Corte debe decidir si somete a proceso a 21 ex CNI por asociación ilícita en Operación Alfa Carbón I

escrito por M.E.Vega
manifiestamirEn un par de semanas más debería conocerse la resolución de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción a la petición de las abogadas querellantes de someter a proceso a 21 ex agentes de la CNI por el delito de asociación ilícita y de ampliar a la totalidad de los procesados -hasta ahora 12- el encausamiento por el homicidio calificado de siete militantes del MIR que murieron en el marco de la llamada Operación Alfa Carbón I, ejecutada los días 23 y 24 de agosto de 1984 en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia.

Los alegatos respectivos se verificaron este martes, después de casi dos meses de postergaciones y tras una larga espera de familiares y amigos que quisieron estar presentes en el tribunal de alzada penquista.

Lo que se estaba solicitando era la revocatoria del fallo dictado en abril de 2013 por el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, quien había denegado la solicitud de las abogadas Magdalena Garcés, por las familias querellantes y Patricia Parra por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Tras escuchar la relación de la causa -cuyo expediente tiene más de 20 tomos- los ministros de la Cuarta sala, Renato Campos y César Panés, además del abogado integrante, le dieron el turno a las abogadas Garcés y Parra. No hubo alegatos por parte de los procesados y acusados.

Magdalena Garcés fue la primera en intervenir, recalcando la existencia de antecedentes suficientes para acreditar la participación de los agentes que solicitó ser procesados. Insistió en la petición de que todos los agentes de la CNI  sean procesados por el delito de asociación ilícita, ya que “todos participaron de ella con la finalidad de reprimir y eliminar la estructura del MIR”.

La abogada Garcés resaltó la labor investigativa en esta causa desarrollada por el ministro Carlos Aldana, sin embargo, reiteró que es necesario revocar la resolución dictada por él, para ampliar los procesamientos. “Consideramos que quienes dispararon no lo hicieron por iniciativa propia, sino que recibieron órdenes de otros que también son responsables”.

Para reforzar su alegato, entregó más detalles de la ocurrencia de las muertes de Nelson Herrera y Mario Lagos, así como de Luciano Aedo y Mario Mujica., ocurridas en Concepción y Los Ángeles, respectivamente.

Por su parte, la abogada Patricia Parra entregó antecedentes para reforzar su petición de procesamiento para tres jefes de la CNI: Hugo Salas Wenzel, subdirector nacional de la CNI; Aquiles González Cortés, jefe de la Brigada Azul  de la CNI  y Jorge Andrade Gómez, segundo Jefe de la División Antisubversiva, como co autores de los delitos reiterados y consumados de homicidio calificado en contra de las 7 víctimas y como autores jefes del delito de asociación ilícita para cometer dichos crímenes.

También pidió el procesamiento de Jorge Mandiola Arredondo, jefe de la CNI Regional, como co autor de los delitos reiterados y consumados de homicidio calificado en perjuicio de Luciano Aedo, Nelson Herrera, Mario Lagos y Mario Mujica y como autor jefe del delito de asociación ilícita para cometer dichos crímenes.

En su alegato, la abogada Parra que ellos no sólo estaban en conocimiento de los hechos, sino que tuvieron participación directa en ellos, tanto en su planificación, como en la determinación de quienes serían detenidos y quienes eliminados.

“De acuerdo a las afirmaciones vertidas durante todo el curso de la indagatoria por Jorge Mandiola Arredondo, a la sazón, Jefe de la Brigada Regional Concepción de la CNI, este operativo materializado los días 23 y 24 de agosto de 1984, fue la culminación de un largo trabajo de inteligencia realizado por dicho organismo represivo, y que comenzó a inicios de 1984, cuando agentes de su unidad detectaron a algunos miembros de una estructura del mencionado movimiento, los que tras un período de seguimiento, permiten dar con una estructura completa, nombres, domicilios, contactos y organigrama”, detalló.

