Comunicaciones Libres

Entrevista a Pía Matta, Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / Por Camilo Brodsky El desconcierto

¿Cómo nace y cuál es la función que cumple AMARC hoy?

AMARC nació como movimiento para trabajar por las radios comunitarias, y con los años fue acrecentando su influencia en distintas regiones del mundo. Es una asociación que trabaja por un sector de la radiofonía que es distinto al comercial y al estatal público. Pone en la escena de la radiofonía un actor social sin fines de lucro; esa es su bandera de lucha, conseguir para este sector estándares que sean respetados en los países y por los gobiernos.

¿Cuáles están siendo los principales obstáculos en este momento para la labor de las radios comunitarias?

Los Estados, en muchos aspectos, y también la empresa privada, los grandes conglomerados. Muchas veces nos encontramos con que el Estado le hace la pega a los grandes conglomerados, por lo tanto asistimos frecuentemente a que las radios que pelean por su derecho a comunicar, por ejemplo, en sus lenguas autóctonas, o a públicos de campesinos, campesinas, mujeres, transexuales, lesbianas, gays, pobres, etc., acaban enfrentándose con los poderes fácticos enquistados en los Estados que hoy día vemos en América Latina, sobre todo, que es donde está más concertada esta alianza.

Ustedes trabajan bastante el tema de la libertad de expresión, no solo en cuanto al ejercicio de esta libertad, sino también en cuanto a la libertad de recepción de la información. ¿Cómo están viendo el tema en América Latina?

El tema para AMARC ha estado en decir: la libertad de expresión ya no es solo una libertad de quienes ejercen la propiedad de los medios, sino que también es un derecho que le corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque es parte de la universalidad de los Derechos Humanos, e incluso es más amplio, no solo es un derecho individual, sino que también es un derecho del pueblo, y  ahí entra la categoría de los pueblos indígenas, como el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo catalán y otros.  Es, además, un derecho de ida y vuelta: tengo derecho a recibir información y también tengo derecho a emitirla, y eso está consagrado en el derecho internacional. Hace ya 15 años nosotros concurrimos por primera vez a una cita con el sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde quedó consagrado que el acceso a las frecuencias de radio debe ser igualitario y garantizado por los Estados.

¿Pero no termina eso un poco en el puro papel al confrontar la situación real de precariedad de las radios comunitarias?

Lo que pasa es que los grandes temas de la convivencia democrática están atravesados por la libertad de expresión. La libertad de expresión ya no es solo la de los periodistas, la que se ve restringida cuando le pegan a un periodista en la calle, sino que también es el acceso que tienen los ciudadanos a las frecuencias de radio y televisión. Por cierto, los Estados no cumplen lo que estipulan los tratados internacionales, pero nosotros podemos decir que no lo cumplen y tenemos informes que dicen que no lo cumplen. Creo que es cierto, que hasta cierto punto no es más que una declaración en papel, pero también creo que a nosotros nos ha costado mucho tener el caso de una radio que pueda y quiera llegar hasta el final en su reclamo, meterse a un caso internacional, porque los radialistas que son miembros de nuestra asociación son personas que hacen su trabajo de manera voluntaria, que los acusan y les aplican el derecho penal porque usan el espectro sin autorización.

¿Y cómo ven el asunto de la libertad de expresión acá en Chile, con este gobierno?

Yo creo que igual y un poco peor que antes. Creo que la gente se manifiesta mucho más, ha habido muchas golpizas por parte de Carabineros a los periodistas y a los reporteros gráficos. Les pegan tupido y parejo. De hecho, el informe de Reporteros Sin Fronteras, y otros,han sido en esa línea. Pero desde el punto de vista de los medios, su propiedad, su accesibilidad, creo que es lo mismo, exactamente igual. Hay más concentración, porque hoy día Falabella se compró otro canal de televisión, hay más fusiones, pero creo que algo más grande que el amarre que nos hizo la Concertación con las 223 frecuencias no ha habido, y eso fue con Bachelet.

¿Cuál es la situación de las radios comunitarias acá en Chile? ¿Están en una situación demasiado precaria, a juicio de ustedes? Lo digo pensando en experiencias radiales que tienen ya su trayectoria, que tienen un peso específico en sus territorios e incluso más allá, como la Radio Villa Francia o la Radio Los Placeres, de Valparaíso.

Pero tienen buenos colectivos detrás. Yo creo que la esencia de las radios comunitarias, finalmente, es su carácter de colectivo; o sea, si un colectivo es capaz de tener un posicionamiento de gestión radical respecto de cómo se consiguen las lucas, cómo se consiguen la editorialidad, quién pertenece a ese colectivo, desde qué lugar estan hablando para enfrentar el mundo en el que está. Claro, uno puede decir que en la Radio Villa Francia tienen muy pocas condiciones económicas, pero es una gran editorialidad, tienen un trabajo de equipo; necesitan condiciones, efectivamente, pero tienen un trabajo que es admirable, y lo mismo diría de la Radio Placeres, aunque ellos no están a favor de que se legalicen las frecuencias, tienen una mirada especial sobre eso, que nosotros respetamos, por cierto, aunque no concordamos.

