Comunidades Williche rechazan industrias extractivas y energéticas en laCordillera de Los Andes

Los funcionarios estatales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Rios están siguiendo la cuestionada tendencia de aparecer casi como empleados de las empresas que intentan imponer represas hidroeléctricas, pisciculturas salmoneras, proyectos mineros y tendidos eléctricos en los territorios Mapuche. el SEA mal interpreta el Covenio 169 e intentan aplicar una viciada consulta indígena. En tanto las empresas desarrollen extensas campañas de maquillaje verde y social para comprar o cooptar dirigentes y dividir a las comunidades. Los Mapuche exigen la devolución de los cursos de agua y el respeto a los territorios y al derecho ancestral e internacional de Derechos Humanos.

Futrono/Región de Los Rios, 29 de octubre de 2013.(Radiodelmar.cl)– Los megaproyectos extractivos y energéticos siguen intentando imponerse en los lagos y ríos de las zonas cordilleranas del territorio Mapuche. Centrales hidroeléctricas, pisciculturas salmoneras, mineras y torres de tendido eléctrico, son la infraestructura industrial que más preocupa a las comunidades de la comuna de Futrono, en la zona lacustre de la región de Los Ríos, al píe de la cordillera de Los Andes.

“El gobierno de turno no ha cumplido con verificar el real cumplimiento de los estándares que establece el Convenio 169 de la OIT, a raíz de la nueva invasión de mega proyectos que se quieren instalar en toda la comuna de Futronwe (centrales hidroeléctricas, pisciculturas, mineras, torres de alta tensión, etc.), omitiendo que este territorio tiene mayoría de población Mapuche y debe implementar como tal esta obligación internacional a la que se ha comprometido”, es uno de los reclamos de las familias y organizaciones Williche de Futrono.

Las comunidades de Rupumeica bajo, Maiwe, Curriñe, Calcurrupe, Auquinko, Chollinko, Llifén, Huequecura, Caunahue, Cerrillos, y Paillako mapu, declararon además como “viciados los supuestos procesos de ‘participación ciudadana’ que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) quiere validar como Consulta Indígena, ya que entre otros aspectos equivocan el concepto de territorio indicado en el Artículo 13 del Convenio 169-OIT”.

Estas maniobras de autoridades y empresas también “imponen en forma arbitraria como zona de impacto ambiental una restricción a la tierra más cercana (localidad); limita sólo a la comunidad afectada y no al conjunto de éstas como es la obligación y característica cultural del Pueblo Mapuche”, afirmaron las comunidades.

En una declaración pública denunciaron una serie de “dañinas prácticas que las empresas invasoras están haciendo, tal como levantar dirigentes proclives a sus negociados; pasan a llevar e ignoran nuestras autoridades ancestrales; validan a personas como dirigentes sin tener el kimun (conocimiento) mapuche para ello; utilizan personerías jurídicas a su antojo e instalan supuestos representantes; funcionarios que generan la división entre miembros y grupos de familias, y compran malamente voluntades con la asignación de supuestos beneficios económicos que sólo traen más miseria y separación comunitaria”.

Las comunidades, que han comenzado un proceso de coordinación, búsqueda de información y elaboración de propuestas para enfrentar esta amenaza, están exigiendo “al Estado chileno la devolución de todos los derechos de aguas a las comunidades Mapuche del Wallmapu”, pues afirman ser “los principales usuarios ancestrales”.

Proponen que los derechos de agua, hoy en manos de privados, “deben ser expropiados a los especuladores que favorece el Código de Aguas heredado de la dictadura militar, y entregados a quienes los necesitamos y cuidamos como elemento sagrado y vital”.

Empresas y Funcionarios del SEA: Triquiñuelas de RSE y violación al Convenio 169
Frente a estas amenazas al medio ambiente y economías locales, las comunidades Mapuche Williche han recurrido a la justicia ambiental y a los tribunales regulares. Así, se ha recurrido a la Corte Suprema contra la sorpresiva aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la minicentral hidroeléctrica en el rio Huenteleufu. Las comunidades indígenas exigen que revise los procedimientos del SEA ya que aparece defendiendo los intereses de la empresa eléctrica para imponer una viciada consulta indígena que se aleja de los estándares internacionales que contempla el Convenio 169.

