Corte Suprema revoca calificación ambiental de proyecto minero El Morro: Fallo es calificado como “hito histórico”

La Corte Suprema -en fallo dictado ayer 07 de octubre- revocó la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que el año 2013 otorgó calificación favorable al proyecto minero El morro en el territorio de propiedad ancestral y legal de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, en el norte del país. La sentencia ordena, “dejar sin efecto los Informes de Conadi contenidos en los Oficios N°00 y 564 de 2013 en los cuales la Corporación manifiesta su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto“El Morro”,y la Resolución de Calificación Ambiental N°232 de 22 de octubre de 2013 que califica favorablemente el mismo Estudio de Impacto Ambiental”. Las comunidades no fueron consultadas y las que se hizo no era de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

 

Matías Meza-Lopehandía, abogado que participó en la tramitación de la causa en calidad de miembro del Observatorio Ciudadano, valoró la importancia de la resolución porque “lo que está en juego es la sobrevivencia de los Huascoaltinos como pueblo diferenciado y sus posibilidades de definir sus propias estrategias de desarrollo”. Añadiendo, respecto del actuar del SEA, que éste falló en el proceso de consulta, pues no estuvo a la altura de su labor, al no hacerse cargo de generar un clima de confianza adecuado y decidir terminar, unilateral y abritrariamente, el proceso de consulta previa que se había iniciado, sin cautelar así los derechos indígenas. Aclarando además el abogado que dicho proceso de consulta “no estaba acorde a los estándares internacionales, por lo que la corte consideró existía violación a los derechos constitucionales particularmente, el derecho a la igualdad y la participación”, señaló el profesional.

Por su parte Luis Jiménez, abogado del Observatorio Ciudadano, calificó “el fallo como muy significativo. Primero, porque la Corte vuelve a ejercer su rol de cautelar derechos fundamentales, ello luego de una serie de sentencias en que, a nuestro juico, lamentablemente abdicaba de dicha función, excusándose en la creación de los nuevos tribunales ambientales, quienes están diseñados especialmente para conocer contenciosos administrativos. Por otra parte, atendida las obligaciones constitucionales, internacionales y legales del Estado, la autoridad no puede retirarse unilateralmente de un proceso de consulta sino es mediante un estándar de justificación elevada, que tome en cuenta las exigencias de buena fe propias del Convenio 169 y demás estándares internacionales. La simple alegación de haber ‘realizado todos los esfuerzos necesarios’ o la calificación de las estrategias de defensa legal de las comunidades como ‘diligencias dilatorias’ no es suficiente y constituye una vulneración de derechos fundamentales. Valoramos por tanto este pronunciamiento que llega en un momento en que la autoridad utilizaba como estrategia para restringir la consulta a las comunidades indígenas, que ejercen y defienden sus derechos colectivos, las acusaciones de mala fe como si se tratara de un conflicto contractual y no de derechos humanos”.

Mediante una declaración pública la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos en conjunto con el Observatorio Ciudadano, como se señalara patrocinante de la acción legal, se mostraron satisfechos con la resolución. “Celebramos la justicia de esta decisión que finalmente ordena dejar sin efecto los Informes de Conadi”, señalan. Agregando que “este fallo constituye un hito histórico para la protección de las tierras de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos y de los derechos de los miembros de esta organización indígena de base ancestral, constituida por 260 familias que han preservado estas tierras y su sistema de vida y costumbres desde tiempos inmemoriales hasta la fecha”.

Finalmente hacen un llamado a las autoridades “a rectificar su política, evitar que actos arbitrarios e ilegales como los que han caracterizado su actuación en este caso no se repitan y se comprometa a dar pleno cumplimiento a este fallo conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, firmada por Chile en 2007, el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 2008, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Apuntando que “dichos estándares son el camino que permite garantizar los derechos de los diaguitas huascoalitnos, y proyectar una convivencia pacífica entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. Esperamos que los lineamientos del fallo que hoy celebramos, se constituyan en un precedente normativo para la actuación de los órganos del Estado frente a proyectos extractivos de recursos naturales en los territorios indígenas.

La sentencia dictada con fecha 7 de octubre de 2014, registra el rol número 11.299-2014 y fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema de Santiago, integrada por los Ministros Rubén Ballesteros, Héctor Carreño, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Ricardo Peralta.

 El Proyecto

 El proyecto minero El Morro -propiedad de Goldcorp (70%) y Newgold (30%), consiste en la construcción y operación por 14 años, de una mina a tajo abierto para la extracción de oro y cobre. Se espera obtener 2.215 toneladas de concentrado de cobre por día, para lo que se requieren 90.000 toneladas diarias de mineral y generar diariamente 296.100 toneladas de material estéril y 90.410 toneladas de relaves. Alcanzando éstos últimos -al término del proyecto- aproximadamente 450 millones de toneladas, las que serán dispuestas en un depósito contenido por un muro que alcanzará una altura de 230 metros y que se localizará en la quebrada larga, esto es, en la cabecera del río Cazadero, el que suministra agua a la cuenca del río Huasco, amenazando el ecosistema huascolatino y, además, de todos los pueblos y ciudades ribereños al río Huasco.

 El emplazamiento minero utilizará un total de 2.463 hectáreas, afectando distintos territorios desde la montaña hasta el mar y abarcando grandes extensiones de tierras de la Comunidad Agrícola Diaguita de Los Huascoaltinos. Incluido el espacio minero de 362 hectáreas, un depósito de estéril de 595 hectáreas, un depósito de relaves de 470 hectáreas, un relleno sanitario de 10 hectáreas, un sector de acopio de mineral de 58 hectáreas, además de una planta concentradora y área de servicios de la mina, junto a un campamento, caminos de acceso y demás instalaciones de tuberías y electricidad.

 Por Elías Paillan C. Observatorio Ciudadano

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