDHH, “constatamos que el  2010 ha sido un año claramente deficitario para la vigencia de estos derechos en el país. Durante el año que concluye no sólo no se ha avanzado en la introducción de reformas jurídicas y políticas que resultan imprescindibles para hacer posible un mayor reconocimiento jurídico de importantes derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos sociales y culturales, sino que tampoco se han adoptado las políticas públicas que permitan asegurar su ejercicio efectivo por parte de los individuos y los pueblos que habitamos en este país”.
Tras años de denuncias, informes e interpelaciones de las organizaciones de la sociedad civil demandando al Estado de Chile un cambio en el modelo de desarrollo, políticas públicas que permitan mayor justicia social y reformas que profundicen la democracia y permita a los ciudadanos sentirse parte de ella, el sistema comienza a colapsar y a mostrar sus peores consecuencias en las tragedias del 2010.
El incendio el cárcel de San Miguel en Santiago, el terremoto en la zona centro sur y el derrumbe en la mina San José en el norte, dan cuenta de las precariedades laborales, de la pobreza, de la desigualdad y de la estigmatización de importantes sectores de nuestro país, así como de los déficits en materia de respeto a los derechos sociales, económicos y culturales. Estos hechos permiten contrastar las situaciones de injusticia que vive la sociedad chilena con la imagen que se propone ante el mundo como uno de los países más avanzados y de mayor desarrollo de América Latina.
Las políticas de seguridad ciudadana no pueden seguir construyéndose en base a una mirada que privilegie la instalación de más cárceles, el aumento de las atribuciones a la policía y los tratos inhumanos y degradantes a las personas privadas de libertad. Por otra parte, es urgente que el poder judicial revise su jurisprudencia en materia de DDHH, que en muchos casos sigue siendo errática y contradictoria.
Sólo de esta forma es posible tomar un rumbo distinto para que nuestra sociedad avance en relaciones menos discriminatorias y estigmatizadoras y se acerque a las que potencian mayor justicia y libertad.
ASOCIACIÓN CHILENA DE ONGs
ACCIÓN

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