Corte verá recurso de nulidad de Asmar en contra de fallo que ordena reincorporar a despedidos

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción verá el recurso de nulidad presentado por la administración de Asmar Talcahuano en contra de la resolución del Juzgado del Trabajo de Concepción que acogió una demanda presentada por un grupo de trabajadores de la empresa que fueron despedidos a comienzos de este año.

Fue el 24 de julio pasado cuando el tribunal laboral falló a favor de 16 trabajadores que habían demandado a Asmar por despido vulneración de derechos, al ser despedidos junto a otros 50 compañeros de labores, sin justificación concreta.

Los demandantes acusaron a la administración de haberlos exonerado por su participación en el Sindicato 1 de Trabajadores, por haberse sumado a la huelga efectuada el año pasado y por participar como delegados de la organización sindical.

El fallo de 67 páginas del juez titular Fernando Stehr establece que “los trabajadores de sindicato N°1 iniciaron un proceso de manifestaciones en el año 2013, reuniéndose todos al término de la jornada, marchando en conjunto hacia la salida de la empresa. Verificada una tercera manifestación en el mes de agosto, la empresa registró fotográficamente y sancionó a un grupo de trabajadores que aparentemente se manifestaron haciendo ruido. Lo anterior motivó que se iniciara un juicio en contra de la empresa, por una eventual vulneración de derechos de los trabajadores manifestantes“.

Agrega que “sin perjuicio de ello y la falta de acuerdos con la empresa, el sindicato N° 1 convocó a una paralización que se inició el 28 de octubre de 2013 y participaron más de 650 trabajadores. La paralización se verificó con gran connotación, los trabajadores se reunían en un lugar público y se realizaban ollas comunes. Además, un grupo de 8 trabajadores inició una huelga de hambre al interior de la Catedral, lo que fue cubierto por medios de prensa. Tras 51 días, con fecha 18 de diciembre, la empresa y el sindicato firman un acuerdo para poner término a la paralización y establecer ciertas mejoras laborales, en esa reunión se les indica por la autoridad máxima de Asmar que no estaban las condiciones para despedir a nadie. En vista del acuerdo y el aparente compromiso, con fecha 14 de enero de 2014 el sindicato N°1 se desiste de la demanda que mantenía. No obstante lo anterior, diez días después se despide a 66 trabajadores por necesidades de la empresa, 45 de ellos del sindicato N°1, dentro de ellos los demandantes, algunos de los cuales tuvieron notoria participación en las actividades sindicales”.

Para el Juzgado del Trabajo, los hechos expuestos generan “una razonable sospecha de la discriminación alegada en la motivación de los despidos. En efecto, las dificultades que vivió la empresa por la acción sindical, la adhesión y compromiso de los demandantes a las actividades (salvo Álvaro Campos Vásquez) y la conexión temporal entre el término del conflicto y los despidos, genera convicción sobre la probabilidad de que los despidos tengan por objeto desincentivar futuras acciones sindicales y se haya fundado -en el caso de los actores- en su afiliación y participación sindical. Por lo tanto, de acuerdo a lo explicado en el considerando precedente, en tanto dichos hechos generan convicción sobre la posibilidad de la discriminación alegada, constituyen indicios suficientes de la misma”.
Precisa, asimismo, que la circunstancia alegada, de que se despidió sólo a una parte de los trabajadores participantes, no altera el establecimiento de los indicios ni su suficiencia. En el caso concreto, es una medida imposible de tomar para la empresa, toda vez que se trata de más de 650 trabajadores. Y, de otro lado, el despido de unos pocos es suficiente para amedrentar a los demás.

“En consecuencia, los hechos precedentemente expuestos constituyen indicios suficientes de la existencia de la discriminación, toda vez que generen sospechas razonables y fundadas en orden a que los trabajadores conservarían se empleo de no ser por su compromiso y participación de las actividades sindicales”, precisa la resolución.

En consecuencia, expresa el fallo, “la situación actual de la empresa que describen los testigos, por sí sola, no aparece suficiente para justificar la supuesta racionalización de los puestos de trabajo. Valga reiterar que la disminución de las ventas en el caso del sector pesquero ya existió en el año 2013, no obstante lo cual, la empresa obtuvo igualmente un resultado operacional positivo y dentro del promedio esperado. Así como el hecho de que le término de proyectos de gran envergadura conlleva por sí solo la desvinculación del personal transitorio asociado”.

A ello se agrega que la carta de despido de los demandantes no alude a las circunstancias descritas por los testigos, sólo se refiere genéricamente a restructuración, racionalización y ajuste de dotación de personal de la empresa, nada de lo cual logra ser probado.

Al respecto, no existe constancia de restructuración, más que en dos áreas que no corresponden a aquellas en que prestaban sus servicios los demandantes.

Es por ello, que al acogerse la demanda, se ordenó también la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados, a las funciones que desempeñaba antes del despido, dentro de tercero día contados desde que el presente fallo quede ejecutoriado.

Esta resolución involucra a 15 de los 16 trabajadores que demandaron. Respecto de Alvaro Campos, el tribunal determinó acoger la demanda subsidiaria por despido injustificado, solo en cuanto a que estimó que su despido fue improcedente, por lo cual se condenó a la administración al pago de $605.580.- por indemnización sustitutiva de aviso previo; de $4.239.060 por indemnización por siete años de servicios y de $1.271.718. como recargo del 30% de la indemnización por años de servicios.

Por TBB

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