Además, interpusieron una reclamación al 2° Tribunal Ambiental de Santiago –ya que el Tribunal de la Región aún no se constituye-, contra la instalación de la piscicultura salmonera en el Rio Calcurrupe, documentó que fue acogido y que actualmente deben revisar los jueces.

Según Mauricio Huenulef, antropólogo y asesor de las comunidades de la zona de Futrono, “son más menos entre 3 mil familias afectadas en la zona donde en el Rio Calcurrupe, a pesar de estar protegido por el Convenio de Biodiversidad, hace un mes se autorizó el funcionamiento de una piscicultura que producirá más de 85 toneladas anuales lo que traerá contaminación, depredación de las especies del entorno, pérdida de las especies nativas , así también de los remedios y alimentos que nosotros obtenemos del lago y del rio”.

“Estas empresas llegan ofreciendo pequeñas dádivas, pequeños proyectos, invernaderos, movidas que el Estado deja hacer y generan divisiones al interior de las comunidades”, denunció Huenulef.

Esta situación también fue corroborada por María Cachulleo, integrante de una de las familias Williches afectadas por la instalación de estas industrias. “Las empresas han estado ofreciendo dinero a las comunidades Mapuche y también a otras personas que viven en esos lugares., pero mucha gente trabaja en turismo, y cuando se construyen esas minicentrales los turistas no visitan a esos lugares, porque ya son lugares intervenidos”, afirmó Cachulleo.

La vocera indígena además “denunció que Las empresa ha tratado de comprar al presidente del Comité de Agua Potable Rural, ofreciéndole proyectos, pero el presidente dijo que no”.

Consulta Indígena sin estándares internacionales
En todos estos proyectos además los funcionarios estatales no están respetando el Convenio 169 de la OIT y han interpretado de manera ladina la ejecución obligatoria de la Consulta a las comunidades indígenas respecto a la instalación de estas industrias extractivas y energéticas.

El SEA está generando un precedente de conceptos que mal interpreta respecto a su real significado que le otorga el Convenio 169 de la OIT. “El territorio por ejemplo lo están reduciendo a una pequeña localidad, a pesar que se sabe que para el pueblo Mapuche, el territorio es todo aquel entorno que habitamos y donde mantenemos relaciones socioculturales. Entonces no se puede restringir a un solo y pequeño espacio”, afirma Mauricio Huenulef.

Además el proyecto de la Minicentral fue aprobado por el SEA de manera sorpresiva una semana antes que terminara el plazo de tramitación entonces las comunidades hicieron una presentación al SEA para que deje sin efecto la Resolución, pero el SEA respondió negativamente.

Luego presentaron un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que también mostró su negativa, y se llegó así a la Corte Suprema que debe deliberar acerca de esta situación.

Para Maria Cachulleo “el SEA intenta hacer la consulta solo a las comunidades que están más cercanas al proyecto, pero la consulta debe ser en base al territorio. Para nosotros los Mapuche el territorio es amplio y todo está vinculado”.

Frente a toda esta invasión de proyectos extractivos y energéticos, las comunidades están mirando amplia y a largo plazo. “Estamos alerta a todo, monitoreando además qué nuevos proyectos se presentarán y como sigue la tramitación de los que ahora están”, dijo Cachulleo.

Además lanzó una invitación a la unidad del pueblo Mapuche. “Nosotros hacemos un llamado a las comunidades Mapuche y a todo nuestro pueblo para que nos esforcemos por la unidad y tratar que no se instalen estos proyectos en nuestro territorio”.

“En esta lucha también queremos proteger el agua, los cursos de agua que pasan por nuestros territorios deben ser de las comunidades y no ser concesionados a privados. Nosotros cuidamos el agua y la utilizamos para vivir y para nuestras ceremonias, por todo esto yo llamo a la unidad de las comunidades contra estos proyectos industriales”, afirmo Maria Cachulleo.

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