Comunidades y organizaciones ambientales rechazan instalación de planta incineradora de residuos en Lautaro

No al incineradorAsí lo reafirmaron quienes solicitaron a la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, que intervenga en la instalación de la Planta WTE (Waste To Energy) Araucanía, de la empresa WTE Araucanía SpA, el pasado jueves 31 de agosto. Esto luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazara la petición que realizaron para devolver el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la empresa.

La petición de devolución de los antecedentes de la Planta se realizó a través de una carta dirigida a Ricardo Moreno, director del SEA, en la que se detallan omisiones importantes en el EIA que impiden evaluar la magnitud de los impactos asociados al funcionamiento de la planta incineradora.

De esta misma manera, el viernes 11 de agosto pasado, desde la comunidad mapuche Juan Chavarría de Lautaro rechazaron la instalación del proyecto, en el contexto de una reunión donde estuvieron presentes los representantes de la, junto a funcionarios de CONADI y del Servicio de Evaluación Ambiental, en el marco de la Consulta Indígena, parte del proceso Evaluación Ambiental.

El proyecto se emplazaría 28 km al Noreste de la ciudad de Temuco, en el predio El Pino Lote B-1, comuna de Lautaro, muy cerca del Río Cautín, en la quebrada del estero El Saco. Tendría un monto de inversión aproximado de 80 millones de dólares, con lo cual se contempla la instalación de una planta incineradora de Residuos Sólidos Municipales (RSM) cuya capacidad máxima sería de 187.200 toneladas anuales.

Este proyecto se ha promocionado como una supuesta alternativa a otros vertederos en la Araucanía. En un contexto de varias comunidades en conflicto por la instalación indiscriminada de basurales en la región, la Red de Acción por los Derechos Ambientales – RADA, organización que desde 2007 está ligada al manejo de residuos en la región de la Araucanía, constató de que alrededor del 70% de los depósitos, 16 en total, están aledaños o insertos en comunidades mapuche, término que acuñaron como “racismo ambiental”.

Ese es el caso del vertedero Boyeco, el cual recibía los desperdicios de Temuco, comuna que concentra casi el 50% de la población regional, más la de Cholchol, Padre de las Casas y Galvarino, cuyo cierre se planificó en 2010 y se concretó en diciembre de 2016.

“Es decir el municipio [de Temuco] tuvo cinco años para generar un nuevo sistema de tratamiento de disposición de los residuos”, comenta Enrique Pizarro Larraín, Ingeniero Ambiental y miembro de RADA.

En septiembre de 2015 se abrió la licitación para buscar la solución de disposición final de los residuos, a la cual se presentaron dos empresas.Una propuesta era un relleno sanitario y la otra es la planta incineradora, WTE Araucanía SpA, de capitales regionales. Ese mismo mes firmaron un acuerdo con la municipalidad y en noviembre entregaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que fue declarada inadmisible por el SEA, por falta de información para ser evaluada, particularmente porque “El titular del proyecto da cuenta del cumplimiento de la norma de emisión, incineración y coincineración (D.S. N° 29/13), sin embargo este literal carece de un análisis fundado y una cuantificación del riesgo a la salud de la población que pudiese derivarse por la eventual emisión de dioxinas y furanos”.

Luego de ser presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y posteriormente aprobado, pasaron a la fase de la presentación del proyecto, en la cual “ellos venden a la planta a las comunidades como una planta de reciclaje, donde pretenden valorizar y vender la mayor parte de los vidrios, metales, plásticos, papeles y cartones […] hablan de procesos de fracción y rechazo donde utilizarían grandes imanes y otros procesos, pero en el caso de que vengan manchados no tendrían destino de reciclaje, siendo que quemarlos sería la única forma de darles valor para así generar energía. Sabemos que las personas en general meten todo al tarro de la basura por lo que pudimos entender de que finalmente sería incinerado”, relata el ingeniero ambiental.

“Cuando se queman plásticos o se someten a calores muy altos estos generan sustancias nuevas, principalmente dioxinas y furanos por aquellos que tienen trazas de cloro. Las cuales han sido relevadas como contribuyentes a la aparición de cáncer y otras enfermedades“, explica Pizarro.

Y aunque en el EIA la empresa aduce que “se tomarán las medidas necesarias para asegurar que la mezcla de materiales gasificables posea un contenido de cloro menor al 1%”, en la práctica la cantidad de plástico que lo contiene será valorizado energéticamente tal y como declararon en el convenio firmado con la municipalidad; y por la dificultad de separar el plástico y el resto de materiales, ya que su plan de negocios no contempla la separación de materiales y una recolección diferenciada, si o si la totalidad pasará a la incineradora.

Las dioxinas que se pudieran producir constituyen un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), catalogados de esta manera por su estabilidad, la cual le permite permanecer en el aire (son volátiles), el agua y en el suelo cientos de años, resistiendo los procesos de degradación físicos o químicos, según lo estudiado por el médico veterinario de la Universidad de Chile, Juan Luengo.

Además los seres vivos no han desarrollado métodos para metabolizarlos, siendo más solubles en grasa que en agua por lo que tienden a bioacumularse; resisten por lo tanto la degradación biológica, quedando impregnados en las cadenas tróficas, o sea, que serían parte de nuestros alimentos. Lo que en el caso de los humanos se traduce en un tiempo medio de eliminación de entre 7 y 11 años aproximadamente.

Por otra parte, la empresa declara que sacaran 3,3 litros por segundo de agua de un acuífero subterráneo, la cual sería utilizada para generar vapor y luego devuelto a su cauce, el cual sirve a comunidades cercanas.

Según el EIA “los materiales gasificables, alimentan un proceso de valorización energética, en el cual, mediante un proceso de cogeneración basado en subprocesos de gasificación y combustión, se genera energía eléctrica con una potencia eléctrica instalada bruta de 15 MW, de los cuales se inyectarían hasta 12 MW al Sistema Interconectado Central (SIC)”.

En cuanto al gasto que la empresa significará para la capital regional de la Araucanía, Enrique explica a Resumen que se estratificaría el cobro por tonelada que ingresa, 30 dólares por tonelada, “esto es principalmente generar energía en base a la basura, no conocemos otra industria a la que le paguen por recibir materia prima”. Además Temuco haría la recolección.

Esta clase de manejo de nuestros desperdicios “nos induce a la necesidad de contar con industrias como la forestal y la minera, para que se continúe produciendo papeles y cartones, se extraigan minerales, para que se extraiga petróleo, lo que en definitiva está ligado al sistema lineal productivo: tomar los recursos naturales, fabricar, consumir y desechar”, concluye Enrique.

Por resumen.cl

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