Con esa información, Mandiola solicita apoyo en hombres y recursos a Santiago y es así como la dirección nacional de la CNI, a cargo de Humberto Gordon, ordena a la División Antisubversiva el envío de agentes a Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia, en un número superior a los 75. Es así como más de 12 equipos funcionaron en la zona en esos momentos.

Es así como en los dos días que comprendió el operativo final -23 y 24 de agosto de 1984-, más de una decena de militantes del MIR fueron detenidos, otros tantos lograron escapar de la persecución política que se desató en su contra aquellos días y con posterioridad a los mismos, y siete militantes, tres de ellos en Concepción, tres en Valdivia y uno en Los Ángeles, fueron ejecutados, siendo sus muertes presentadas a la opinión pública como enfrentamientos.

Terminados los alegatos, que se prolongaron por más de una hora, ambas abogadas se declararon satisfechas de lo obrado.

Patricia Parra destacó que ha quedado bastante claro en el curso de la investigación que “Hubo un operativo planificado con tiempo por parte de los agentes de la dictadura que tenía como fin reprimir a los militantes del MIR, a la estructura sur del MIR, detener a algunos de ellos  y eliminar a los líderes”.

A su vez, Magdalena Garcés dijo que se habían aportado “antecedentes más que suficientes para acreditar la participación de los agentes que estamos solicitando se procesen y en especial queda bastante establecido que se montó un operativo donde hay una participación a través de la estructura organizada del poder con autorías inmediatas donde hay mandos que planificaron y organizaron, dieron las órdenes y que hicieron  todo lo necesario para encubrir los hechos“.

Recalcó que esos mandos no están procesados, como el caso del director regional de la
CNI de la época, coronel en retiro Jorge Mandiola Arredondo, quien durante el proceso reconoció que antes de un año venía trabajando sobre la estructura del MIR en Concepción y que el día de los hechos participa incluso yendo a la Vega Monumental.

“El estaba participando en los distintos operativos, daba instrucciones pero no se encuentra procesado..Creemos que los antecedentes son suficientes en cuanto a quienes participaron y dispararon sobre las víctimas y de otros como el segundo hombre de Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Azul, que también participó directamente”, recalcó la abogada Garcés.

Había bastante emoción entre los familiares que llegaron a la Corte de Apelaciones a presenciar los alegatos y también a señalar su exigencia de verdad y justicia después de casi 30 años de ocurrida esta matanza.

Así lo expresó Elisa Hernández Montecinos, viuda de Rogelio Tapia de la Fuente, asesinado en el episodio Puente  Estancilla, en Valdivia.

“En lo particular, en este caso ha habido un poco de avance, eso se valora, pero falta mucha justicia en Chile…, comentó.

Desde lo que ha vivido en estos años, Elisa Hernández dijo que hay un fuerte dolor interno, que es una herida abierta, en especial porque la justicia no es para todos.

“Esperamos que en esta oportunidad sigamos avanzando por lo menos en esta causa, donde 7 personas fueron asesinados organizadamente por agentes de Estado. Es importante que la justicia lo asuma, es de los últimos crímenes planificados por la dictadura, y que contó con todos los recursos del Estado“, dijo

Y con clara muestra de pesar, Elisa Hernández dijo no entender cómo un ser humano puede actuar de la forma cómo lo hicieron quienes asesinaron a los 7 militante del MIR. “Cuesta tanto asimilar..  ¡qué tipo de ser humano!, de donde salió, como pudieron hacer tanto daño. Es un crimen tan horrendo… Cuando uno lo siente en carne propia, cuando ve las fotos de sus cuerpos tan acribillados a balazos, uno dice no puede haberlo hecho un ser humano. Por eso es importante que en Chile exista la justicia y que el Estado reconozca que estuvo involucrado, aportando personas, armamentos y recursos para que estos crímenes ocurrieran”.

Ahora viene la espera respecto de la resolución que finalmente adoptará la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones.

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