Declaración Pública Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN A.G.

A raíz del artículo “Gobierno de Bachelet cuadruplicó aportes a ONGs y fundaciones en sus últimos días”, publicado en El Mercurio el domingo 4 de abril la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN A.G. desea realizar las siguientes precisiones:

La Sociedad Civil tiene pleno derecho a gestionar fondos públicos. Este derecho se funda, entre otras razones, en que un Estado democrático no puede desplegar con efectividad sus políticas públicas sin asociarse a la ciudadanía organizada. La experiencia de los países con mayor desarrollo humano demuestra una correlación directa entre estos estándares con un incremento sustantivo y permanente del financiamiento de las organizaciones de la Sociedad Civil. Por este motivo, el financiamiento público a las ONGs debe constituirse en un mecanismo inherente en la labor estatal, lo que exige su institucionalización de forma pertinente y constante.

Hasta hoy nuestro país no ha desarrollado una institucionalidad pública acorde a esta realidad, por lo que han primando los criterios históricos que han marcado la relación entre el Estado y la Sociedad Civil. Este déficit institucional explica el predominio de la discrecionalidad en las asignaciones presupuestarias y la carencia de mecanismos estables, que permitan dar continuidad a las políticas implementadas en esta materia. Se trata de una carencia histórica, por lo que nada garantiza que el nuevo gobierno no aplicará criterios igualmente discrecionales y fluctuantes.

En coherencia con este diagnóstico la Asociación Chilena de ONGs Acción A.G. ha demandado por años y de forma permanente que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen a las ONGs su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Al mismo tiempo, sus ONG miembros se otorgaron un Código de Conducta Ética, requisito obligatorio para todas las organizaciones integradas en la asociación. Para avanzar en estos temas es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas se han debido desenvolver por décadas. Un primer paso en este objetivo lo constituiría la pronta promulgación de la ley de participación ciudadana en la gestión pública, que fue aprobada por unanimidad en por la comisión mixta abocada a su estudio en el pasado mes de febrero.

Sin embargo, el desafío a largo plazo es todavía más amplio. El financiamiento público de la Sociedad Civil debe dejar de ser entendido como una relación de ayuda en la que hay un donante que toma las decisiones y vigila a un receptor, que ejecuta las decisiones del otro y es vigilado. Debe ser entendido como una relación de cooperación entre dos partes que poseen recursos y necesidades, se rinden cuentas mutuamente y ambas están conscientes de las ventajas de aunar esfuerzos para resolver problemas públicos.

Por este motivo ACCIÓN demanda a los medios de comunicación y a los partidos políticos que den un enfoque constructivo a este debate. La forma como se ha expuesto en El Mercurio esta problemática tiende a generar desconfianza ante todo el sector de las ONGs. Se trata de una situación que correspondería tratar en su contexto, clarificando en detalle cuáles fueron las organizaciones favorecidas de forma discrecional durante el anterior gobierno, y señalando el marco legal que explica la precariedad de los actuales mecanismos de financiamiento público a las organizaciones de la Sociedad Civil.

Las ONGs somos las primeras interesadas gestionar con el máximo rigor los recursos que utilizamos por lo que también deseamos que cualquier caso de irregularidad se clarifique, investigue y sancione como corresponde. Pero exigimos en reciprocidad claras responsabilidades políticas a quienes se han opuesto sistemáticamente a legislar a favor de una institucionalidad pública que garantice el fortalecimiento de una Sociedad Civil autónoma, que no esté expuesta a las contingencias políticas ni sea susceptible de controles arbitrarios.

Asociación Chilena de ONGs, ACCIÓN, integrada por:

Acción Gay, Achnu, Anide, Casa de la Paz, Ceanim, Cec, Cedem, Cem, Cenda, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Ceppac, Cidpa, Cintras, Codeff, Codepu, Cordillera, Corporación Opción, Caleta Sur, Corporación El Canelo de Nos, Corporación La Morada, Desarrollo Rural Colchagua, Domos, Eco, Fasic, Forja, Fundación Instituto de la Mujer, Fundación Ideas, Gea, Genera, Gia, Grada, Ilas, Isis, Jundep, Kairos, La Caleta, Libertades Ciudadanas, Memch, Movilh, Observatorio Ciudadano, Innovación Ciudadana, Paicabí, Participa, Pet, Piie, Prosam, Raíces, Sedej, Sepade, Serpaj, Sodem, Sol, Corporación Sur, Sur Maule, Tac, Taf, Tekhne, Terram, Territorio Sur

Santiago, 05 de abril de 2010

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