Creo que en Chile ha sido difícil el tema. Por ejemplo, la ley de radios comunitarias del año 94 no cumple ningún estándar internacional. Incluye radios evangélicas y radios sociales, las pone como si fueran lo mismo, y no lo son; y también incluye a las radios municipales, que son radios estatales. Las radios comunitarias son radios asociativas, que trabajan con una comunidad de intereses o una comunidad local; lo técnico no define a la radio comunitaria, lo define su esencia desde el punto de vista de su gestión.

Aquí todos los gobiernos, de izquierda o derecha, vulneran derechos, todos. En el caso de las radios comunitarias, con Bachelet la ley fue hecha a la medida de la ARCHI, una ley que podría haber sido mejor, pero que terminó legislando casi exclusivamente para las que están en una asociación determinada, no se legisló en pie de igualdad en un país con democracia. Si tú quieres mañana tener una radio en tu población o en tu barrio, no puedes, porque te van a decir que no hay frecuencia, porque tienen que terminar de asignar las 300 a las que les hicieron la ley. ¿Qué democracia es esa? La radio comunitaria tiene la capacidad de comunicar de manera distinta a como lo hacen los grandes medios, puede tener ligazones, formas de comunicación en los barrios, en los centros culturales, en los centros de trabajadores y trabajadoras, es poder hablar de una manera distinta. Tenemos que entender qué es la comunicación, de qué estamos hablando. Siempre hablamos de medios, pero nunca hablamos de la comunicología que necesitamos para enfrentar a un mundo que está totalmente fragmentado, totalmente fracturado. Creo que esa es una función fundamental de los medios comunitarios.

Hay un tema que no cae específicamente dentro del ámbito de las radios comunitarias, pero que sí se relaciona bastante con lo que hemos estado hablando, y es el proyecto de ley sobre televisión digital que está viendo el Congreso. ¿Cómo ven que se viene este tema?

Hay dos cosas frente a las que nosotros siempre llamamos la atención. Una es la concentración de los medios, la excesiva concentración, que va dejándonos sin nada; y la segunda es la convergencia tecnológica. Ambas son amenazas, pero también son oportunidades. El problema es que estamos ante una voracidad tan brutal del mercado, ante la voracidad de unos pocos, y cuando hablas de convergencia, los canales agrupados en ANATEL inmediatamente pensaron: “todos los canales pa’ nosotros”. O sea, si ahora tengo 20, voy a tener 500. Entonces ahí tiene que entrar a jugar el Estado, la regulación estatal, porque esto tiene que ver con los bienes comunes de la humanidad, entre ellos laico, de su democracia, porque, ¿cómo se construye democracia si no tienes medios de comunicación, si no tienes acceso a los medios de comunicación? Difícil.

Hay otras cosas, claro. Por ejemplo, ANATEL estaría dispuesta a abrir el mercado, ellos pueden tener un canal cultural, pero siempre y cuando ese canal cultural sea pagado. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a producir cultura, solo cultura, sin cobrar. Nosotros creemos que plantear eso está reñido con las prácticas del derecho internacional, porque admites que a los canales de televisión les van a entregar frecuencias de por vida, que es algo que ya está hecho en Chile, pero además que te van a cobrar por algo que es de uso público, porque yo me compro esa radio que vale 20 lucas, la prendo y escucho lo que quiero; me compro un televisor y veo las señales abiertas que quiero. Eso es un derecho universal, gratuito, y las transnacionales han ido acabando con eso. Un bien de uso público ahora va a ser un bien de uso privado, por lo tanto a ti y a mí, a todos, nos van a cobrar si queremos tener cultura, nos van a hacer ver la mierda de televisión abierta que tenemos. Esto es igual que las mineras del cobre, igual que la tierra; el asunto es que todo puede ser privatizado hoy día, y el Estado ¿cómo se defiende de eso? El Estado tiene políticas para defenderse de esto, pero prefiere decir “yo no me meto”; pero al no meterse lo que hace es consagrar el derecho a la libertad de expresión de los ricos, de los que tienen el poder, y no consagrar el derecho a la libertad de expresión de los pobres. Entonces de qué igualdad estamos hablando. Piensa en lo que influye la televisión y la radio en nuestras vidas cotidianas, en la capacidad de construir ciudadanía a partir de eso. Es algo que no tiene número, no tiene rango. Creo que es bien importante entenderlo. Estamos a años luz de que en Chile se entienda y, en general, la clase política lo entiende bien poco.

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