Declaración Pública de Asamblea de Derechos Humanos por la criminalización de la movilización social

monin-salida-colegio-y-la-moneda-060809-055Durante el mes de agosto, la cámara de diputados debería despachar el proyecto de ley enviado por el ejecutivo que modifica distintos cuerpos legales para hacer responsable penalmente a quien convoque, anime, y participe activamente de una manifestación pública.

Este proyecto de ley restringe lo garantizado por el número 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la cual garantiza a todas las personas “el derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas”. Dicho derecho garantizado en nuestra Carta Fundamental, claramente impone su respeto no sólo respecto de los órganos del Estado, sino que lo reclama respecto de todos los miembros de la sociedad.

La libertad de reunión y manifestación en un espacio público, se traduce en el derecho que tiene un número indeterminado de personas para agruparse momentáneamente con el fin de plantear problemas comunes. Esta libertad representa una expresión de la libertad de movilización, la que se verá gravemente afectada con este proyecto de ley. Principalmente afectará aquellos que no son atendidos, escuchados y respondidos por la autoridad (municipios, seremi, ministerios, tribunales, policías, serviu, etc.), por servicios públicos (agua, luz, consultorios, telefonía, transporte, etc.), por privados (grandes tiendas, bancos, empleadores, afp, isapres, créditos, etc.).

El derecho a manifestarse y expresar públicamente necesidades, pensamientos, ideas, reclamos u opiniones en plazas y calles es un derecho fundamental, por lo tanto irrenunciable, indivisible e interdependiente al derecho a la libertad de expresión en el espacio público.

Actualmente, el derecho fundamental en cuestión, se encuentra limitado por estar sujeto a la simple voluntad de la autoridad administrativa (intendentes y gobernadores). Preguntamos: ¿Porqué un derecho constitucional se encuentra limitado por habilitaciones administrativas?

De aprobarse, el proyecto de ley consagraría legalmente las actúales restricciones, presumiría la intención de cometer delito por parte de quienes convoquen a manifestaciones públicas y profundizaría la inexistencia del derecho a reunión pública en Chile. El derecho a reunión y manifestación en el espacio público sin permiso previo y sin armas es un derecho humano consagrado en tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. El Estado en vez de limitarlo debe reconocerlo, promoverlo y asegurarlo.

Cómo Asamblea Nacional por los Derechos Humanos rechazamos el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara Alta. Exigimos el retiro inmediato de la urgencia simple y que el gobierno desista de la intención de criminalizar un derecho fundamental de todos y todas la chilenos y chilenas.

Anunciamos a partir de hoy una campaña nacional para que la ciudadanía se oponga activamente a este nuevo intento de flagelar un derecho fundamental. Y solicitamos audiencia con la Presidenta de la República para tratar el tema.

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS.

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