Corte Suprema acoge demanda contra el Fisco de víctima de torturas

cortesupremaLa Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a una víctima de torturas entre los años 1973 y 1974.
En fallo unánime (rol 100.751-2016) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm- acogió la demanda presentada por Gregorio Brevis Martínez, victima certificada por la Comisión de Prisión Política y Tortura.

La sentencia desestima la excepción de pago planteada por el Fisco al recibir la pensión de la también denominada Comisión Valech

“la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, lo cual hacía procedente acoger la acción deducida, cuyo objeto es obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados”, dice el fallo.
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Agrega que: “en consecuencia, la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional. La normativa invocada por el Fisco -que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, asumidas por el Estado voluntariamente, como es el caso de la Ley N° 19.992, lo cual no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”.

escrito por TBB

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