Corte rechazó procesar a civiles y militares en caso de matanza de 18 campesinos de Mulchén

por María Eliana Vega de Tribuna del Bío-Bío

Cuando nos aproximamos a cumplir cuarenta años del golpe militar en Chile, numerosas causas por violaciones a los derechos humanos siguen vigentes y en plena tramitación. En la región del Bío Bío, una de las situaciones más impactantes de que se tiene memoria es la matanza de 18 campesinos en la zona rural de Mulchén, hecho ocurrido entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973.
A pocos meses de cumplirse 40 años de este cruel episodio, la justicia sigue actuando, aunque el fallo emitido este jueves por la Corte de Apelaciones de Concepción no era lo que buscaba el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En efecto, Patricia Parra abogada del Programa, había solicitado al ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, que sometiera a proceso a catorce personas entre civiles y militares como autores y encubridores de los delitos de secuestro y homicidio calificado en la persona de 18 obreros agrícolas de los sectores El Morro, Pemehue y Carmen Maitenes, de la comuna de Mulchén.

Los restos de las víctimas que habían sido enterradas en las inmediaciones del río Renaico, lugar que fue identificado por los familiares con piedras y palos. Sin embargo, a comienzos de 1979, cuando ya había estallado el caso Lonquén y el de Laja San Rosendo, empezaba a hacerse público, se dispuso la exhumación de los restos de las víctimas y su desaparición por completo. Fue lo que se llamó “Operación Retiro de Televisores”. Y fue lo que ocurrió con las víctimas de Mulchén.

Como el ministro Aldana rechazó la solicitud, el 6 de agosto de 2012, la abogada Parra apeló a la Corte de Apelaciones, donde los integrantes de la Quinta Sala, ministros Juan Villa y Claudio Gutíérrez, además del abogado integrante Mauricio Ortiz, confirmaron la resolución de Aldana, denegando así lo solicitado por el Programa de Derechos Humanos.

La solicitud de autos de procesamiento recaía en Rolf During Polher, Samuel Arriagada Domínguez, Raúl Tirapeguy Silva, Osvaldo Díaz Quintana y Patricio Martínez Moena, en calidad de autores del delito de secuestro y homicidio calificado cometido en la persona de Juan Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo Albornoz, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez Ascencio, y en Jaime Óscar García Zamorano, Julio Guillermo Humberto Reyes Garrido, Julio Hernán Fuentes Chavarriga, Jaime Alberto Müller Avilés, Mario Rafael Contreras Brito, Luis Alberto Palacios Torres, Juan Luis Cares Molina, José María Tucapel Iturriaga Valenzuela y José Francisco Puga Pascua, todos ellos en calidad de encubridores del delito de homicidio calificado perpetrado en la persona de las víctimas ya individualizadas.

Tras analizar los antecedentes, la Quinta Sala concluye que se requiere que “la participación del inculpado importe un nexo físico o material con el hecho punible, y que resulte de serios antecedentes de convicción que constituyan presunciones fundadas que deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, pero sin que constituyan prueba completa”.

Acorde a ello, y analizados en su contexto los antecedentes presentados por la solicitante el 6 de agosto de 2012, se concluye que “no tienen mérito suficiente para acreditar que en la especie concurra el requisito indicado en el Nº 2 del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. En cada caso, debe existir copulativamente nexo físico y presunciones fundadas, y ello no se ha acreditado en la situación en estudio”.

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